En la propuesta programática se establece el compromiso de generar los mecanismos de transparencia en la función pública, ampliando el control tanto para funcionarios como para todos aquellos que accedan a cargos políticos y de confianza.

Mientras tanto, el oficialismo también se compromete a ampliar las competencias de la Junta de Transparencia y Ética Pública, de tal forma que pueda realizar auditorías para la recepción y procesamiento de las denuncias de eventuales actos de corrupción.