Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Canadá presentaron el martes una comunicación dirigida a la fiscalía de la CPI para que inicie una investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Los seis países americanos solicitaron a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que "inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014, con vistas a determinar si se ha de acusar por la comisión de tales crímenes a una o varias personas".

La remisión del caso venezolano tomó en cuenta los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Hagobian opinó que forma parte de un "operativo ideológico", en el que "Estados gobernados por partidos de derecha impulsan esta iniciativa para callar otros temas u otras situaciones".

"Están callando lo que sucede en otros países, como es el caso de Honduras, por tanto, tienen una vara muy alta para Venezuela y muy baja para lo que sucede en otros países, en ese sentido no me parece algo coherente", agregó.

Hagobian consideró que el camino de la CPI "no es adecuado" para ayudar a Venezuela y expresó que la única solución es el diálogo.

"El conflicto tiene que solucionarse en términos pacíficos y por medio de lo que quieran los propios venezolanos; no debe ser por medio de ningún organismo internacional o Estado que impulse determinadas salidas, imponiéndole a los venezolanos una hoja de ruta", reflexionó.

Lo único que tienen que hacer los organismos internacionales y los gobiernos es facilitar el diálogo, subrayó.

La fiscal de la CPI recordó el jueves que tiene abierto desde el mes de febrero un examen preliminar sobre el caso venezolano para determinar si hay méritos para investigar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país.

Bensouda sostuvo que ese proceso seguirá su curso normal.

SANCIONES LASTIMAN AL PUEBLO

Con respecto a las sanciones impuestas por varios países al Gobierno de Nicolás Maduro, el especialista consideró que "lastiman al pueblo" y aseveró que deberían estar enmarcadas en decisiones de organismos multilaterales pues de lo contrario están "contradiciendo al derecho internacional".

Las medidas punitivas "nunca ayudan a impulsar el desarrollo democrático", sino que son profundamente "erráticas", "atacan al pueblo y alteran tanto el desarrollo productivo como el económico del país".

Maduro pidió el miércoles a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviar un delegado especial a su país para que investigue el fallido atentado contra su vida el pasado 4 de agosto.

Hagobian consideró "importante" que se aclaren los alcances de lo que ocurrió en Venezuela, si fue efectivamente un atentado, quiénes estuvieron detrás de él, cuáles fueron las intenciones y si hubo intervención extranjera en ese hecho.

"Es importante que este suceso se esclarezca porque hay voces que plantean que pudo haber sido un autoatentado para poder llevar adelante determinadas políticas; entonces es importante que esto se aclare para despejar todo tipo de dudas y que la ONU, que es un organismo plenamente reconocido, intervenga", reflexionó.

El 4 de agosto, un dron explotó a una distancia de entre 100 y 200 metros, según distintas versiones que han dado las autoridades, del estrado donde Maduro daba un discurso durante una celebración militar.

Un segundo dron se estrelló contra un edificio de apartamentos a dos calles del lugar donde estaba el presidente.

En el estrado se encontraban los comandantes de las Fuerzas Armadas y autoridades de los poderes del Estado.

Siete efectivos de la Guardia Nacional resultaron heridos, el jefe de Estado salió ileso.

Maduro acusó a personal diplomático de Chile, Colombia y México de haber formado parte del complot para asesinarlo.

Los tres países rechazaron la acusación. (Sputnik)