"Yo creo que sí (debe avisar), en instancias que ya están involucrados los dos gobiernos, cualquier movimiento, yo estoy seguro que Uruguay lo va hacer", declaró el presidente al ser consultado por periodistas sobre esa posibilidad.

Vizcarra también dijo que su Gobierno no ha recibido ninguna información oficial sobre eventuales consultas de García a otros países en caso de que su pedido de asilo sea rechazado por las autoridades uruguayas, tal como han informado medios locales.

"Igual que ustedes, tenemos trascendidos de que se ha buscado otras alternativas en embajadas, antes de haber decidido Uruguay y después también", comentó.

El presidente dijo que no se ha vuelto a comunicar con su homólogo, Tabaré Vásquez, desde que el domingo 18 de noviembre lo llamó por teléfono para decirle que en Perú no hay persecución política y hay independencia de poderes.

Reiteró, además, que la decisión de otorgar o negar el asilo depende de Uruguay y solo queda esperar a conocer la medida.

Alan García permanece en la residencia del embajador de Uruguay en Lima desde el 17 de noviembre, cuando presentó la solicitud de asilo a las pocas horas de que un juez le impidiese abandonar Perú por 18 meses para asegurar su presencia en el proceso, dado que reside en Madrid desde 2016.

García alega que es víctima de una persecución política mientras está siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

El ministro peruano de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, señaló este jueves que la decisión que tome el Gobierno de Uruguay sobre el asilo fijará también una posición internacional sobre la democracia en Perú, ya que si lo concede estaría validando los argumentos de García sobre que existe persecución política.

El ministro reiteró que en Perú existe un Estado de derecho, sin interferencia de poderes y con libertades absolutas, y recordó que incluso hay funcionarios del actual Ejecutivo, como la vicepresidenta Mercedes Aráoz, que afrontan imputaciones de la Fiscalía.EFE