Pacheco consideró que cuando De León hizo uso de las tarjetas no existía un reglamento que estableciera la forma de utilización por lo que no puede existir un reproche penal ante su forma de hacerlo.

También pidió el archivo de la denuncia contra el director colorado de Ancap Juan Máspoli, quien había sido denunciado por el mismo motivo.

Según Pacheco, "el denunciado ha acreditado el motivo de la mayoría de los viajes denunciados, y que la mayoría de los gastos incurridos responden a alojamientos, transportes o alimentación, esto es, rubros que pueden ser considerados usuales en los viajes de negocios, y no surgen gastos en otro tipo de comercios, con excepción de la compra de un celular, situación que fue debidamente explicada".

En función de estos argumentos, concluyó Pacheco, "no puede exigírsele la entrega de comprobantes de los gastos, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos y en la medida en que no existía reglamentación que así lo requiriera".

Si bien el fiscal entiende que existen algunos gastos que generan "serias dudas" y en otros existió "un uso claramente indebido de la tarjeta", argumentó que "los aceptados principios de lesividad y de intervención mínima del derecho penal y la relativamente escasa entidad de tales gastos, conducen a la Fiscalía a no requerir el inicio de un proceso penal y a no formular requisitoria por presuntos delitos de apropiación indebida".

Sin embargo, Pacheco sí pidió la citación de una audiencia indagatoria a De León por la existencia de almuerzos con el ciudadano argentino Daniel Mercado Lozano, un publicista que en el año 2012 acordó ser testigo arrepentido en una causa de lavado de dinero que involucró a políticos del Partido Popular (PP) español