"Estoy tranquilo de que el final de este camino va a demostrar que tenemos la razón, el tiempo pondrá las cosas en su lugar .Recién ahora empieza una etapa donde uno puede defenderse. No hay ningún fallo judicial ni resolución firme de la DGI. La DGI hizo y deshizo como quiso durante 4 años. Quedan etapas por cumplir y donde deberán demostrar y comprobar lo que dicen", escribió Blas.

Es cierto que aún no hay resolución judicial porque una posible sentencia se ha dilatado en el tiempo a causa de la enorme cantidad de recursos presentados por los acusados.  Que son además del mencionado, 3 escribanos, uno de ellos ex miembro de la Junta Anticorrupción en el gobierno de Batlle y otras dos funcionarias municipales: también la esposa de Rodrigo Blas y el también edil herrerista, Darwin Correa, funcionario de la inmobiliaria de Blas.

La DGI probó que hubo una estructura organizada para evadir el pago de impuestos. Y lo hizo no sólo con testimonios, sino con grabaciones y profusa documentación incautada en la referida inmobiliaria, entre ellos tres cuadernos donde se llevaba la contabilidad en negro.

La abogada defensora de Blas ha negado cualquier vínculo entre la inmobiliaria y la empresa propietaria de los terrenos en el fraccionamiento Valle Di Saronno.

Pero un documento en nuestro poder prueba que sí hay vínculos. Un recibo fechado en abril de este año, en papel común sólo con el logo y el nombre de la empresa propietaria, está firmado por Alejandro Lussich "por Javipark S.A:". Lussich era edil herrerista cuando se aprobó el fraccionamiento, es funcionario de la inmobiliaria Blas y actual Director de Vivienda de la Intendencia de Maldonado.

En todo este trámite ha quedado claro algo muy importante y sobre lo que seguramente debería expedirse la Comisión de Ética del Partido Nacional.

Blas votó como edil la aprobación del fraccionamiento; enseguida pasó a ser apoderado de Javipark S.A., según él mismo lo reconoció. Y finalmente, su inmobiliaria fue la vendedora de los lotes.

Pero esto no es la primera vez que ocurre. En el 2004 el entonces gobierno nacionalista aprobó importantes excepciones a las normas de construcción para "grandes emprendimientos". Ediles que votaron ese cambio de normas fueron luego constructores de los edificios y otros, a través de sus inmobiliarias, vendieron  las propiedades. Incluso un edil, también escribano, fue por única vez a la Junta Departamental a dar su voto afirmativo a un proyecto en el que estaba directamente involucrado.