El objetivo de este proyecto de ley es realizar ajustes que permitan una mejor coordinación y un trabajo en conjunto entre la Policía, los fiscales y los tribunales, anunció hoy el portal de la Presidencia, que publicó el texto.

Los primeros cinco artículos del proyecto de ley, remitido a la vicepresidenta Lucía Topolansky, que además preside la Asamblea General (Parlamento), plantean la posibilidad de que la Policía tenga mayor flexibilidad a la hora de trabajar y asegurarle un respaldo legal que permita una manera eficiente de trabajo.

Asimismo, el texto pretende modificar los requisitos para la prisión preventiva, que propone excluirla para casos de reincidencia y armoniza el criterio de la perceptividad para la prisión preventiva en caso de pena de penitenciaria.

"Se excluye de este proceso la aplicación de la libertad anticipada y las libertades vigiladas", señala el proyecto.

En el marco del proceso abreviado, el documento propone un criterio mínimo para la determinación de penas de delitos que atentan contra la vida y la integridad sexual y elimina el título de suspensión condicional de la pena.

Con el nuevo Código Procesal Penal, que fue aprobado en 2014 pero puesto en marcha en noviembre de 2017, los roles de los fiscales y magistrados cambiaron, por lo que las investigaciones pasaron a ser dirigidas completamente por los fiscales, que son los que llevan adelante las acusaciones, mientras que los magistrados solo se encargan de juzgar.

Los jueces son los encargados de escuchar los argumentos de fiscales y defensores para luego juzgar con independencia e imparcialidad la responsabilidad de la persona sometida a juicio.

Los procesos son orales y las audiencias públicas, por lo que las personas y los medios de comunicación pueden ingresar a la sala de juicio menos en los casos expresamente no permitidos. EFE