El Poder Ejecutivo reglamentó la semana pasada la ley integral de lucha contra el lavado de activos. Entre otros aspectos,  establece prohibiciones para aquellos que ostenten cargos de representación política y tengan cuentas en paraísos fiscales.

La medida alcanza a el presidente y vicepresidente de la República; ministros, subsecretarios y directores generales de la Secretaría; directores de Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, personas públicas no estatales y "cualquier cargo político y de particular confianza".

Dentro de esas prohibiciones, la reglamentación establece que una vez publicado el decreto comenzará a correr un plazo de noventa días para que las personas incluidas en la prohibición presenten un formulario en el que se acredite que no son accionistas, beneficiarios finales ni tienen vinculación con sociedades comerciales establecidas en paraísos fiscales.

El decreto establece además que el organismo que estará encargado de verificar el cumplimiento de la disposición será la Oficina Nacional del Servicio Civil, pese a que el borrador del decreto que había elaborado el Ejecutivo había mencionado a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)

Si bien la intención de la normativa es llegar a una mayor transparencia,la reglamentación padece de numerosas falencias, dijo en Rompkbzas el presidente de la junta, Ricardo Gil Iribarne.

Una de las es que no se incorporan sanciones ante eventuales incumplimientos. "Si hay obligación sin sanción, nadie la cumple", advirtió.

Tampoco, dijo, está previsto ningún castigo para los jerarcas que oculten o mientan sobre si poseen sociedades offshore.

Como tampoco está claro qué habrá que hacer si un funcionario admite que tiene una de estas firmas.

En la práctica, nunca se va a saber si lo que informan es cierto. "Son cosas que se ponen en el papel pero que no se cumplen", reafirmó.

En la entrevista, Gil Iribarne se refirió además a la "larga lista" que el organismo tiene de funcionarios públicos que no cumplen con su obligación de presentar declaraciones juradas. Eso se suma a a las oficinas que tampoco los obligan a cumplir con la normativa.

En ese lista dijo, que se destacan los casos de ediles que no declaran.