A los políticos no les agradan los controles
Hace 20 años, la ley 17060 dio origen a la Junta de Transparencia y Ética Pública cuya misión es: "Propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción, recibir y custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados legalmente a su presentación, difundir los principios de la ética pública y la normativa anticorrupción y atender los compromisos internacionales asumidos por el país en las convenciones y convenios vinculados a la materia".
Hasta un par de años atrás eran tan sólo un depósito de declaraciones juradas que nadie controlaba, salvo ante un requisitoria judicial y puntual.
Fue con el acceso a la presidencia del organismo de Ricardo Gil Iribarne junto a los directores Matilde Rodríguez Larreta y Daniel Borrelli, cuando adquirió otro protagonismo ya conocido por el público.
Sin embargo tiene muy escasos recursos asignados, por lo que le faltan profesionales asesores y funcionarios.
En la Rendición de Cuentas a estudio parlamentario tampoco se le asigna un peso más. No se tuvieron en cuenta los reclamos del organismo.
Por lo que para obtener algunos recursos que le permitan continuar su tarea están pensando alquilar tres garajes de su propiedad y que no usan.
No es el mejor mensaje en la lucha contra la corrupción. Tal vez porque a los políticos no le agradan los controles.