Recordemos que en los cuatro años que estuvo al frente de Alur, el hoy senador de la 711, gastó  30.677 dólares y 868.560 pesos, además de haber recibido viáticos por unos 60.000 dólares en todo ese período. Es decir, unos 120.000 dólares. Si hiciéramos un promedio, fueron unos 2.500 dólares mensuales es decir 75.000 pesos de hoy sólo en gastos. Que es muchísimo más de lo que ganan el 60% de los trabajadores.  

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) consideró que De León presentó "insuficientes" explicaciones y no entregó documentaciones que respalden 130 gastos por US$ 22.000 realizados con la tarjeta corporativa de la empresa, pese a que había percibido viáticos.

Dijo más: "En estas actuaciones se ha verificado que el Sr. Leonardo de León ha utilizado la tarjeta de crédito corporativa que le fuera suministrada por ALUR en viajes al exterior que la empresa no informa como realizados en ejercicio de sus funciones. Asimismo se ha constatado la utilización reiterada de ese medio de pago en circunstancias en que los gastos estaban cubiertos por viáticos, sin que el Sr. de León haya demostrado la existencia de situaciones que lo justificaran en más de 130 casos y por importes significativos"

La Jutep concluyó que "Este Directorio considera que los referidos hechos constituyen violaciones por parte del Sr. Leonardo de León de las normas vigentes en materia de Probidad, Rectitud, Legalidad, lmplicancias, Buena Administración Financiera, Rendición de cuentas  y Prohibición de Uso lndebido de Fondos", citando todas las leyes y normas violentadas.

Ahora un dictamen un tanto ambiguo del fiscal Luis Pacheco lo exoneró de responsabilidades penales. Y no porque fuera inocente sino por "falta de reglamentación sobre el uso de las tarjetas" y también porque "la denuncia debió hacerla Alur ".  

Dice el fiscal: "La circunstancia de que la Ley Anticorrupción incluya a los directores de empresas privadas con mayoría accionaria estatal dentro del elenco de "funcionarios" obligados a presentar declaración jurada, equivale a decir que los conceptúa como funcionarios a los efectos de la ley en lo que respecta a las normas de conducta. Y aunque así no lo estableciera expresamente, es evidente que un Director de una empresa cuyos 90,79% de activos y dineros son públicos, debe cumplir con las normas de conducta preceptuadas para los restantes funcionarios públicos. Por lo tanto, asiste plena razón a la JUTEP, en cuanto a señalar en su informe como aplicables a los Directores de estas empresas, las normas de conducta previstas en los artículos 20 a 22 de la citada Ley 17.060 y en el Decreto 30/003, de 23 de enero de 2003".

Pero enseguida pasa a otras consideraciones, que exoneran a De León. Por eso sostenemos que la vista fiscal es ambigua.

Alur es una empresa pública que funciona bajo derecho privado. Hay varias normas y leyes que fijan las responsabilidades de los directores y las ponen al mismo rango de los funcionarios públicos. Y que las menciona expresamente Pacheco.

Por si fuera poco, el  90,79% de sus acciones pertenecen a Ancap, quien financió la construcción de la planta y la recapitalizó en más de una oportunidad.

O sea, 9 de cada 10 pesos que gastó De León, eran públicos.

Ancap, accionista de Alur, debió ejercer su poder de contralor en la asamblea de accionistas. Para eso, entre otras cosas están los contadores delegados del TCR.

Pero además, De León fue presidente de Alur y por tanto responsable de que también hubiera un reglamento sobre el uso de las tarjetas. No sólo no lo hizo, sino que se aprovechó de esa circunstancia.

Sus responsabilidades funcionales, así como el dispendioso uso de dineros públicos merecen una sanción.

Al no sancionarlo penalmente, la justicia acaba de poner ese clavo ardiendo arriba de la mesa del Frente Amplio. Particularmente del Tribunal de Conducta Política.    

Es hora de decir  muy fuerte que aunque no tengan reproche penal, hay acciones que merecen sanción política y moral.