Estado gasta más de US$ 2,5 millones anuales en adscriptos para los ministros
En total son 94 los asesores vinculados directamente a los secretarios de Estado, con un salario promedio de $69 mil mensuales. El que gana más percibe $ 132 mil y está en Economía y Finanzas. Eduardo Bonomi es el que tiene más adscriptos.
El Estado destinó el año pasado más de US$ 2,5 millones en honorarios para estos asesores. Los sueldos van de $ 29300 a $ 132 mil al mes.
Un total de 94 personas se desempeñaban, al 31 de diciembre del año pasado, como adscriptos en los distintos ministerios integrantes del Poder Ejecutivo.
Con una retribución variable de acuerdo a la secretaría en que revisten, su promedio salarial mensual se ubicó en $ 69398. Eso supone ingresos anuales de $ 832.776, si se cuenta solamente el sueldo.
Por lo tanto, el Estado destinó el año pasado un total de $ 78.280.944 en honorarios para estos "ayudantes" de los ministros. Más de US$ 2,5 millones al cambio actual.
Así se desprende de los datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil incluidos en al Rendición de Cuentas presentada el sábado ante el Parlamento.
Con un total de 16 contratos, el Ministerio del Interior era el que contaba con la mayor cantidad de vínculos laborales de este tipo en la órbita pública.
Trabajo (11), Tranporte (10), Ganadería (9), Economía y Educación (8) le seguían en la lista, cerrada por Salud Pública y Vivienda, con tres adscriptos cada uno.
Según el informe, el ministerio con mejor promedio de sueldos es Economía, con $ 110 mil. La cartera dirigida por Danilo Astori es en la que está, además, el ascripto con el salario más alto de todo el Estado: $ 132 mil mensuales.
Con $ 52.848 por mes, Interior es la secretaría que paga, en promedio, los sueldos más bajos, ya que allí está el adscripto que cobra menos: $ 29371 mensuales.
En un breve repaso, la lista de ascriptos permite reconocer algunos nombres.
En Defensa Nacional revista Martín Fabregat, hijo de la periodista Sonia Breccia, que se desempeña como asesor de prensa del ministro Jorge Menéndez. Licenciado en Relaciones Laborales, percibe $ 73.000 mensuales.
También José Ignacio Korzeniak, ex embajador en México e hijo del senador socialista del mismo nombre, experto en Derecho Constitucional. Su salario es es de $ 91.000.
En Interior están los contratos que más polémica han generado en los últimos años.
El director técnico de la Selección Uruguaya Sub 20, Fabián Coito, es el coordinador del programa Pelota al Medio a la Esperanza. Recibido en el Instituto Superior de Educación Física, Coito percibe por su labor $ 69 mil mensuales.
En ese programa está incluida Déborah Rodríguez. La atleta figura con una tecnicatura en Marketing y Gestión Deportiva, y percibe un salario de $ 32.143.
Pelota al Medio a la Esperanza también tiene entre sus filas a otro atleta, Andrés Silva. Con una tecnicatura en Atletismo, cuenta con un sueldo de $ 29.300.
Lo mismo sucede con Sebastián Urrutia, el preparador físico de la Selección de Fútbol mayor. Al igual que Rodríguez, en técnico en Marketing y Gestión Deportiva. Percibe $ 32.500.
En Interior también figura Héctor Gargano Grauert. El hijo del exinto senador y secretario general del Partido Socialista es técnico especializado en Instituciones Penitenciarias, formado en Cataluña.
Se desempeña como director del establecimiento carcelario de Juan Soler, en San José. Su sueldo es de $ 59 mil.
Nelly Graciela Jorge, que fuera esposa del extinto ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, colabora en la dirección del "Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos". Licenciada en Archivología y en Ciencias Históricas, su salario es de $ 38 mil.
Andrés Scavarelli Vignolo es el hijo de Alberto Scavarelli, director de Servicio Civil. Abogado, asesora en "integración y apoyo a los grupos de trabajo interinstitucional con el Ministerio Público" en la elaboración de protocolos de actuación investigativa".
Por eso percibe honorarios mensuales por $ 31.500.
Economía y Finanzas cuenta entre sus filas a Diego Pîñeiro Andreoli. El hijo de la directora de la Agencia Perfil, Selva Andreoli, figura como asesor directo del ministro Astori. Licenciado en Comunicación Política, su salario es de $ 87.500.
En el listado de ascriptos en Cancillería está Soledad Veiga Lamaison. Es la hija de José Luis Veiga, el director del Servicio de Comunicación Institucional de Presidencia de la República. Doctora en Veterinaria, su designación en el grado de "ministro" en el escalafón diplomático había generado polémica.
Veiga Lamaison había sido nombrada como la número dos de la Embajada uruguaya en Argentina. Con un salario de $ 89 mil mensuales, renunció en abril a su condición de adscripta.
Entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y pesca está Rodolfo Camarosano Bersani. Ex embajador ante México y Chile, es especialista en Comercio Exterior. Cumple funciones de asesor técnico en política granjera, por $ 97 mil mensuales.
Vínculo empresarial
En setiembre de 2017 el ministro de Trabajo designó como adscripto al ex presidente de CAMBADU, Mario Menéndez. A diferencia de los demás casos, el informe de Servicio Civil no establece cuál es la función específica del veterano dirigente empresarial.
Consultado por ECOS, el subsecretario Nelson Loustaunau aclaró que Menéndez fue designado para integrar la unidad que entiende el relacionamiento con el sector empleador.
Básicamente, es el "lazo" con las pequeñas y mediañas empresas. En ese marco, se encuentra coordinando en todo el país la presentación del programa que viene sustituyendo la planilla de trabajo. El contrato de Menéndez es por $ 82.000 mensuales.
En Trabajo también se desempeña como adscripto el gerente general de CUTCSA, Álvaro Santiago Martínez. Contador público, sus tareas están vinculadas a la asesoría en diversos temas de la dirección general de Secretaría. Percibe $ 43.000 al mes.
Regulación
Los adscriptos están regulados por el artículo 58 de la ley 18719 de Presupuesto Nacional, aprobada en 2010.
Allí se faculta a los ministros de Estado a contratarlos para colaborar directamente con la gestión. Deberán acreditar "idoneidad suficiente" de acuerdo a la tarea a desempeñar, y su función no podrá exceder el mandato del propio jearca.
Los adscriptos no podrán adquirir la calidad de funcionarios públicos y su retribución podrá ser, como máximo, el 90% del salario del director general de Secretaría.
Fuente: Ecos