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El Poder Ejecutivo está trabajando para reglamentar determinados aspectos de la ley Integral sobre Lavado de Activos que, aprobadas a finales del año pasado, están vigentes desde el 1 de enero pero no se aplicanEntre ellos se cuenta el artículo 9, referido específicamente a un tema que ha generado polémica en las últimas semanas. Allí se indica que los funcionarios estatales, ya sean electos o de particular confianza, tendrán prohibido ser accionistas o beneficiarios finales de "sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, mientras se desempeñen en su cargo".

La reglamentación llega en momentos cuando aún queda por dilucidar la vinculación a este tipo de sociedades de dos personas extremadamente cercanas al presidente Tabaré Vázquez: el titular del Plan Ceibal, Miguel Brechner, y uno de los hijos del propio mandatario, Javier Vázquez.

Se trata de dos casos distintos, aclaró entrevistado en Rompkbzas el secretario nacional contra el Lavado de Activos, Daniel Espinosa.

Como titular de una empresa que gira en el derecho público no estatal, Brechner estará comprendido por la normativa, aclaró. Cuando se reglamente la ley, una disposiciòón transitoria obligará a todos los jerarcas públicos a declarar si poseen o no este tipo de sociedades. "Si es así, deberá renunciar a su cargo", señaló.

Lo de Javier Vázquez es diferente, expresó. No tiene la condición de funcionario, pero como hijo del presidente es una "persona políticamente expuesta", lo que lleva sobre él controles más estrictos que un ciudadano común.

Una posible indagación, explicó, irá por el lado de los "sujetos obligados" por la ley a informar de cualquier irregularidad"Deben hacer un control intensificado sobre el origen del dinero", dijo.

Espinosa destacó la importancia de aclarar todo lo vinculado al hijo del mandatario. "Es mejor para todos", aseguró. Informó que la fiscalización del cumplimiento de la normativa, se evalúa, quedará a cargo de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que será la que intervenga en caso de eventuales conflictos.

El decreto correspondiente viene discutiéndose desde febrero en decenas de reuniones con todos los sujetos que estarán abarcados por la normativa: abogados, escribanos, rematadores, casinos, entre otros. "Tendrá un alto nivel de consenso, indispensable para que pueda aplicarse efectivamente", remarcó.

La previsión es que entre en vigencia a fines de agosto.

Espinosa también fue consultado sobre la histórica condición de Uruguay como plaza de blanqueo de sobornos a nivel internacional que llevó, entre otros ejemplos, a posibilitar parte del esquema de corrupción detectado en Brasil a través del estudio Posadas, Posadas & Vecino.

Un escenario que, según aseguró el jerarca, se terminó en diciembre, luego que la nueva ley Integral de Lavado de Activos incluyera a la defraudación fiscal como delito precedente.

Según afirmó, se está trabajando al respecto con todos los estudios involucrados.

"Hay un corte claro y ese negocio se terminó", aseguró, al puntualizar que, si antes se sucedían esas situaciones, es por que la normativa lo permitía. "No nos hagamos los sorprendidos".

Señaló además que  si en algún episodio anterior se descubren vinculaciones con corrupción, se investigará.