Este viernes promediaba la doble interpelación a los ministros de Salud y de Trabajo cuando se conoció la decisión del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, de pedir el procesamiento sin prisión de Marcos García. 

Se trata de uno de los médicos propietarios de Siemm, la empresa de traslados que le vendía servicios a ASSE al mismo tiempo que ellos eran funcionarios de la institución, uno de los hechos que centró la investigación parlamentaria sobre un cúmulo de irregularidades detectadas en el organismo. La decisión de Pacheco sorprendió por varios motivos.

En particular por dejar afuera de su pedido a los otros dos socios de Siemm, Rodrigo Barcelona y Federico Eguren. También porque se entiende que no procesó todas las diligencias que podría haber implementado. 

Se trataba de un caso que generaba gran expectativa ante la esperanza de que pudiera suponer un "quiebre", para poder decir "se hizo justicia". 

Así lo dijo en Rompkbzas Ruben Bouvier, del Movimiento La Salud para Todos, una de las personas que más se ha movido para denunciar irregularidades y posibles delitos en la órbita de ASSE, con lucha que lleva ya muchos años. 

En su visión, el simple procesamiento sin prisión de García y la ausencia de imputación a los otros dos involucrados demostró que la Justicia "se supedita al poder político". 

Para Bouvier, el mensaje fue claro. "Si te acomodás a nivel público y hacés un entramado con mucha complicidad, te podés llevar un millón de dólares aunque te procesen, pero sin prisión" remarcó, en relación a este caso. 

Bouvier recordó que García, Eguren y Barcelona aparecen en la inauguración de Siemm, acompañados de la entonces presidenta de ASSE, Beatriz Silva, y de la ministra Susana Muñoz. 

El detalle es que, cuatro días antes de ese hecho, Eguren y Barcelona dejaron de ser funcionarios del Hospital de Bella Unión, aspecto en el que se basó la Fiscalía para exonerarlos de responsabilidad, pese que participaron en todos sus términos de la maniobra para armar la empresa y conseguir el contrato con ASSE. 

"Estaba todo fríamente calculado, seguramente ahora estarán festejando", señaló. 

De todas formas, Bouvier valoró que, como se presentó la denuncia correspondiente, a las autoridades no les quedó más remedio que revisar la situación, evitando más pérdidas para el Estado. 

Bouvier se refirió en particular a Eguren y la "planificación muy prolija" que realizó para buscar complicidad en los cargos jerárquicos de Bella Unión. 

Se refirió a Laura, una funcionaria que, aterrorizada, le dijo todo lo que sabía sobre las irregularidades en ese centro de salud. La mujer, sostuvo Bouvier, se comprometió a aportar todo lo que sabía. 

Pero, llegado el momento, la funcionaria no atendió más el celular. Coincidente su hija, recibida en Cuba, fue empleada en el Hospital de Bella Unión. "Se le canjeó el silencio por trabajo", sentención Bouvier.

Según dijo, Eguren supo rodearse de un "ejército" que respondía a sus intereses. 

De todas formas, sostuvo que existen más elementos que pueden probar la responsabilidad del ex director. 

En ese marco citó el artículo 83 del viejo Código del Proceso Penal, bajo el que se rige el caso de ASSE. Allí se permite la ampliación de la denuncia anteriormente presentada, ante la existencia de elementos o testigos nuevos. 

En ese marco Bouvier prometió "novedades" en torno a las vinculaciones de Eguren con Bella Unión y el Hospital Español, donde también fue director. 

Al respecto, afirmó que en 2012 el entonces jerarca disponía el traslado de pacientes desde el norte del país para realizarse tomografías. 

Los traslados eran de a cinco personas en ambulancia, pese a que el procedimiento podía hacerse perfectamente en Salto, a 150 kilómetros de distancia. 

Pese a que se utilizaba un solo móvil, Eguren cobraba como si se hubiesen realizado cinco traslados. Los viajes, afirmó, llevaban su firma y su orden de pago.