Pero también porque es una amenaza para la solidez de las economías de los países y un fuerte obstáculo para el crecimiento. Los sectores financieros relativamente pequeños suelen verse más afectados ya que genera  desigualdades muy importantes entre quienes cumplen con la ley y quienes no. Y además es fuente de corrupción.  

Según informa hoy el semanario Búsqueda "preocupa al gobierno que la falta de resultados en la persecución al lavado de activos perjudique la reputación internacional de Uruguay"

A principios de año el titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Daniel Espinosa, reunió a su equipo para analizar la situación del combate al blanqueo de capitales en Uruguay. "En rojo marcó las debilidades y en verde las fortalezas. El balance final dejó preocupadas a las autoridades. Es que el país enfrentará en 2019 una evaluación que analizará el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y su impacto sobre la realidad. Y en ese último punto es donde las autoridades encuentran los mayores problemas", dice el semanario.

Agrega que "el gobierno esperaba revertir este año la tendencia preocupante en la baja de los procesamientos por el delito de lavado de activos, que llevó la cifra al mínimo histórico de un solo caso en 2017. Sin embargo, las noticias que le llegan desde el ámbito judicial encendieron otra vez las alertas de las autoridades, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo. Al menos en la primera mitad del 2018 la tendencia no parece que vaya a revertirse. De acuerdo a las consultas realizadas, no hubo prácticamente procesamientos o formalizaciones por el delito de lavado de activos en lo que va del año".

"No estamos siendo eficientes", reconoció el fiscal de Corte, Jorge Díaz, al ser consultado por Búsqueda. "Tengo una visión crítica".

Las autoridades consultadas expresaron su preocupación  por la falta de avances en el caso Marcelo Balcedo  y afirmaron que "no conseguir un procesamiento dejaría "muy mal parado" a Uruguay.

Otro asunto que preocupa es que la casi totalidad de las grandes causas seguidas en la justicia uruguaya llegaron no por investigaciones propias sino a solicitudes desde el extranjero.

Eventualmente si no se revierte esta tendencia, nuestro país no superaría las evaluaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Y si ello ocurriera representaría un grave problema para acceder a créditos internacionales.  

Más allá de la convicción y trabajo de algunos funcionarios, el sistema político no ha comprendido la gravedad del lavado de activos, sobre todo a la hora de legislar.

Es menos compromiso proponer soluciones para combatir delitos comunes.

Lo complejo es hacerlo cuando los delincuentes o sus cómplices son parte del poder político o económico.