El senador del Partido Independiente Pablo Mieres explicó a Efe que los contenidos del proyecto "son prácticamente iguales" al decreto que está vigente desde el año 2003 salvo las novedades en las normas de comportamiento ético.

"Lo que es novedoso es que se extiende el alcance de estas normas de comportamiento ético a un conjunto de personas, que hasta ahora no estaban alcanzadas, que son las personas que ocupan cargos en representación del Estado directamente en empresas de derecho privado de capital estatal", expresó.

Detalló que "todas aquellas personas" que están en roles de conducción de empresas privadas que son propiedad de las estatales "no son funcionarios públicos" ya que están en el derecho privado.

En ese sentido, resaltó que a partir de esta norma "quedarán alcanzados" por todas las obligaciones, responsabilidades e inhibiciones que están previstas para los funcionarios públicos del país.

"Se busca evitar que una persona que maneja fondos públicos por el hecho de que esta en una empresa de derecho privado tenga otra libertad que no tienen los funcionarios públicos", concluyó.

El proyecto será discutido la próxima semana por los diputados. EFE