(Emitido a las 7.35)

EMILIANO COTELO:
"El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano será prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".

Era quizás el contenido central de la llamada reforma constitucional del agua que se aprobó el 31 de octubre junto con las elecciones nacionales, obteniendo el 65 por ciento de respaldo. Desde ese momento, o sea desde hace más de seis meses y medio, se discutía a propósito de su alcance, de qué implicaba especialmente para aquellos servicios de agua potable y saneamiento que vienen prestando privados.

¿Caen o no caen esos servicios privados? ¿La reforma es retroactiva o no es retroactiva? El debate ha sido intenso, largo e incluso fatigoso.

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EC - Finalmente el viernes pasado el Poder Ejecutivo dio a conocer un decreto que –si no interpreto mal las cosas– es el primer pronunciamiento oficial de esta administración a propósito del alcance de la reforma del agua.

¿Qué dice en su artículo 1º? "Las personas jurídicas no estatales que tengan la calidad de prestatarios del servicio público de saneamiento o del servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano, en virtud de contratos celebrados con anterioridad al 31 de octubre de 2004, continuarán suministrando dichas prestaciones hasta el vencimiento del plazo originalmente pactado, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder en caso de incumplimiento, rigiéndose en un todo por los términos del respectivo contrato".

Vamos a dialogar con el arquitecto Jaime Igorra, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

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Arquitecto Igorra, ¿está bien, es el primer pronunciamiento oficial de este gobierno?

JAIME IGORRA:
Sí, desde el punto de vista oficial es el primer pronunciamiento, aunque el presidente actual, doctor Tabaré Vázquez, ya había hecho pronunciamientos durante la campaña en el país y fuera del país.

EC - Pero quizás no se había entendido hasta dónde podían llegar aquellos pronunciamientos –obviamente faltaba que tomaran forma jurídica e imperativa– que se referían sobre todo a la decisión de respetar los contratos vigentes.

JI - Sí, pero esto es a la luz de la reforma constitucional, obviamente.

EC - Ahora por este decreto nos enteramos de que en definitiva sólo va a quedar vigente una concesión, la de Aguas de la Costa.

JI - Siempre que la Comisión de Control compruebe los incumplimientos referidos en el informe sobre la otra concesionaria que tiene contrato, Uragua, y no haya descargos en contra por parte de la empresa de que no es así. La vigilancia que hemos tenido sobre las inversiones realizadas coinciden con lo que el dice el informe de control de la concesión, por lo tanto el Estado está en condiciones de rescindir ese contrato.

EC - Si entiendo bien, quedan planteadas tres situaciones diferentes en el conjunto de servicios que estaban siendo prestados por privados. Primero está el caso de Aguas de la Costa, que aparentemente continuaría; después está el caso de Uragua, que también tiene contrato pero que caería como consecuencia del incumplimiento; y por último todos los otros servicios que aparentemente no tenían contrato y por lo tanto pasan a ser absorbidos por el Estado.

JI - Efectivamente, desde el arroyo Carrasco hasta Punta Ballenas en tres tramos –desde el arroyo Carrasco hasta el arroyo Pando, que es Ciudad de la Costa; desde el arroyo Pando hasta el arroyo Solís, que es la Costa de Oro; y desde el arroyo Solís hasta Punta Ballena– la explotación de los servicios, fundamentalmente de agua, se estaba ejerciendo en una suerte de capitalismo muy avanzado o poscapitalismo.

EC - Suena irónico eso.

JI - Sí, porque efectivamente la prestación de estos servicios se hace por parte de organizaciones no gubernamentales en su mayoría o trabajadores independientes, que es una forma muy evolucionada. Pero estas formas de explotación tienen autorización precaria o autorización al amparo de la ley orgánica de OSE, pero no tienen contrato. Entonces, indudablemente la reforma de la Constitución ejerce su mandato sobre esta situación y esta forma de ejercer los servicios tiene que caer irremediablemente. Hay un sinnúmero de inversiones de muy alto costo hechas en forma local, lo cual es muy importante, no se afectó la tarifa de OSE para hacer estas instalaciones, al revés de lo que sucede siempre porque en general la tarifa de OSE cubre los gastos de inversión en todo el país y es Montevideo fundamentalmente el que corre con estos gastos.

Ahora seguramente habrá que remunerar estas prestaciones por todas las inversiones realizadas y se verá la forma de hacerlo, no tenemos aún definido si será por aumento de tarifa de OSE, si será por Rentas Generales o por algún préstamo exterior; dudo que sea por esta última vía, dada la fragilidad que el país tiene para contraer créditos muy grandes, ya que está debiendo casi todo su Producto Bruto Interno.

La otra es una forma evidentemente capitalista de explotación que tenemos que analizar en el tiempo y el lugar en que estamos, son las empresas Uragua y Aguas de la Costa.

EC - Entonces el factor clave para la definición que hace el Poder Ejecutivo es que hubiera o no contratos al 31 de octubre de 2004.

JI - Exactamente, ahora vamos a ese punto que me parece esencial. Estas empresas indudablemente han tenido la concesión para invertir en dichas zonas y llevar adelante estos servicios. Hay contratos y son empresas las que lo están haciendo; el presidente, siendo todavía candidato, era muy claro sobre este punto, él parte de la base, asesorado jurídicamente, de que las leyes no son retroactivas y por tanto desconocer un contrato implica severas condiciones para el país en lo que tiene que ver con los reclamos dentro o fuera de fronteras, sobre todo cuando se trata de dos empresas españolas. Dijo claramente que no había retroactividad para estos contratos y que si la Constitución se reformara continuaría la explotación de los mismos. Esto quiere decir que en 2018, que es la fecha cuando vence el contrato de Aguas de la Costa, pasa al servicio público, si es que no mediara otra reforma constitucional de aquí a esa fecha.

En cuanto a Uragua, estamos en este momento con un informe de la comisión de contralor de la concesión que pasó a Jurídica de OSE, se le informó a la empresa, y la empresa no hizo otra cosa que lo que viene haciendo desde que el contrato que firmó con el Estado no le sirve por el descalce que tiene por el canon que está pagando anualmente –lo ha hecho, no hay ninguna duda de ello, este año debe pagar 7,4 millones de dólares a OSE–, porque tiene que cobrar la tarifa en pesos y tiene que comprar moneda extranjera para pagar. En este momento el 60 por ciento de los ingresos de la empresa está destinado a la compra del canon, con el 40 por ciento tiene que funcionar y devolver los dineros a la casa matriz por la inversión de más de 100 millones de dólares en el lugar, cosa que no ha recibido y no va a recibir porque desde la casa matriz se ve que el contrato es malo.

Ellos interpretaron inmediatamente la reforma de la Constitución del 31 de octubre diciendo que el contrato cayó –es una interpretación– y que por tanto no hay nada que rescindir, entonces solicitan la devolución de la garantía, los 20 millones de dólares en títulos, más 14.722.000 euros para resarcir inversiones que realizaron.

EC - ¿Cómo se va a laudar ese diferendo?

JI - Corresponderá laudarlo en los ámbitos de la justicia, porque si la empresa insiste en que el incumplimiento del contrato no le cabe, tal como se le fue informado por jurídica de OSE, entiendo que no va a haber otra alternativa que ir a juicio, tal como dice el contrato, en los tribunales uruguayos; aunque por ser una empresa española, de acuerdo a una resolución del gobierno español puede dirimirlo en ámbitos internacionales. Eso se verá en el transcurso del tiempo.

Y OSE continúa haciéndose cargo de la distribución de agua y saneamiento en todo el país, excepto Montevideo, donde lo hace la Intendencia desde mediados de la década de los cuarenta.

EC - En resumen tenemos tres grandes situaciones: por un lado la de aquellos servicios de agua potable y saneamiento que estuvieran siendo prestados sin plazo contractual o con carácter precario, que son las empresas o las cooperativas que dejarían de operar y cuyos servicios pasarían a ser prestados por OSE...

JI - Dejan de operar de acuerdo a la resolución. OSE tiene que hacerse cargo.

EC - No se sabe cuándo.

JI - No se pueden establecer plazos de forma inmediata porque primero hay que conversar con todos y cada uno de ellos, hay que analizar las inversiones realizadas; no estamos hablando de una expropiación, esto no es un acto revolucionario, es un acto de gobierno y democrático.

EC - Entonces esos servicios pasan a ser asumidos por el Estado.

JI - Exactamente, con todas las garantías, para los usuarios y para los que invirtieron localmente en hacer esta red de distribución.

EC - Es un primer capítulo; después están los dos casos de empresas que sí tenían contrato al 31 de octubre, uno de ellos, Uragua, va a ver el contrato rescindido porque el Poder Ejecutivo entiende que lo incumplió, y la otra en principio va a continuar brindando sus servicios.

JI - Hasta 2018, dentro de trece años; entonces pasaría, si no hay otra reforma, al Estado.

EC - Usted sabe que la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que fue la que impulsó la reforma constitucional, discrepa con esta interpretación.

JI - Sí, lo conozco perfectamente, está en todo su derecho de hacerlo, estamos en un Estado democrático y nosotros contemplamos y admitimos con mucha fuerza la diversidad de opiniones.

EC - O sea, pese a que este decreto hace caer una cantidad de "concesiones" que no tenían contrato, pese a que en definitiva el servicio privado va a quedar limitado a uno solo, el de Aguas de la Costa, el hecho de que se considere que la reforma no afectó los contratos de Aguas de la Costa y Uragua es objetado por quienes impulsaron el referéndum.

JI - Sí, ellos tienen esa forma de interpretar la reforma constitucional.

EC - Entonces el doctor Guillermo García Ducchini, que es asesor jurídico de la comisión, anunció este fin de semana que van a presentar un recurso de nulidad por inconstitucionalidad de este decreto.

(Audio)

"GUILLERMO GARCÍA DUCCHINI:
Una norma de inferior jerarquía a la Constitución que se oponga a ésta es inconstitucional. En ese caso habrá que dar los pasos que lleven a que la misma sea declarada como tal. Cualquier norma inferior a la Constitución es inconstitucional cuando se opone a ésta".

(Fin del audio)

EC - ¿Cómo observan esa reacción?

JI - Entiendo que ésa sea la forma como interpretan la Constitución; no lo hacen así otros analistas, tenemos un informe del doctor Cagnoli en sentido contrario, que habla de que no hay retroactividad; también el doctor Jorge Batlle la interpretó de esa forma inmediatamente después de la reforma en una resolución del mes de noviembre que indicó que cesaban de inmediato todos los prestatarios, luego hubo un análisis y el 13 de diciembre hubo un decreto del Consejo de Ministros expresando que las empresas seguirían prestando los servicios hasta que el Estado les indicara lo contrario, en principio porque no hay un plazo en la reforma constitucional. Eso es muy importante, nosotros establecemos claramente que el tema de los plazos es perfectamente discernible en la reforma constitucional, no lo hay. No estamos en contra de lo que dice la reforma en el sentido de la interpretación de que todas pueden caer si la empresa Aguas de la Costa dentro de trece años pasa al Estado. No hay un plazo para que sea de forma inmediata.

EC - Pero a partir de un decreto como éste el Estado termina enfrentado a varios contenciosos.

JI - Es posible.

EC - Uno con la propia Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, otro con Uragua por el hecho de que el Estado entiende que incumplió su contrato, y no sé qué va a pasar con los otros servicios que están en manos privadas.

JI - Hay que ser cuidadoso con los temas constitucionales, tener mucha cautela en su interpretación, sobre todo cuando las distintas maneras de interpretar tienen consecuencias diferentes para los mejores intereses del país. Me consta que el señor presidente y sus asesores interpretan la no retroactividad precisamente porque tienen asesoramientos importantes de juristas y además con una visión de que es absolutamente lo mejor para el país, en principio por los altos costos que significa interpretar la reforma con sentido retroactivo y además por la propia imagen del país en cuanto a la necesidad imperiosa que tiene de tener inversiones, ser respetuoso con las empresas que invierten y no estar generando una situación de permanente incertidumbre que en definitiva no alienta la inversión. Tenemos casos muy claros de lo que puede pasar en otros países cercanos en el continente donde los contratos no se respetan y los inversores terminan retirándose y sumiéndolos en una pobreza aun mayor que la que tenían cuando llegaron.

EC - Iba a que pese al decreto del viernes pasado el asunto está lejos de terminarse en cuanto a su discusión.

JI - En principio para quienes actuamos en la esfera del gobierno las cosas están perfectamente definidas, tenemos una línea de acción a tomar y operaremos en función de ella hasta tanto se demuestre lo contrario.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe