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El semanario Brecha informa hoy que además del dirigente político también fueron multados su esposa; el también edil herrerista Darwin Correa, funcionario de la inmobiliaria Blás; dos escribanas que además son funcionarias municipales y el escribano José Luis Robatto, ex integrante de la Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle.

La DGI entendió que todos fueron parte de la maniobra por la que habrían evadido unos 500.000 dólares correspondientes al pago de IRPF e IVA.

Blás es edil herrerista hace varios períodos; en el 2015 fue candidato a la intendencia por el mismo sector y su votación fue determinante para el triunfo de Enrique Antía. Luego fue elegido presidente de la Comisión Departamental nacionalista y hace 20 días dejó de ser presidente de la Junta Departamental de Maldonado.

El fraude fiscal fue cometido a partir de la venta de lotes en un fraccionamiento llamado Valle Di Saronno propiedad de la empresa Javipark S.A. de la cual el ahora multado declaró ser su apoderado. Un dato no menor, ya que Blás es desde 1990 miembro permanente de la Comisión de Obras de la Junta Departamental, que es la que estudia y aconseja votar diferentes proyectos inmobiliarios, entre ellos los nuevos fraccionamientos.

La resolución de la DGI que hoy publica Brecha explica cómo era la maniobra. "Primero se emitía un boleto de reserva en el que figuraba el precio verdadero pactado entre las partes y por el que el comprador abonaba una seña; el día del otorgamiento del compromiso de compraventa se integraba parte del precio, hasta completar aproximadamente el 40 por ciento; el saldo del 60 por ciento restante que quedaba a pagar en cuotas era el que figuraba como precio en la escritura. De esta manera, el ingreso o renta bruta consignado documentalmente era significativamente menor al realmente devengado y, por ende, también eran considerablemente menores las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta".

El caso fue conocido en febrero del 2014 a partir de la preocupación de varios vecinos "que protestaron por la situación y fueron amenazados por Blás y Correa". Dirigentes nacionalistas afirmaron que la denuncia "era parte de una política de enchastre ante las inminentes elecciones nacionales y departamentales".

Uno de los denunciantes grabó en secreto a los inmobiliarios y allí se les escucha proponer un acuerdo extrajudicial por el que se les reintegraba dinero, pero con el compromiso de "desmentir todo" si la DGI lo citaba.

Pero el organismo fiscal allanó la inmobiliaria y encontró algunos cuadernos escolares  donde se llevaba la contabilidad en negro.

Poco después presentó una denuncia penal ante Crimen Organizado, quien todavía no se ha expedido porque los denunciados presentaron diferentes recursos una y otra vez.

Todos los mencionados tienen embargadas sus cuentas bancarias y propiedades desde el año 2016. Lo que nadie ha explicado es como, en esa situación, la  inmobiliaria Blás ha continuado funcionando.

Antes de las elecciones del 2014, el entonces candidato presidencial Luis Lacalle Pou fue consultado acerca de estos hechos cometidos por su candidato a intendente en Maldonado. Lacalle no dudó: "Por ahora no hay ningún fallo,  si hubiera fallo, es otra cosa. Vamos a ser siempre implacables con aquel que actúa mal. Si somos severos con los ajenos, debemos serlo aún más con los propios".

Ahora hay un fallo.