La semana pasada, con el aval del plan de Viabilidad Ambiental de Localización( VAL) comenzó la "fase 2" de las negociaciones entre el gobierno y UPM, en la que el Estado uruguayo deberá empezar a cumplir lo reclamado por la empresa para definir la eventual instalación de una nueva planta de pasta de celulosa cerca de Paso de los Toros. 

El principal desafío en los próximos meses será la construcción de una moderna vía de ferrocarril entre Paso de los Toros y Montevideo, a través de la cual la empresa sacará al exterior, en régimen de zona franca, la producción de la planta. 

El 29 de mayo el gobierno recibirá las ofertas de los 10 consorcios internacionales que compraron los pliegos, y pretende antes fin de año adjudicar las obras. 

La última actualización de su costo indica que el Estado deberá desembolsar allí una inversión de US$ 700 millones. 

UPM pretende operar una terminal en el puerto, que deberá ser construida a su costo. El problema es que estaría ubicada en el Muelle Mántaras, donde se emplaza la zona de amarre de buques pesqueros. 

Eso obligará al Estado a trasladar la operativa de estas naves a Capurro, donde las autoridades piensan construir un nuevo puerto pesquero, una obra para la cual, hace dos años, la Administración Nacional de Puertos firmó un contrato con el consorcio Teyma Lavigne Chediak, que hoy es objeto de polémica. 

Hace 22 meses las partes suscribieron el acta de inicio de obras, pero a fines de 2017 la Administración Nacional de Puertos resolvió rescindir el contrato, para pocas semanas después dejar en suspenso la rescisión, aunque sin una definición concreta. 

El ministro de Transporte, Víctor Rossi, y el presidente de la ANP, Alberto Díaz, actualizaron cifras la semana pasada en el Parlamento. Las estimaciones indican que la obra costará US$ 120 millones, que se suman a los US$ 90 millones necesarios para los trabajos en el Muelle D. 

Habrá que desembolsar otros US$ 50 millones, referidos a la construcción de los accesos a la nueva zona portuaria de Capurro. Dicha terminal, a su vez, prevé contar con un módulo de pesca nacional y otro internacional. Eso supondrá otros US$ 70 millones. 

El otro capítulo importante está referido a la construcción del viaducto que unirá la vía férrea con la terminal de UPM, con el propósito de evitar la rambla portuaria. 

Allí deberán desembolsarse, según las últimas estimaciones oficiales, otros US$ 130 millones, a los que deberán agregarse US$ 80 millones en obras secundarias. 

Pero la construcción del viaducto para UPM plantea un problema. La vía férrea entra en el medio de la concesión a Lobraus, una firma privada que pretendía construir allí una terminal logística. 

Según Díaz, la ANP realizó un petitorio al Tribunal de Cuentas para cambiar el área concesionada y llevarla hacia adentro del Puerto, para lo cual existe un acuerdo con la empresa. En principio, esto no supondría ningún gasto extra. 

En suma, todas las obras portuarias relacionadas con las necesidades de UPM le supondrán al Estado unos US$ 500 millones. 

A todo este paquete se le agrega otro desafío al gobierno, vinculado al desarrollo de un nuevo tipo de vínculo entre la empresa y los sindicatos. 

El Movimiento Uruguay Sustentable (Movus) ha sido especialmente crítico del proceso y, sobre todo, de las concesiones que el Estado ha acordado para obtener la instalación de la planta. Uno de sus dirigentes, Raúl Viñas, dijo a Rompkbzas que UPM debe estar muy contenta .

Desde el punto de vista ambiental, Viñas sostuvo que "algunos números no le cierran" en cuanto a los datos aportados por la empresa 

Fuente: Rompkbzas - Ecos