El caso fue denunciado el 18 de noviembre por el edil colorado Juan Silvera y ampliado el martes pasado por el legislador empepepista Joaquín Garlo. Curiosamente, los colorados desplazaron a Silvera de la comisión que debía resolver y nombraron a Marcelo Galván, quién históricamente ha votado las propuestas del intendente Antía.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya había fallado en el año 2016 contra la aspiración de los presuntos propietarios. Estos insisten ahorra para  que la intendencia les emita recibos de Contribución Inmobiliaria con el objetivo de legitimarse y eventualmente recurrir a una prescripción trentanal.

Según dijo Garlo la intendencia ya había ganado una acción judicial para mantener esos padrones "en dominio público". Agregó que ahora "proponen un intercambio  de otros lotes por estos costeros. Entregaron una franja de playa  por chirolas".

Por su parte el edil Silvera sostuvo que "los ediles y los gobiernos podemos hacer lo que la Constitución nos permite, aunque algunos piensen que con 16 votos se puede aprobar cualquier cosa.  

Lo curioso del caso es que la "nueva propietaria" de esos dos padrones que totalizan una 7 hectáreas sobre la franja costera, es la empresa panameña  Kalin Assets.