"Nuestra política de seguridad va a estar acompañada de una muy sólida política de prevención social de la violencia, con incidencia directa en la inseguridad; estimamos que en el transcurso de tres años podamos reducir entre 30 y 50 por ciento los indicadores de violencia más extremos", dijo Durazo en entrevista exclusiva.

A partir de ese primer resultado a la mitad del mandato presidencial de seis años, "con la evolución de los últimos tres años de Gobierno, consolidaremos esta política social de tal manera que en 2024 dejaremos a un país con paz", dijo Durazo.

El político fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, candidato del gobernante Partido Revolucionario Institucional, asesinado de un tiro en la cabeza en 1994 en plena campaña electoral, y después secretario particular y portavoz del expresidente Vicente Fox (2000-2006).

En México la posesión de hasta cinco gramos de marihuana para dosis personal no es punible, pero no está resuelta la regulación de ese mercado, ante lo cual López Obrador quiere dar un paso adelante y abarcar la producción y la distribución con "decisiones soberanas", dejó entrever Durazo en la entrevista, citando los ejemplos de Portugal y Uruguay.

Entre las causas para implementar una nueva estrategia, apoyada en referentes internacionales, Durazo mencionó la cifra de homicidios, "niveles de violencia que no se han vivido en el país desde la época la Revolución Mexicana", el alzamiento armado contra el dictador Porfirio Díaz que se desencadenó en 1910.

La violencia criminal se disparó el año pasado y costó la vida a 31.174 personas, una tasa de 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales.

Esto representa un incremento de 30 por ciento de homicidios dolosos en un año, perpetrados la gran mayoría con armas de fuego, convirtiendo a 2107 en el más sangriento de la historia contemporánea de este país.

Según la meta mencionada por Durazo a esta agencia, los asesinatos descenderían en tres años a tasas de 12,5 y 17,5 por cada 100.000 habitantes.

Los homicidios descendieron a un mínimo histórico de siete por cada 100.000 habitantes en 2007, cuando el entonces presidente Felipe Calderón decretó una guerra abierta contra el narcotráfico, con grandes despliegues de fuerzas militares.

FIN DEL ENFOQUE PUNITIVO

"Existe una tendencia internacional a revisar la política prohibicionista en virtud de su ineficacia; no solo ha mostrado ser insuficiente sino contraproducente multiplicando la violencia", prosiguió Durazo.

La nueva cartera federal de Seguridad Pública, que el presidente saliente Enrique Peña Nieto abolió y subordinó a la Secretaría de Gobernación (Interior), se creará con una reforma de la Constitución que es una de las 12 nuevas leyes con las que arrancará el próximo Gobierno el 1 de diciembre.

Durazo considera que uno de los problemas de México se origina en el "enfoque punitivo y prohibicionista" que predominó en la última década y que López Obrador busca cambiar por otro en que el narcotráfico y el consumo de drogas sean tratados como un problema de salud pública y no de seguridad nacional.

"Existe una corriente en países europeos para revisar esa política prohibicionista, una corriente que comenzó Holanda, pero se extendió a otros países y ahora existen experiencias muy importantes en ese continente, como Portugal, y en América Latina, como Uruguay", mencionó.

La experiencia uruguaya "fue pionera y ha tenido resultados muy alentadores", indicó Durazo.

En ese país sudamericano, el Estado se encarga de regular la producción, distribución y consumo de marihuana, y hasta el 31 de julio había más de 25.682 personas registradas para comprarla en farmacias, 6.733 cultivadores y 99 clubes, según cifras oficiales.

Finalmente, Durazo consideró las experiencias de Canadá "país que ha cancelado la política prohibicionista a nivel nacional, y de la mitad de los estados de EEUU, que han despenalizado el consumo de algunas sustancias, específicamente marihuana".

"En virtud de esas experiencias y frente a la situación de violencia en que se encuentra México, resulta obligado evaluar las condiciones de esas políticas (aplicadas en otras latitudes), sus ventajas y desventajas, aciertos y desaciertos", precisó.

Durazo apuntó que la próxima administración tomará decisiones "en el ámbito de su soberanía", ante la posibilidad de una reacción negativa de parte del Gobierno de EEUU.

En el país vecino, el presidente Donald Trump es un ferviente creyente en el enfoque prohibicionista y punitivo, e incluso de algunos ámbitos de Naciones Unidas ese enfoque de salud pública por encima del abordaje de seguridad nacional no termina de consolidarse.

"Toda iniciativa que nosotros tomemos sobre este tema, y otros de carácter internacional, se harán en un marco de respeto absoluto de nuestra soberanía, serán decisiones invariablemente soberanas", replicó.

No obstante, acotó que "por tratarse de temas con incidencia internacional, como se desprende del carácter trasnacional del crimen organizado responsable del trasiego de drogas, específicamente marihuana, tenemos que considerar esas variables (externas) en el contexto de nuestro análisis".

FOROS POR LA PAZ

La estrategia contra el crimen que López Obrador y Durazo someterán a consulta en el primer foro abierto en la norteña Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el martes 7 de agosto, está basada en 10 preguntas sobre el proceso de paz.

Las interrogaciones comienzan por recoger, en primer lugar, la posición de miles víctimas sobre un proyecto de ley de amnistía que sería presentado al Congreso, hasta los procesos de reinserción social y otros aspectos específicos de la violencia, como los feminicidios.

Durazo se refirió al proyecto de ley de amnistía que busca otorgar una oportunidad de inserción social a miles de personas que se vieron orilladas a involucrarse en actividades ilegales por sus precarias condiciones de marginalidad social o por coacción, sin cometer delitos de sangre ni crímenes de lesa humanidad.

"Hay en el país cientos de miles jóvenes que oscilan entre los 7 y los 14 años que están vinculados por coacción o por extorsión al crimen organizado, prestando servicios de carácter informativo, llamados halcones en la jerga del crimen", indicó el próximo responsable de la seguridad pública.

Son ese tipo de grupos sociales los que podrían resultar beneficiados de una ley de amnistía.

"No podemos continuar dejando a miles de jóvenes como único horizonte de vida el crimen, sino recatarlos de las garras del narcotráfico y darles la oportunidad de reinserción social", explicó sobre la iniciativa, que fue frontalmente atacada por los candidatos adversarios durante la campaña electoral.

Esa será una de las principales consultas del primer foro en Ciudad Juárez, fronteriza con EEUU y que llegó a ser una de las urbes más violentas del mundo.

"El objetivo es convocar a una reflexión nacional sobre qué hacer y qué medias de política pública tomar para resolver el problema del narcotráfico, de la violencia y particularmente de la participación de sectores amplios de la población en esa trama", puntualizó.

México se encuentra en niveles de violencia similares a Brasil y Colombia, que registraron 25,2 y 27,49 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la organización Ideas para la Paz, con datos correspondientes a 2016. (Sputnik)