Según señaló el senador emepepista Charles Carrera, "la iniciativa es muy potente contra la corrupción y busca fortalecer la transparencia en la administración pública y mejorar el combate a la corrupción".

La ley hace referencia a los conflictos de intereses y a la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas. Precisa más el alcance del concepto de corrupción en la administración pública, prohíbe intervenir por razones de parentesco en los procedimientos de contratación administrativa e impide que funcionarios controlen o fiscalicen la actividad de particulares con los cuales posean vínculos de dependencia.

Muchas de estas normas ya están contenidas en el "Texto ordenado de normas sobre funcionarios públicos" (TOFUP) de obligatorio cumplimiento y que fuera aprobado en diciembre del 2009.

Siempre es saludable la aprobación de normas que amplíen el combate a la corrupción. Pero está en particular parece un mero saludo a la bandera, porque si no se han cumplido las normas ya existentes ¿qué razón habría para aprobar nuevas?