(Emitido a las 9.10)

EMILIANO COTELO:
¿Cómo manejará el gobierno de izquierda los reclamos salariales de los funcionarios públicos? El tema aparece como uno de los desafíos más delicados de la administración que encabeza Tabaré Vázquez, por dos motivos: primero por los problemas fiscales que arrastra el país y segundo por el antecedente bien fresco de los conflictos que se dieron a nivel municipal entre la Intendencia dirigida por el Frente Amplio y ADEOM, el sindicato de empleados municipales, o entre ADEOM y la Intendencia de Montevideo.

Por ejemplo, ¿hay margen para que el ajuste de salarios sea más que la inflación pasada? ¿En qué medida es posible recuperar el salario real perdido durante los últimos cinco años, como reclaman los sindicatos? Y, por otra parte, ¿qué contrapartidas se exigirá a cambio de las mejoras?

En los últimos días la negociación se ha puesto bastante tensa a partir de anuncios surgidos del gobierno y respuestas de los dirigentes de COFE. ¿Qué cabe aguardar entonces en las reuniones que se reanudan hoy?

Vamos a conversarlo con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y encargado de las negociaciones con los funcionarios, contador Daniel Mesa.

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Contador Mesa, la negociación salarial con COFE viene tensa desde hace varios días pero esta semana se agregaron elementos nuevos al debate. Le menciono uno en primer lugar: que desde la OPP surgió la versión de que en 2005 y 2006 no habría margen para empezar a recuperar el salario perdido por los empleados públicos en el pasado, porque las prioridades del presupuesto serán el Plan de Emergencia y el reordenamiento fiscal. ¿Esto es correcto?

DANIEL MESA:
Parcialmente correcto. En realidad no fue esa la información que salió de OPP.

EC - ¿Lo puede aclarar?

DM - Sí, cómo no. Esa restricción del manejo fiscal y esa prioridad que tomó el gobierno en cuanto a solventar el Plan de Emergencia indudablemente juegan sobre los recursos de los primeros dos años del gobierno que, como ha sido manifestado por varias vías y reiterado por el presidente de la República en los últimos días, son los años en que tendremos menos margen fiscal para cualquier cosa. Situación que se levanta progresivamente a partir del año 2007. Eso es cierto, es así, y lo venimos conversando con los sindicatos de la administración pública desde que comenzaron las negociaciones, ha sido nuestro planteo desde el principio: las dificultades en los primeros dos años.

Eso no quiere decir que no haya ninguna posibilidad de comenzar la recuperación salarial desde el comienzo.

EC - Según ha dicho la dirigencia de COFE, lo que esperan es que el gobierno acceda a otorgar el 1 de julio un aumento superior al IPC, atado a un mecanismo de ajustes selectivos para recuperar los salarios públicos más bajos.

DM - Sí. Con COFE tenemos algunos puntos de vista en común. En primer lugar, que los ajustes salariales sean dispuestos de tal manera que los salarios menores recuperen más que los más altos, o sea que no sean iguales para todo el mundo. En segundo lugar, estamos de acuerdo en la necesidad de recuperar el salario perdido en el último quinquenio, pero pensamos que no es posible hacerlo en el corto plazo, que es una tarea del total del quinquenio, y no en forma proporcional ni igualitaria sino según la holgura fiscal que se tenga en cada momento.

EC - Concretamente, yendo al 1 de julio, ¿qué tipo de aumento se está dispuesto a dar desde el gobierno?

DM - El 1 de julio sería un piso del aumento la inflación pasada y de ahí en adelante lo que la posibilidad fiscal del gobierno que se pueda prever hacia fines de junio permita. O sea, la recuperación en el primer ajuste será muy modesta.

EC - Usted está enfatizando que algo de recuperación salarial habrá ya en este primer ajuste para cumplir este año con la idea de empezar a compensar lo perdido en los cinco años anteriores. Pero con una advertencia muy seria de modestia en los primeros pasos.

DM - Correcto, esa es la idea.

EC - ¿Y también modestia en los siguientes pasos? Porque las declaraciones del economista Viera, director de la OPP, hablaban de restricciones serias en 2005 y 2006.

DM - Es claro que el ritmo de recuperación va a ser lento en 2006 y se va a acelerar en los años siguientes, va a ser progresivo.

EC - Por otro lado, también a principios de la semana, trascendió que en este cónclave que el gabinete realizó en la estancia de Anchorena, el sábado y el domingo, se acordó que cuando se produzcan ajustes de recuperación salarial, estos se darán por la vía de incentivos condicionados a determinadas contrapartidas de los funcionarios, por ejemplo presentismo y eficiencia. ¿Esto es correcto?

DM - Yo no sé lo que se habló en Anchorena porque no estuve...

EC - Pero el director de OPP sí estuvo y algo puede haberle informado.

DM - Puedo decirle con qué criterio estamos manejando ese aspecto. Pensamos –lo propusimos y hubo acuerdo con los trabajadores, tanto de la administración central como con los de los entes, con los cuales está más avanzada la negociación– que en la posibilidad de establecer un acuerdo o convenio de recuperación salarial para fijar de alguna manera el compromiso de recuperación en el quinquenio. También planteamos que un convenio implica derechos y obligaciones de todas las partes. El Estado no es una empresa, por lo tanto no gana achicando el porcentaje o el volumen de recuperación salarial, el objetivo del Estado en un convenio de esta naturaleza, aparte de cumplir una cosa que piensa que es justa, es lograr como resultado una gestión más eficiente en todos los lugares. Y esa gestión más eficiente tiene que ver con compromisos de los funcionarios. Se liga en general con procesos más globales, no está ajeno al proceso de reforma del Estado, implica por un lado más democracia, un intento de aumentar la participación del ciudadano en los asuntos del Estado y también más eficiencia del Estado. Precisamos un Estado que se ponga al frente de un proceso de desarrollo económico-social con equidad a nivel nacional, lo que implica un Estado diferente del que hoy tenemos.

EC - ¿También está de por medio la experiencia adquirida en la Intendencia de Montevideo en el relacionamiento con el sindicato ADEOM? Porque más de una vez se ha reconocido, desde el FA, que se cometió un error al comienzo de la primera Intendencia, la que encabezó el propio doctor Tabaré Vázquez, cuando se redujo la jornada laboral de ocho a seis horas sin exigir nada a cambio. Le menciono ese antecedente para ver si está jugando en este tipo de criterios que ustedes manejan en el Poder Ejecutivo.

DM - Sí; además de la experiencia pasada, que siempre deja enseñanzas, es claro que los convenios entre dos partes tienen que significar ventajas para las dos partes si no, no pueden existir. Desde ese punto de vista es que planteo que el objetivo del Estado en cualquier convenio es aumentar su eficiencia. Y eso pasa también, volviendo al tema general de reforma del Estado, por aumentar el grado de participación –cerrando también con el tema democracia– de los propios trabajadores en el sentido de escuchar sus propuestas, compartir información, hacer consultas. Esto tiene que ver con los incentivos también.

EC - Tratando de aterrizar más concretamente, ¿hay que entender que los ajustes de recuperación salarial van a estar ligados, condicionados a conceptos como eficiencia y presentismo?

DM - No exactamente; pueden ser parte de un convenio en el que intervengan elementos que nos ayuden a elaborar una propuesta común de incentivos para ganar más eficiencia. Le doy un ejemplo –sigo tirando ideas que hay que aterrizar–: para generar una motivación más alta en los trabajadores, el trabajo que hoy es formal, repetitivo, burocrático, debería transformarse en creativo, o sea dar más margen de participación, más posibilidad de creación, más posibilidad de movilidad en el trabajo, o sea trabajar con el tema de la carrera funcional. Habría que acercarse a la tesis de a igual función igual remuneración y tendríamos que establecer alguna relación entre el salario y el desempeño, que es parte de los problemas que tenemos.

EC - Entre el salario y la eficiencia.

DM - Claro, y el desempeño de cada uno, de cada grupo.

EC - Se llegó a manejar el término "productividad" en algunos trascendidos hace pocos días, pero parecería que se ha optado por sustituirlo por "desempeño", según expresiones que prefirió emplear el contador Danilo Astori. Según decían algunas de las crónicas sobre lo que se conversó en Anchorena, el ministro de Economía indicó que el término productividad se relaciona con la actividad privada y que no puede concebirse en la actividad pública, por eso propuso el término desempeño.

DM - Claro, porque, ¿cómo podemos medir el desempeño? Lo podemos medir en función de la tarea que se va a desarrollar, de los objetivos y las metas a alcanzar en una cierta tarea. Si nos acercamos a cumplir los objetivos y las metas, quiere decir que el desempeño de la unidad organizativa que sea se acerca a lo previsto, a lo que se quiso hacer. Para eso no sólo hay que establecer un mecanismo de relación entre el salario y el desempeño, que puede hacerse de muchas maneras y es motivo de discusión con los trabajadores, sino que también tiene que estar claro cuáles son los objetivos y las metas de cada unidad organizativa. Eso es parte del proceso de elaboración del presupuesto nacional que está en desarrollo.

EC - O sea que esas contrapartidas, por llamarlas de alguna manera, no se medirían individualmente, funcionario por funcionario, sino que se medirían por secciones, por departamentos.

DM - Ese tema aún está en discusión, porque hay tesis que plantean que lo correcto es medir por grupo, por equipo, colectivamente, y hay tesis que sostienen que hay que hacer una medición individual. Quizás ambas alternativas tengan argumentos válidos para sustentarse, pero todo esto es motivo de discusión y avance en el trabajo permanente de la Oficina Nacional del Servicio Civil, va a ser cada vez más parte de las discusiones en los distintos instrumentos de negociación colectiva. Estamos en medio de un complejo proceso de cambios, que tiene muchas puntas, pero que tiene algunos criterios centrales.

EC - ¿Cuáles son los criterios centrales?

DM - Ciertos caminos, ciertos andariveles del proceso de reforma del Estado de lo que esto es parte, del proceso de elaboración del presupuesto del que esto es parte, y la búsqueda en general de una gestión más eficiente. Por esos andariveles anda la cosa.

EC - En una entrevista con el diario Últimas Noticias en el día de ayer usted mencionó que el gobierno pretende establecer algún tipo de salvaguardad de manera que no se repita la experiencia de la Intendencia de Montevideo. Y creo que aquí usted estaba aludiendo a otro episodio más reciente de la relación Intendencia-ADEOM, el del convenio salarial que estableció convenios de ajuste que después no pudieron ser cumplidos por lo que pasó en el país, por la crisis que se desató a partir del año 2002.

DM - Exacto, el planteo es: no vamos a acordar un convenio que no estemos seguros de poder cumplir. O sea, tenemos que prever en el propio convenio qué hacemos si hay una crisis como la de 2002, por ejemplo. Darnos a todas las partes garantías de que lo que acordamos se va a cumplir.

EC - Agrego que usted fue jerarca de la Intendencia de Montevideo, o sea que conoce varias de estas cuestiones bastante de cerca. Usted se desempeñó como director de Planeamiento y Presupuesto en la Intendencia.

DM - Sí, correcto, en los primeros dos años de la Intendencia del actual presidente de la República.

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EC - Usted explicaba los criterios generales con los que se encara esta negociación que está en curso con los funcionarios públicos. ¿Cómo califica el estado de esos contactos? La semana pasada las cosas se pusieron bastante espesas, incluso a partir de esa reunión que se frustró, que iba a tener lugar en el Edificio Libertad.

DM - En realidad fue una postergación de una reunión por motivos locativos. Se dio una cantidad de actividades ese día y a esa hora que no hacían compatible el ingreso de 200 y pico de funcionarios al hall del Edificio Libertad a la hora para la que estaba pactada la reunión. Planteamos la postergación para habilitar que se hicieran las cosas tal como COFE tenía previsto.

EC - El sindicato lo tomó muy mal, lo consideró una afrenta. ¿Cómo quedaron las cosas después?

DM - Supongo que bien, porque mantuvimos un diálogo durante todo ese proceso complejo, que todos hubiéramos querido que fuera distinto pero no fue y fijamos inmediatamente la siguiente reunión para el día de hoy. De modo que desde nuestro punto de vista simplemente se retrasó una reunión, no quisimos menoscabar a nadie, pero nos vimos obligados a tomar resoluciones en función de esas condicionantes que teníamos para la reunión.

EC - Estas negociaciones abarcan el futuro de los salarios de los funcionarios de la administración central. ¿Qué pasa con los funcionarios de los entes autónomos y otras dependencias del Estado?

DM - Para los funcionarios de los entes autónomos hay otro grupo que está negociando, las negociaciones son parecidas aunque no iguales; los temas generales diría que son los mismos, en los entes autónomos hay muchos más avances en cuanto a los sistemas de remuneración. No es parejo en todos, ya existen sistemas por productividad que será necesario analizar junto con los sindicatos y los directorios de los entes para ver qué experiencia han dejado, positiva o negativa y qué cosas habría que mejorar desde ese punto de vista. Pero es una negociación paralela.

Otro tipo de negociaciones recién comienza. En las negociaciones con los entes del 220, con los entes de la enseñanza –cuya primera versión es que empezaron negociaciones de ANEP con sus trabajadores–, nosotros actuamos como apoyo y como asesores, pero son los entes en uso de su autonomía los que negocian realmente.

EC - ¿Qué se va a hacer en estas negociaciones con las distintas, demasiadas fórmulas de negociación laboral que terminan existiendo con funcionarios o servidores públicos? Me refiero a todo ese paquete de pasantías, becas, contratos de arrendamiento de obra, etcétera.

DM - Hay una comisión, un grupo de trabajo con integración de funcionarios y de la Oficina de Servicio Civil que está trabajando desde hace alrededor de 20 días en ese tema, que es bastante complejo y que implica, como todos los demás, llegar a una propuesta de cómo deben ser las cosas, y después establecer una transición entre la situación actual y el objetivo que se quiere cumplir. La situación es muy compleja, afecta la situación personal de muchas personas, y se afecta también el funcionamiento de la administración. Entonces hay que analizar con cuidado caso por caso, lugar por lugar, e ir tomando soluciones de corrección que vayan en camino de una solución general más permanente, que es lo que se está discutiendo a nivel de esa comisión para hacer propuesto.

EC - Llega una consulta de la audiencia a propósito de la cautela con la que se va a encarar los números de los ajustes salariales y sobre todo la cautela con la que se va a encarar el proceso de recuperación del salario perdido en los últimos cinco años. Roberto, de Pocitos, pregunta: "En los consejos de salarios la pauta del gobierno es más de 10 por ciento de aumento para los privados; ¿por qué se les exige más a los privados que a las propias organizaciones del Estado?".

DM - Lo que pasa es que en el caso de los privados da la impresión de que el universo es mucho más abierto, que hay empresas que han hecho ajustes periódicamente durante todo este tiempo desde el punto más agudo de la crisis hasta ahora, y otras empresas que no hay hecho ajustes, por lo tanto va a haber porcentajes variables, de acuerdo a la pauta que estableció el Ejecutivo. Para algunos es un porcentaje más grande porque hace más tiempo que no ajustan, y para otros es un porcentaje más chico porque han ajustado en el medio.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe
Fotos: Gentileza Sepredi