La empresa le había entregado 1.313 animales al denunciado para  que  se encargara del cuidado, vigilancia y control sanitario, así como de la venta de los animales, para la posterior distribución de la ganancia resultante del peso inicial del ganado y el de su venta para faena. Una lectura de campo corroboró el faltante de casi 900 animales.

Pocos días después un capataz denunció que en ese momento y en un camión que trasladaba 36 novillos desde un campo de Olaso hacia el frigorífico PUL, había animales de su propiedad. La policía detuvo al camión y corroboró que la mitad de los animales era robados. 

Por orden judicial se allanó el campo de Olaso y en un pequeño galpón y muy ocultas, se encontró una caja que contenía 5.528 caravanas vacunas. La investigación corroboró que esas caravanas correspondían a animales que no estaban en el campo, que unas  mil de ellas eran propiedad de un ganadero que había fallecido y que se habían quemado caravanas.

Además se probó la manipulación de guías y del propio sistema de trazabilidad al que Olaso tenía acceso.

Con las pruebas en la mano, la fiscal Carina Fernández solicitó la formalización del empresario por "por la presunta comisión de reiterados Delitos de abigeato, especialmente y muy especialmente agravados en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de falsificación ideológica de documento público por particular y expedición de certificados de guía falsos, en calidad de autor, a título de dolo directo y en grado de desarrollo consumado".

Debemos aquí  hacer una corrección al audio donde señalamos que Olaso está detenido. La fiscalía solicitó la prisión preventiva pero el juez de la causa no aceptó y en cambio dispuso como medida cautelar la retención de documentos de viaje, la fijación de domicilio y una caución de 25.000 dólares. La fiscal Fernández apeló esta resolución. 

Pero la investigación continúa y para ello la fiscal, a sugerencia del Jefe de Policía de Treinta y Tres, creará un equipo que en principio integrarán la Jutep, Delitos Complejos del Ministerio del Interior y tal vez la Secretaría Antilavado.

Olso enfrenta otra causa penal en el fiscalía de Delitos Económicos en Montevideo adonde fue denunciado por su socia por un presunto delito de estafa que en principio y sin certezas se estimó en unos 5 millones de dólares.

Fiscalía de Treinta y Tres de 2° Turno solicitó formalización por abigeato entre otros delitos