Según informó Presidencia, García se contactó con el mandatario del país, Tabaré Vázquez, por teléfono para manifestar su deseo de iniciar los trámites para recibir asilo político, pedido que será aceptado en el marco de la dicha convención, dijo hoy el canciller, Rodolfo Nin Novoa, al diario El País.

En su artículo 1, la normativa señala que todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno.

García se encuentra en la sede de la embajada de Uruguay en Lima con la intención de realizar la solicitud, que según explicó a Efe el senador de la coalición de izquierdas que gobierna en Uruguay, el Frente Amplio, Marcos Otheguy se debe presentar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para ser evaluada por el Poder Ejecutivo en el marco de los convenios internacionales que hayan suscrito los uruguayos.

El expresidente peruano Alan García Pérez solicitó asilo en la embajada de Uruguay en Lima después de que un juez le prohibiera salir del país por 18 meses mientras es investigado por una presunta colusión agravada y lavado de activos en el caso Odebrecht en Perú.

El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano informó, a través de un comunicado, que el embajador de Uruguay en Perú, Carlos Alejandro Barros, comunicó esta mañana que García ingresó en horas de la noche del sábado a su residencia y que solicitó asilo a dicho país.

García es investigado por el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez por presuntamente haber recibido un pago de Odebrecht por 100.000 dólares para dictar una conferencia en Brasil, a través de un intermediario.

La Fiscalía peruana solicitó el pasado jueves esta medida de restricción contra García, presidente entre los años 1985-1990 y 2006-2011, en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht en la licitación del Metro 1 de Lima.

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, valoró el sábado que "existen suficientes elementos de convicción" para declarar fundada la medida. EFE