(Emitido a las 8.50)

EMILIANO COTELO:
El viernes al caer la noche se realizó una nueva Marcha del Silencio impulsada por las organizaciones de Derechos Humanos y en particular por Familiares de Detenidos Desaparecidos. Una marcha que en esta ocasión tuvo la particularidad de contar por primera vez con la presencia de un presidente de la República en ejercicio, el doctor Tabaré Vázquez.

Vázquez hizo breves comentarios en esa ocasión, concretamente entre otras cosas dijo: "Ojalá esta sea la última marcha, ojalá que en este tiempo se aclare todo lo que se tenga que aclarar y se actúe como se tenga que actuar".

Pero de ese mismo día viernes me llamaron la atención otras declaraciones, las del doctor Javier Miranda, abogado del grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Refiriéndose a estas discusiones que se han dado en las últimas semanas entre técnicos de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Humanidades a propósito de cómo encarar los trabajos en el Batallón 13 del Ejército, el doctor Miranda dijo: "Por favor, mi apelación a los técnicos y a todos es: déjense de embromar, no hagan más declaraciones, pongámonos de acuerdo con una conducción única".

Vamos a dialogar con el doctor Javier Miranda.

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Doctor Mirando, antes que nada y en general, ¿con qué panorama, con qué perspectivas se llegó a esta Marcha del Silencio del año 2005?

JAVIER MIRANDA:
Sin duda se llega a ella en un clima muy particular, cuando se están procesando investigaciones en dependencias militares, particularmente en el Batallón 13, cuando hay un pedido de una fiscal nacional penal de procesamiento con prisión de dos presuntos delincuentes, Bordaberry y Blanco, sin duda en un marco muy especial, y por primera vez con la presencia de un presidente de la República en la marcha que había asistido en otros momentos sin esa investidura. Sin duda era un momento particular.

EC - Ya que mencionamos al doctor Vázquez, ¿cómo le sonó esa expresión "ojalá que ésta sea la última marcha"?

JM - Coincidimos plenamente, ojalá sea la última. Será la última cuando sepamos qué pasó con todos y cada uno de los desaparecidos. Ojalá sea la última.

EC - En ese sentido, ¿qué impresión tiene a propósito de cómo marchan los trabajos que se han ordenado?

JM - En general bien, salvo esas escaramuzas que usted mencionaba al principio, de algún levante que hizo la prensa del sábado. Están encaminadas las investigaciones, hay convenios entre la Universidad de la República y Presidencia de la República, que nos parecen de la mayor trascendencia. En ese sentido vemos que se ha ido avanzando.

EC - Claro, pero recordemos que Presidencia de la República entre los dos equipos posibles se volcó hacia uno de ellos, y eso generó las reacciones que estamos mencionando, ha privilegiado el método de los geomorfólogos, y del lado de los antropólogos fue que surgieron los cuestionamientos a la decisión. Por ejemplo la antropóloga Elizabeth Onega dijo que éste es un trabajo puramente arqueológico y que han estado tratando en el tema personas que no cuentan con la idoneidad para hacer las consideraciones.

JM - Yo francamente no sé absolutamente nada de geomorfología ni de arqueología. Lo que sé es que hay un convenio firmado el 6 de mayo de este año entre la Universidad de la República y Presidencia de la República por el cual se dispone que la Universidad colaborará con Presidencia en esto.

Yo estuve dos veces reunido con el rector de la Universidad de la República, el ingeniero Guarga, en una oportunidad solo, en otra con compañeros de Familiares, tuvimos acceso a ese convenio, y la apelación y la coincidencia que además tuvimos con el señor rector en ese momento fue: aquí no puede entablarse una disputa de terrenos académicos entre Facultad de Ciencias y Facultad de Humanidades, u otras facultades, aquí tenemos que trabajar todos juntos. Creo que eso está claro y eso fue lo que se resolvió. Hoy la conducción la tienen la Universidad de la República, su representante de mayor prestigio, como es el rector, y Presidencia de la República, creo que allí hay que dar la discusión.

Esa apelación que recoge la prensa del sábado, cuando yo digo "que se dejen de embromar", que además es un levante parcial de unas declaraciones que yo hice a una radio...

EC - Sí, fueron declaraciones suyas en Radio Futura.

JM - Claro, que fue la única que me llamó; después las levanta particularmente El Observador, sin decir que parte del "déjense de embromar" va también para el propio El Observador, que había titulado creo que el jueves o el miércoles en primera plana "Aparecen restos en el Batallón 13" o algo por el estilo.

EC - Sí, a propósito de que se habían encontrado algunos huesos o pequeños restos óseos.

JM - Ahí había en todo caso una fuerte apelación también a la seriedad –no quiero tratarlos de no serios–, a la mesura con que hay que tratar estos temas, porque por supuesto que en el más legítimo ejercicio de la libertad de prensa, la prensa puede publicar lo que le parezca más conveniente de la forma que le parezca más conveniente, pero también tiene una responsabilidad de proteger la sensibilidad que estos temas causan. Yo decía en ese pasaje que aquí no estamos buscando una civilización precolombina, no estamos en un parque jurásico buscando dinosaurios, sino que estamos buscando restos de personas que son familiares de personas que hoy están vivas y que tienen una sensibilidad particular.

La prensa puede hacer ejercicio de la libertad de prensa, pero creo que tiene que tener una cierta sensibilidad con este tema, que El Observador en esa oportunidad no tuvo, como no la ha tenido en otras. Manifestaba explícitamente mi molestia con El Observador; obviamente El Observador no recoge eso.

EC - También hubo comentarios –no sé si usted estaba aludiendo a ellos con estas declaraciones del viernes– de Horacio Soya, antropólogo del Instituto Técnico Forense que fue designado por la justicia como veedor en estas excavaciones del Batallón 13, quien indicó que aún no ha sido invitado a participar en las tareas y sostuvo que la justicia debería estar presente en todo el proceso de investigación, y no sólo cuando se comience a excavar. Es más, en declaraciones a Últimas Noticias indicó que la investigación actual no es seria; dijo: "Los técnicos de la Universidad que trabajan para el gobierno están capacitados para hacer las excavaciones, pero no tienen experiencia alguna en el tema forense, como sí la tiene el equipo argentino".

JM - Con respecto al equipo argentino de antropología forense coincidimos plenamente, Familiares ha marcado que tenemos una mayor confianza en ese equipo porque hace 20 años que trabajamos con ellos. Esto no es desconocimiento de los técnicos de la Universidad ni del Poder Judicial ni de ningún órgano nacional, simplemente conocemos la larguísima experiencia del equipo argentino y creemos que debe participar activamente, como está previsto en el convenio del 6 de mayo que mencionábamos. Eso me parece fundamental.

Luego si el investigador Soya entiende que no es serio lo que hace la Universidad, que lo diga en el ámbito de la Universidad, no le hace ningún bien a este proceso que salgan distintos técnicos a decir "esto es bueno", "esto es malo". Yo francamente, insisto, no sé nada de arqueología, de geomorfología ni nada, simplemente voy a hacer confianza en aquellos técnicos que demuestren que se les puede tener confianza. Estas declaraciones no sirven a la investigación, es muy malo este proceso en ese sentido.

EC - Ha habido más declaraciones en realidad –y disculpe que siga mencionando algunas de ellas, pero quizás el grupo Familiares las comparte–; me refiero a las reservas o las preocupaciones que ha expresado el PIT-CNT por la forma como se vienen llevando adelante estos trabajos. El PIT-CNT entiende que el Poder Ejecutivo tiene que informar a la justicia y debe ajustarse a los procedimientos que quedan marcados en el artículo 4º de la ley de caducidad. "Se trata de una investigación en una causa penal y legalmente corresponde que intervengan el juez y la fiscal supervisando los trabajos", dijo el abogado de la central de trabajadores, Pablo Chargonia.

Por otro lado Raúl Olivera, que integra la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, dijo que el gobierno debe primero abrir una investigación administrativa. "Yo no conozco que haya una investigación administrativa y que se haya designado instructor. Hasta este momento no hay cumplimiento del artículo 4º, no sabemos qué se está buscando en el Batallón 13, si la prueba del delito de Elena Quinteros o la operación zanahoria, por la cual habrían sido desenterrados cuerpos que en su momento estuvieron en ese batallón".

¿Cómo observan este tipo de consideraciones? ¿Las comparten o no?

JM - Es la misma discusión. Primero, hay una contradicción en sostener por un lado que se hace en cumplimiento de un procedimiento jurisdiccional y decir que es aplicación o no del artículo 4º. El artículo 4º prevé una investigación administrativa que eventualmente podría llevar adelante el Poder Judicial, pero eso es resorte del Poder Ejecutivo y en todo caso ahí no hay compatibilidad.

EC - ¿Ante qué estamos concretamente? ¿Se está investigando el caso Elena Quinteros o se está haciendo la investigación administrativa del capítulo desaparecidos por el Poder Ejecutivo?

JM - Lo relevante aquí es que hay una investigación en dependencias militares, que sea en cumplimiento del artículo 4º o en cumplimiento de órdenes jurisdiccionales es absolutamente secundario. Aquí se trata de: ¿hubo o no enterramientos clandestinos en el Batallón 13? Si los hubo, ¿hay posibilidades de obtener restos o no? Si se pueden obtener restos, ¿se pueden identificar o no? Si se pueden identificar, ¿a quiénes corresponden? Eso es lo que realmente importa, todo el resto es mucho ruido que en realidad no colabora.

Estoy totalmente de acuerdo en que debe haber el mayor contralor posible –en esto coincido plenamente con la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT– en esa investigación, o sea que la misma dé las máximas garantías a todos los interesados en este tema, que es toda la sociedad, pero después si es artículo 4º o no, si es una investigación jurisdiccional o no, no me preocupa. El juez de la causa que tenía la medida de no innovar en el Batallón 13 está perfectamente enterado, también la fiscal, en todo caso hay que mantener informado o tiene que participar directamente el Poder Judicial. ¿Pero qué es lo relevante aquí? Lo que decía: ¿hay restos o no en el Batallón 13?, ¿los hubo, hubo enterramientos clandestinos o no? Eso es lo relevante.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe