En cambio, le envió una solicitud al Observatorio Luz Ibarburu (OLI) para que le informara si había recibido denuncias al respecto.

El Ministerio del Interior fue el encargado de enviar la consulta al Observatorio el pasado 10 de mayo, y en la solicitud se repiten las mismas cinco preguntas que el OLI remitió a la CIDH cuando realizó un pedido de audiencia pública que se concretó en Buenos Aires en mayo de 2017.

Aquella audiencia fue histórica porque fue la primera vez que el Estado uruguayo no se presentó a una convocatoria del sistema interamericano de Derechos Humanos.

El coordinador del Observatorio Raúl Olivera explicó a Fuga de Noticias que la organización contestó que no le corresponde a esta institución, sino al Estado responder sobre los hechos, y que la recepción de denuncias es también una función del Estado a través del Poder Judicial.

Olivera expresó su sorpresa por el pedido del ministerio y recordó que es el Estado (a través del Poder Judicial y el mismo ministerio) el encargado de brindar las respuestas, y también el de investigar las amenazas, y no la sociedad civil.

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