(Emitido a las 8.54)

EMILIANO COTELO:
El senador de la Vertiente Artiguista, Encuentro Progresista, Enrique Rubio, propuso que el Estado compre la empresa Aguas de la Costa, que es la única firma privada que va a continuar prestando servicios de agua potable y saneamiento.

Vamos a dialogar con él para conocer más de esta propuesta.

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Senador Rubio, ¿por qué esta propuesta?

ENRIQUE RUBIO:
Yo seguí esto como diputado durante años. No olvidemos que fue un contrato que hizo cuando la administración Lacalle estaba con el pie en el estribo, para salir, y durante años recibimos los reclamos de la población que está al este del arroyo Maldonado. La gente cree, mirando de lejos, que se trata de una zona exclusivamente de clases altas, pero hay mucha gente de clases medias y de sectores muy populares, escuelas y demás. Entonces está esta situación...

EC - Situación que se creó con el decreto del viernes pasado del Poder Ejecutivo.

ER - Yo estoy de acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo.

EC - El decreto interpreta qué impacto tiene la reforma constitucional del agua sobre los servicios privados de agua potable y saneamiento.

ER - Exactamente, el decreto es perfectamente coherente con lo que siempre dijimos, que íbamos a respetar la voluntad ciudadana y los contratos existentes. Entonces, estudiados los contratos desde el punto de vista jurídico se ve que hay un conjunto de situaciones precarias de pequeñas empresas por un lado, por otro lado está el grueso, lo que es por lejos de mayor impacto, que es la situación de la empresa Uragua, donde hay claros incumplimientos del contrato y se iría a la rescisión. Después hay una situación puntual que quedaría que es la empresa Aguas de la Costa, al este del arroyo Maldonado, donde está vigente el contrato y el gobierno lo reconoce porque tiene un interés político y de certidumbre jurídica de no alterar determinadas reglas establecidas en marcos legales.

Entonces yo digo, se puede estudiar desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las transacciones económicas, por la vía de la compra. Se puede estudiar. Realmente, a veces tenemos una especie de pereza para imaginar situaciones distintas para tener una política coherente en todo el país por parte de OSE. Porque es una pequeña empresa que queda pero que en realidad los costos desde el punto de vista de la gente en materia de conexiones fundamentalmente, de agua y de saneamiento, son altísimos. Los cargos fijos para la mayor parte de la gente arrancan en 840 pesos y las conexiones de agua y saneamiento son inviables, incluso en el caso del saneamiento para las capas medias de la zona, porque estamos hablando de 1.000 y pico de dólares.

EC - Si entiendo bien, por un lado con su idea se procura atender ese tipo de reclamos que han existido con respecto a los servicios de Aguas de la Costa, pero al mismo tiempo desactivar o atenuar las apelaciones que se han anunciado al decreto del viernes del Poder Ejecutivo. Tanto desde la comisión que impulsó la reforma constitucional del agua como ayer desde el Partido Colorado se argumenta que el decreto sería inconstitucional. Recordemos qué dice la disposición tan discutida de la reforma: "El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales". Entonces tanto la Comisión en Defensa del Agua como ahora el Partido Colorado entienden que lo que debió haber ocurrido es la caída directamente de todas las concesiones, incluidas las que tenían contrato al 31 de octubre.

ER - Pero desde el punto de vista del análisis del Poder Ejecutivo y del gobierno en materia de certidumbres jurídicas esa no sería la consecuencia para todos los casos.

EC - Con esto usted busca...

ER - ...una salida por otro lado.

EC - ...matar varios pájaros de un tiro.

ER - Exactamente, algo que contemple el reclamo de los ciudadanos, esta especie de desencuentro que se da en esta situación, que en realidad creo que desde el punto de vista de la política del sector público y de OSE es la mejor. No estoy buscando una salida simplemente porque haya diferencias de opinión, estoy buscando una salida o tratando de sugerir una idea para tomar un camino que permita una política más racional desde el punto de vista de la administración de los recursos públicos. Hay muchas ingenierías financieras, depende de cuánto valen las cosas.

EC - Entonces lo que usted busca con esta idea de que el Estado adquiera Aguas de la Costa es que el resultado final termine siendo que sólo haya servicios de agua potable y saneamiento prestados por el Estado, o sea que se respete el espíritu de quienes han sido más radicales en la interpretación de la reforma constitucional.

ER - Que se respete el espíritu de la voluntad ciudadana y al mismo tiempo las certidumbres jurídicas que para los inversores son muy importantes en este país.

EC - Se iría a una negociación para comprar Aguas de la Costa. ¿Cuánto costaría? ¿De dónde saldrían los recursos? Es un tema crítico.

ER - Lo veremos. No hay inversiones demasiado importantes, las inversiones ya estaban, estamos hablando de entre 3.500 y 4.000 usuarios, según la información que tengo. Lo que hay que determinar es cuáles son los retornos esperados desde el punto de vista de las inversiones, porque se trata de una sociedad anónima; por la información que yo tengo no son cosas de un volumen demasiado importante.

Como sector público uno puede tener propuestas más interesantes, siempre que sean razonables.

EC - ¿Por ejemplo?

ER - Por ejemplo el Estado uruguayo emite bonos que a veces tienen retornos más razonables para el inversor en el largo plazo que el que puede tener determinado tipo de inversiones que han realizado en una empresa que a su vez tiene cuestionamientos y demás, y donde también ha habido cuestiones ambientales muy fuertes en debate en relación con la laguna Blanca y sus impactos.

Son temas a examinar, no es que uno imponga salidas; busca, explora –de repente el primer día el que está del otro lado dice "lo mío cuesta cuatro veces más"– otras posibilidades y alternativas. A veces nos cerramos a los mecanismos clásicos cuando tenemos otras ingenierías de las cuales disponer.

EC - ¿Lanza esta idea sin haber conversado antes a nivel de gobierno?

ER - He tenido distintos intercambios y voy a tener otros.

EC - Por ejemplo, el ministro del ramo, el ministro de ese sector, el arquitecto Mariano Arana, es de su propio grupo político.

ER - Sí y está enterado de que existe este tipo de sugerencias. He decidido plantearlo públicamente para que se examine la situación a distintos niveles porque esto depende de decisiones que se toman a distintos niveles. No es sólo el problema de un ministerio, hay que conjugar distintos tipos de intereses y sugerir ideas a analizar. También ha habido intercambios privados, se le ha planteado a alguna autoridad de OSE que se examine este tipo de alternativa. Estamos en el campo de las sugerencias.

EC - El decreto está por ser impugnado no sólo por la Comisión de Defensa del Agua, eventualmente por el Partido Colorado, sino también por algunas de estas empresas pequeñas de la zona de Canelones, por mencionar un caso, que quedan directamente fuera del servicio de acuerdo a lo que implica el decreto.

ER - Habrá impugnaciones, veremos los fundamentos que tienen. Yo estoy totalmente de acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo; lo que digo es que por vía paralela, sin afectarlo, se puede hacer otro tipo de negocios y tomar otro tipo de decisiones cuyo resultado final sea una gran empresa pública que tiene que ser reformada y en la que tiene que haber inversiones y demás, que es OSE, que tenga políticas de administración de recursos coherentes en todo el país, y no que tengamos situaciones locales incongruentes desde el punto de vista de las nuevas políticas. A esos resultados se puede llegar por distintos caminos.

EC - Pregunta una oyente, Rosana, del Centro: "Para lo que usted propone con respecto a Aguas de la Costa, ¿cuál es la diferencia entre ir a la rescisión del contrato y pagar la indemnización y esto otro, negociar con la empresa y comprarla?".

ER - Puede haber una diferencia económica muy grande, porque si voy a la rescisión del contrato sobre la base de lo que está establecido en los documentos y los papeles los costos pueden ser infinitamente más altos.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe