El tercer párrafo del referido decreto establece que "la Junta Departamental de Maldonado destinará una partida que resultará de multiplicar los gastos de representación establecidos mensualmente a favor de los representantes nacionales por el número de ediles que integren el sector. Esta partida se liquidará mensualmente, se ajustará en las mismas oportunidades y porcentajes que los gastos de representación de los representantes nacionales y se podrá depositar en la cuenta bancaria abierta del sector o recibir directamente por el secretario de bancada que designe el mismo".

Hoy el semanario Brecha informa que "entre julio de 2015 y diciembre de 2017, el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado cobraron más de un millón de dólares en partidas de la Junta Departamental de Maldonado. La Junta de Transparencia y Ética Pública denunció el mecanismo por anticonstitucional y violatorio de las normas sobre financiamiento de los partidos políticos. Ni los organismos públicos que recibieron el informe ni los presidentes de los partidos implicados se dieron por enterados. Ahora el caso pasó a la justicia penal y también es considerado por la asociación civil Uruguay Transparente".

La bancada nacionalista está integrada por 16 ediles; la frenteamplista por 13 y la colorada por dos ediles. Hasta esta resolución los legisladores departamentales tenían como único beneficio el no pago de la patente de rodados de un vehículo que estuviera a su nombre; una partida fija para uso de teléfonos celulares  y desde la legislatura anterior todos los ediles, titulares y suplentes, reciben una computadora portátil.

Brecha recuerda que el 25 de julio de este año la Jutep emitió un informe en el que marcó que este mecanismo es inconstitucional y que además viola la ley de financiamiento de los partidos políticos, entre otras disposiciones legales.1 Poco después, el Tribunal de Cuentas de la República (Tcr) emitió la séptima observación de esta legislatura sobre ese gasto, por contravenir los artículos 86, 211 y 295 de la Constitución, y por no ajustarse al régimen de reintegro de gastos y control de las partidas que el propio Tribunal aprobó en diciembre de 2010.

"La Jutep y el Tcr coinciden en que se trata de una partida remuneratoria camuflada, violatoria del artículo 295 de la Constitución, que establece que el cargo de edil es honorario. No obstante, la Junta Departamental afirma que es una partida de apoyo al buen funcionamiento de los partidos políticos, que se les paga a los sectores políticos y no a los ediles. Pero si esto es así, se están violando dos normas de manera clara: una es que eso no está dentro de las potestades de la Junta Departamental y la otra, peor, es que la ley de partidos políticos establece claramente cuáles son las fuentes de financiamiento", recordó el presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, en declaraciones a Brecha.

"El Estado financia a los partidos, pero no a través de las juntas departamentales o de las intendencias. Que la Junta mande plata de los vecinos a los partidos políticos viola las normas de financiamiento de los partidos. A diferencia de lo que pasa en la actividad privada, en la actividad pública un organismo sólo puede hacer aquello para lo que está autorizado legalmente. En la actividad privada, lo que no está prohibido se puede hacer", remarcó el presidente de la Jutep.

La denuncia penal fue realizada por Germán Bonilla, un ex militante del partido Colorado de San Carlos y recayó en la fiscalía de 3er. de Maldonado a cargo del fiscal Alejandro Machado. Ocurre que Machado ganó un concurso y sólo aguarda la venía parlamentaria para ascender con nuevo destino. El nuevo fiscal, cuyo nombre se desconoce, se encontraría con la tarea de citar como imputados a los 29 ediles que una noche de julio del 2015 se aprovecharon de su posición de privilegio para votar una norma que los beneficiaba.