Es la segunda vez que se ordena el archivo de esta causa. La primera denuncia la había presentado Unidad Popular en abril del 2016. Entonces y por la misma razón, falta de fondos, el expediente tuvo como destino el archivo.

La primera denuncia había sido presentada en la Comisión Investigadora del Senado por la empresa Serrana Bioenergía. "El presunto sobrecosto ya estaba en la justicia –a partir de la denuncia de Salle– y fue uno de los temas de debate en la comisión investigadora sobre la gestión de Ancap. Fue así que volvió a ser derivado a la justicia", afirma hoy Brecha.

Por esa razón Pacheco reabrió el expediente y solicitó el apoyo de la Facultad de Ingeniería. Pero el presupuesto fue casi idéntico al rechazado en primera instancia: 360.000 dólares.

El periodista Mauricio Pérez explica en Brecha como se llegó a esa suma. "El precio no era arbitrario. Se argumentó que realizar la pericia necesaria implicaría un trabajo full time de 12 personas, durante seis meses, con traslados a Paysandú y los costos consiguientes. También implicaría la necesidad de mejorar la retribución de estas personas, ya que actuarían como peritos y no como docentes. Pero, sobre todo, supondría el riesgo de paralizar la actividad curricular de la Fing durante un semestre, ya que esta perdería 12 docentes de su staff efectivo".

El Fiscal de Corte Jorge Díaz afirmó que para esa dependencia "es imposible asumir ese costo ya que representa casi el 20% de las asignaciones otorgadas en la rendición de cuentas".

Otra posibilidad es que el dinero surja de las incautaciones realizadas al narcotráfico bajo administración de la Junta Nacional de Drogas, que no manifestó oposición "porque el destino entraría en el combate a la corrupción" .

"Pero por ahora esto es sólo una idea", dice Brecha.