El autor dijo a Efe que los archivos presentados en el libro, que ya fueron objeto de análisis de la comisión parlamentaria de la que formó parte y están en manos de la Fiscalía General de la Nación (FGN), datan sobre el espionaje desde 1987 a 1999 sobre todos los partidos políticos.

"La principal conclusión es que el espionaje se desarrolló para frenar los movimientos de Verdad y Justicia y para garantizar la impunidad en este país", expresó.

En este sentido, indicó que la Dirección General de Información de Defensa (DGID), encargado de infiltrar a agentes militares dentro de los partidos políticos, "se generalizó a todo el sistema político, focalizándose en los partidos de izquierda", en la época del "voto verde".

Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado o Ley de Caducidad, como se la conoce en el país, fue promulgada en 1986 y estableció absolución de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales.

En 1989, luego de una campaña de recolección de firmas y adhesiones a cargo de los movimientos sociales y políticos relacionados con la izquierda, se realizó en un referéndum, en el cual el "voto verde" (denominado de esa manera porque a la derogación de dicha medida se le asignó la papeleta de ese color) representaba la revocación.

"Una parte del libro trata en cómo se desenvolvió la DGID para garantizar la impunidad de los militares", remarcó Nuñez.

Por otra parte, las sospechas de la práctica de espionaje militar en el país surgieron a partir de la circulación de unos 14.000 archivos militares publicados por el semanario local Brecha en 2015.

Estos formaban parte de un cúmulo de unos tres millones de documentos ubicados en la ex Escuela de Inteligencia del Ejército, cuya incautación y digitalización fueron ordenadas en el 2007 por la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti (2005-2008).

"El espionaje se realizó para continuar un modelo político, cultural y neoliberal que se desarrolló en la dictadura, por eso, sus principales víctimas fueron los movimientos sociales, los sectores que tienen una perspectiva en defensa de los Derechos Humanos o los partidos políticos que tienen una concepción transformadora de la sociedad", sostuvo el diputado.

Núñez donará todo lo recaudado por derechos de autor a la organización civil Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que busca los restos de los presos políticos uruguayos desaparecidos en el período dictatorial. EFE