De esa forma se evaden normas y controles, que si se realizan sobre las empresas públicas. Por ejemplo: en los 12 meses previos a las elecciones nacionales la ley prohíbe el ingreso de nuevos funcionarios. Pero la norma no corre para las que funcionan bajo derecho privado.

Tampoco está claro si quienes desempeñan tareas en ella son funcionarios públicos o privados. Y tampoco las responsabilidades de sus directores, como se vio recientemente en el caso de Leonardo De León, ex presidente de ALUR S.A, en el caso de las tarjetas corporativas.  

A ellas se agregan las empresas públicas no estatales.

El año pasado, y con el voto del diputado Gonzalo Mujica, la oposición logró crear una comisión parlamentaria que analice la situación de estas empresas. Todos los partidos están de acuerdo con que se debe legislar al respecto. Pero no tienen acuerdo sobre los puntos a legislar.

A continuación al listado completo entregado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

Sociedades Anónimas con participación estatal y personas públicas no estatales.