"Me parece muy difícil que se den la circunstancias que determinan un asilo político porque implica entender por parte del Gobierno uruguayo que hay persecución política en Perú", indicó Mieres, del Partido Independiente e integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

El legislador añadió que en Perú "no hay ningún cuestionamiento al Estado de derecho", sino que, por el contrario, "han tenido situaciones en las que han destituido presidentes por acusaciones de corrupción, ha funcionado dentro de las reglas de juego democráticas".

Por su parte, Javier García, senador del Partido Nacional, opinó en la misma línea que Mieres el domingo de noche a través de su cuenta de la red social Twitter.

García afirmó que "el asilo es una figura para impedir persecución política, no para delitos comunes ni corrupción, Perú es un país hermano, democrático, con instituciones libres y plenas, esperemos que el Gobierno de Uruguay no intervenga en asuntos internos de Perú y actúe de acuerdo a derecho vigente".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó el domingo que el expresidente García, investigado por corrupción y lavado de activos, pidió asilo en Uruguay.

"El expresidente ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay", se lee en un comunicado difundido por la cancillería peruana.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú exhortó a Uruguay que "no otorgue el asilo solicitado, por el expresidente García por carecer de todo sustento jurídico y político", según un comunicado de la organización.

RESPUESTA DE URUGUAY

El diario El País y el periódico La Diaria, informan este lunes que Uruguay aceptó dar asilo a García según les informó el canciller Rodolfo Nin Novoa.

Sin embargo, la Presidencia indicó en un comunicado publicado el domingo en su web que el expresidente peruano se encuentra en la embajada uruguaya en Perú y que "iniciará el trámite (de asilo) siguiendo los pasos dispuestos en la normativa internacional".

Roberto Chiazzaro, diputado del Frente Amplio, dijo a Sputnik que le "sorprendió" la información publicada por el diario El País y que cree que esa "todavía no es una respuesta oficial".

Chiazzaro, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja, indicó que García "ha presentado una nota en las que solicita asilo por determinadas causales, entre ellas señala que no ha cometido ilícitos y que hay una persecución política a su persona; las autoridades peruanas tienen otra opinión, ahora hay que confrontar ambas versiones y ver qué es lo correcto y ver qué se debe hacer".

Por su parte, Mieres dijo a esta agencia que le "parece muy delicado y preocupante si es que ha habido adelantamiento (sobre el tema) en declaraciones de parte del canciller, me parece de una extrema gravedad".

Añadió que hay que "actuar con mucha cautela, seguramente Uruguay tiene que estudiar cuál es la situación y pedir información al Gobierno peruano porque en realidad una eventual decisión positiva de asilo implicaría una opinión de Uruguay que entiende que hay razones de persecución política, lo cual sería un cuestionamiento directo al Poder Judicial peruano".

Una cosa es la primera aceptación, "que es el ingreso del expresidente García a la embajada uruguaya, pero ahora viene el tema de fondo que es si Uruguay va a conceder o no el asilo", afirmó.

Mieres puso como ejemplo que "si mañana un dirigente político uruguayo se mete en una embajada y dice que lo persiguen porque tiene riesgo de ser procesado por corrupción si le dan asilo me parece que se genera un lío diplomático con el país".

El exjefe de Estado es investigado por la Fiscalía de Perú por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, obra ejecutada durante su mandato.

Asimismo, se le imputa presunto lavado de activos por pagos ilícitos por conceptos de conferencias dictadas para Odebrecht y socios empresariales brasileños en 2012.

Estas conferencias, indica la Fiscalía, habrían sido actividades de fachada para el lavado de fondos ilícitos.

El sábado, el Poder Judicial de Perú dictaminó que García está impedido de salir del país por 18 meses, argumentando peligro de fuga.

Luego de esa decisión judicial el exmandatario concurrió a la embajada de Uruguay a solicitar asilo político. (Sputnik)