(Emitido a las 7.35)

EMILIANO COTELO:
Ayer la Corte Electoral (CE) decidió inhabilitar la inscripción cívica del ministro frenteamplista del Tribunal de Cuentas (TC) Ariel Álvarez. La resolución se tomó por siete votos contra dos y la sanción es por un año.

La CE dispuso ayer la inhabilitación de la inscripción cívica del contador Álvarez, quien además es el posible futuro presidente del organismo. ¿Cuál fue el motivo de esta decisión de suspender la ciudadanía? La existencia de una sentencia de condena ejecutoriada de la justicia.

Horas más tarde, el Encuentro Progresista (EP) promovió en la Asamblea General una declaración ratificando la confianza del Parlamento en el jerarca, pero –destaca el diario El País hoy– la iniciativa no tuvo éxito porque si bien contaba en principio con los votos para ser aprobada, la sesión finalmente se quedó sin quórum.

La propuesta de la izquierda fue duramente criticada por la oposición, el debate fue francamente áspero, desde el Partido Colorado (PC) y desde el Partido Nacional (PN) se acusó al oficialismo de atentar contra la separación de poderes.

Vamos a ver este tema desde dos ángulos. En primer lugar desde el de la oposición. Para eso, estamos en diálogo con el diputado José Amorín Batlle, de la Lista 15 del Partido Colorado.

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Diputado Amorín, ¿por qué ustedes entendían que el EP atentaba contra la separación de poderes con esta moción, con esta declaración que puso a consideración ayer en la Asamblea General?

JOSÉ AMORÍN BATLLE:
La situación es tal cual usted la comentó en la introducción. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el órgano máximo, que condena al contador Ariel Álvarez por el delito de injuria, que es un delito con pena de prisión. La Constitución dice con absoluta claridad, en el artículo 80, inciso 4, que la ciudadanía se suspende cuando hay pena de prisión, o sea que encuadra perfectamente el tema del contador Ariel Álvarez. Por lo tanto la CE hizo lo que la Constitución manda hacer. En realidad lo que hace la CE es una declaración, la ciudadanía se pierde de hecho con la sentencia de la SCJ.

EC - Desde el EP se sostenía que la situación de Álvarez era otra, que no veía afectada su ciudadanía, ya que la pena fue suspendida, fue resuelta en suspenso por la SCJ, que fue la última que falló en esta materia.

JAB - Exactamente, la pena fue resuelta en suspenso, pero el delito sigue y la pena está en suspenso. La Constitución es absolutamente clara en este tema. Francamente nos sorprendió la posición del Frente Amplio (FA) porque atacó no sólo la decisión del TC, sino también la sentencia de la SCJ diciendo que no sabía cuáles eran los interesases que la habían llevado a actuar de esa manera. El discurso del senador Korzeniak fue especialmente duro y desde mi punto de vista especialmente irrespetuoso con la SCJ.

EC - ¿Concretamente qué cosa del discurso de Korzeniak está mencionando?

JAB - Fue un discurso de aproximadamente una hora, no recuerdo las palabras textuales, pero le puedo decir que notoriamente hubo insinuaciones de que la SCJ no había actuado como debía actuar y que podía haber sido guiada a actuar de esa manera por quién sabe qué cosas. Notoriamente hubo un velo de sospecha sobre la actuación de la SCJ y francamente me parece que es entrar en un camino absolutamente peligroso.

EC - En el discurso de Korzeniak también hubo críticas a la CE, pero usted se está deteniendo ahora en las críticas a la SCJ.

JAB - Primero lo más importante. Hubo críticas serias a la SCJ y absolutamente infundadas. Para defender la posición de un compañero de su sector político atacar a la SCJ es francamente peligroso. Los uruguayos durante todos estos años hemos aprendido a respetar a la justicia, usted ve que siempre que una persona entra al juzgado porque tiene algún problema personal se dice "vamos a respetar lo que diga la justicia", siempre se ha hecho así y creo que es un sentimiento que tenemos todos los uruguayos. Que porque haya un fallo contrario a los intereses de una persona que sin lugar a ninguna duda cometió un exceso, un exceso grosero, como lo hizo el contador Ariel Álvarez, el senador Korzeniak ponga en duda la actuación de la SCJ me parece peligroso, malo para la democracia y de alguna manera malo para la separación de poderes. Es claro que el Poder Legislativo no se debe meter en lo que hace la SCJ en materia jurisdiccional.

En segundo lugar, también hubo ataques a la CE diciendo que su legitimidad se veía afectada porque es la misma que viene desde hace 10 años. En ese caso el PC, concretamente el doctor Sanguinetti, salió a aclarar la situación y dijo: "vamos a no echarle la culpa a quien no la tiene".

EC - El senador Korzeniak sostuvo lo siguiente: "La CE uruguaya tiene una enorme honestidad en materia de conteo de votos, pero obedece disciplinas políticas cuando interpreta normas de la Constitución o la ley".

JAB - Yo no tengo esa opinión, pero evidentemente en este caso los representantes del FA actuaron de esa manera, porque es un tema que no tiene dos interpretaciones, es absolutamente claro. Cuando el juzgado le envía la sentencia a la CE, no la envió al Poder Legislativo, no se la envió a usted, se la envía a la CE. ¿Para qué lo hace? Se la envía a la CE para que ésta aplique el artículo 80, es decir suspenda los derechos de ciudadano de quien ha cometido un delito, como es el caso del contador Álvarez.

EC - Lo que está como telón de fondo de este cuestionamiento a la CE es el hecho de que no ha sido renovada, que no responde al actual esquema de distribución de votos, el que se dio en las últimas elecciones; tampoco había sido renovada en el período anterior.

JAB - Eso no es culpa de la Corte, es culpa de nosotros los legisladores que no nos pusimos de acuerdo ni en los cinco años anteriores ni en lo que va de este período en cómo renovarla. Eso compete a la Asamblea General. Así como la Asamblea General podía ayer haber destituido al contador Álvarez por dos tercios de los votos, es la Asamblea General que designa por dos tercios de los votos a la CE, no es el Poder Ejecutivo ni nadie más que designa a la CE y francamente no nos hemos puesto de acuerdo. Que salga del órgano que en este tema está en falta, que somos nosotros, que la Corte no tiene legitimidad porque no se ha renovado desde hace 10 años francamente es un argumento poco llevable, usted tiene la culpa de algo y culpa al otro de su culpa. No tiene sentido, es absoluta responsabilidad de la Asamblea General; del mismo modo que el gobierno no se ha puesto de acuerdo con la oposición en la distribución de cargos en los entes autónomos y servicios descentralizados, la Asamblea General no se ha puesto de acuerdo en la integración del TC y de la CE, que son los dos organismos que designa directamente.

EC - Pero todo este debate en la Asamblea General se dio a partir de una iniciativa del EP con esa moción por la que se iba a ratificar la confianza del Parlamento en el contador Álvarez. Una moción que finalmente no pudo votarse porque el cuerpo se quedó sin quórum.

JAB - Usted sabe que el EP tiene quórum propio, si quiere votar algo se quedan los legisladores en sala y la moción se vota. Cuando la Asamblea se quedó sin quórum había muchos legisladores colorados, le diría que prácticamente todos; no estoy seguro de que estuvieran todos los senadores, yo estuve conversando con dos. El PC estaba y quiero suponer que el FA a lo largo del debate se dio cuenta de que no valía la pena que la Asamblea General se expidiera sobre este tema y por eso no hubo quórum. La otra posibilidad es que en un acto de poca responsabilidad no se hayan quedado en sala y por lo tanto la asamblea quedó sin quórum. Pero si el FA tiene interés en aprobar cualquier declaración o proyecto de ley que requiera mayoría simple lo puede hacer porque tiene los votos para eso, el FA solo da el quórum, si se van los otros tres partidos de sala y se queda el FA, da el quórum. Por lo tanto –no he hablado con nadie del FA, recién estoy ahora estoy yendo para el Parlamento porque tenemos una interpelación a partir de las 8 de la mañana–, si el FA hubiera querido el quórum se hubiera mantenido, por lo tanto quiero creer que esto no es una falta de responsabilidad sino una decisión del FA de no sacar adelante su declaración.

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EMILIANO COTELO:
Ayer la Asamblea General se reunía para considerar un proyecto de declaración impulsado por el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) que ratificaba la total confianza en el contador Ariel Álvarez. Se declaraba en esa moción que Álvarez se ha desempeñado en el Tribunal de Cuentas (TC) de manera fiel y se sostenía que no existen consecuencias con respecto a la actual situación jurídica de Álvarez que obsten a la continuidad en el cumplimiento de sus funciones.

El diputado Javier Salsamendi, del MPP, fue el miembro informante en mayoría del trabajo realizado en comisión a propósito de este asunto. Estamos en diálogo con él.

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Diputado Salsamendi, ¿qué pasó finalmente? Porque la moción que ustedes impulsaban, y que recibió cuestionamientos tan severos por parte de la oposición, finalmente no llegó a votarse.

JAVIER SALSAMENDI:
No, la Asamblea General quedó sin quórum. El quórum se compone de una cantidad equis de diputados y una cantidad equis de senadores; tiene que haber necesariamente de ambos y aparentemente faltaron en un momento determinado tres senadores.

EC - ¿Y por qué ocurrió eso? En principio la izquierda puede mantener el quórum con su propia bancada.

JS - Sí, obviamente esto sólo puede ocurrir porque nosotros mismos no logramos mantenerlo.

EC - Recién el diputado Amorín Batlle se preguntaba si no habría ocurrido porque la propia izquierda se había dado cuenta de que no convenía seguir adelante con esta moción.

JS - No tengo ni se recibió durante la sesión ningún planteo de ese tipo. Obviamente si se toma una decisión así por lo menos se avisa antes, se pide un cuarto intermedio, le buscamos la vuelta y resolvemos entre todos. Descarto esa hipótesis. Fue una sesión muy larga sobre temas que son complejos y en muchos casos tediosos fundamentalmente para quienes no manejan temas vinculados al derecho. En realidad fue circunstancial, en un momento determinado se empezó a desarmar el asunto porque la gente iba a comer, e incluso cuando se levantó la Asamblea General había gente que volvía.

EC - Usted decía que es un tema farragoso o difícil para quienes no manejan las cuestiones del derecho. Usted es abogado, entonces una primera pregunta es: ¿por qué el EP promovía esta declaración ayer en la Asamblea General, cuando ya existía una resolución de la Corte Electoral (CE) declarando suspendida la ciudadanía del contador Álvarez?

JS - En primer lugar por una razón muy simple: cuando trabajamos este tema en comisión el día anterior y el TC nos envió el expediente, la resolución de la CE no existía. Con un celo y una velocidad por lo menos llamativos la Corte resolvió el tema, pero ayer no teníamos ninguna información formal de cuál era el contenido de la resolución y mucho menos de sus fundamentos.

EC - ¿Entonces qué se pretendía con esta declaración?

JS - Nos llegó una comunicación del TC señalando el hecho, nos abocamos a estudiar el expediente y como conclusión todos, o por lo menos la mayoría de la comisión y la bancada del EP, entendimos que no había elementos que determinaran la no continuidad del contador Álvarez al frente del TC. Obviamente, una vez que la CE resuelve, como lo hizo ayer –para mi gusto en forma absolutamente errónea y no ajustada en lo más mínimo a principios elementales del derecho–, se va a acatar. Lo que pretendía la Asamblea General antes y después de la sentencia era emitir una declaración de carácter político que fijara su posición respecto de este tema. Sin que ello tuviera consecuencias –porque no puede, no debe tenerlas– sobre órganos jurisdiccionales como el Poder Judicial, etcétera, ni sobre ninguna decisión de la CE.

EC - Justamente, desde el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN) se entendió que la izquierda estaba atentando contra la división de poderes, no sólo con ese proyecto de declaración sino con comentarios y opiniones que se vertieron ayer en sala.

JS - Es una picardía, un juego, sobradamente lo explicamos. Yo en particular me cuidé de no hacer ninguna referencia a ningún fallo judicial, especialmente al de la SCJ.

EC - Otros colegas suyos sí lo hicieron.

JS - El miembro informante en minoría, el doctor Gallinal, abundó permanentemente en el estudio de cada uno de los fallos, de primera, segunda, tercera instancia, etcétera. Yo creo que no era conveniente, que fue un error de su parte, pero de cualquier modo eso no afecta la independencia del Poder Judicial ni va a presionar a los jueces y mucho menos a los ministros de la SCJ. Lo que pretendíamos era sacar una resolución de carácter político que fijara, con fundamentos para nuestro gusto absolutamente irrefutables desde el punto de vista jurídico, la opinión de la Asamblea General respecto de un tema de una gravedad institucional realmente grande.

EC - ¿Por qué utiliza la expresión "gravedad institucional"?

JS - Se determinó –en este caso por haberle suspendido la ciudadanía al contador Álvarez– que un ministro fuera cesado en su cargo, para nosotros esto es inusitadamente grave. Pero además seguimos teniendo el problema de que esta resolución –que acatamos, desde el punto de vista de las formalidades legales estuvo bien tomada, aunque es absolutamente errónea en su fundamento– extremadamente polémica fue tomada por una CE cuya adecuación a esta altura dista muchísimo, está muy lejana de los resultados electorales, de la voluntad popular, de la Constitución de la República, etcétera.

EC - Hace unos minutos el diputado Amorín Batlle destacaba que no es la CE la que toma la resolución, que ésta lo que hace es oficializar una situación que queda configurada de hecho a partir del fallo de la SCJ que en casación condenó al contador Álvarez por el delito de injuria.

JS - Ésos son los argumentos que manejó la CE, sorprendentemente parecidos a los que manejaron algunos legisladores de la oposición, pero no es así, en realidad la Corte no adopta decisiones automáticas, no funciona como un registro que dice "entró algo, cae alguien del padrón electoral", no es así.

EC - El diputado sostenía que por algo la justicia le remitió el fallo a la CE.
 
JS - No, la Corte debe analizar si corresponde o no. Tanto no es así que no ha sido así; ayer recordábamos casos de ex ministros, ex miembros de entes autónomos y servicios descentralizados, etcétera, que en esos casos además fueron procesados o penados con prisión efectiva, no con suspensión condicional de la pena, y sin embargo esto no ocurrió. El senador Fernández Huidobro recordaba que él cometió un delito de desacato e injuria en relación al ex presidente Luis Alberto Lacalle, fue procesado, y sin embargo muy poquito tiempo después fue candidato y senador.

EC - Todo esto viene a cuento del artículo 80 de la Constitución, que dice que la ciudadanía se suspende, entre otras cosas, "por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante diez años".

JS - Sí, el 2 o el 4. Le explico muy rápidamente cómo lo vemos nosotros: cuando existe una pena de prisión con suspensión condicional se extingue el delito, es como si no se hubiera cometido. Se dirá, ¿y cuál es la condena entonces? Hay diversas posiciones sobre esto, hay quienes entienden que la condena fundamental es de orden moral al exponerlo al escarnio público, etcétera, pero dada la entidad del delito y el monto de la pena no tiene sentido hacerla cumplir en prisión. Por lo tanto lo que ocurrió fue que se condenó al contador Ariel Álvarez por un delito de injuria a cinco meses de prisión con suspensión condicional de la pena. Por otra parte, se espera un lapso de un año, si durante ese año la persona no vuelve a delinquir es como si nunca hubiera ocurrido el hecho, no figuran antecedentes. Ésta es la situación. Entonces nosotros planteamos: ¿cómo puede ser que se extinga el delito principal y subsista una pena tan terrible como la suspensión de la ciudadanía que determina, en este caso, como un hecho más, que el contador Álvarez no pueda continuar al frente del TC? Salvo que presentado el recurso, que se va a presentar, la Corte revea su decisión.

EC - Sobre ese punto quería terminar conversando con usted. Esa moción, esa declaración que ustedes impulsaban no pudo votarse, la Asamblea General se quedó sin quórum; ¿qué va a ocurrir ahora entonces? El contador Álvarez en principio deja sus funciones en el TC ya mismo.

JS - Sí, esto es obvio y así debe hacerse.

EC - ¿Qué otro recurso tienen?

JS - El contador Álvarez tiene la posibilidad de presentar un recurso ante la propia CE; hasta donde sé, lo va a hacer efectivamente. Vamos a analizar otras posibilidades. Le marco algunas cosas: hacía 40 años que no ocurría esto en relación con alguien que tenía suspensión condicional de la pena, desde el año 1934 no se le suspendía la ciudadanía a nadie por delitos de opinión y mucho menos específicamente por el delito de injuria. Son datos, hechos concretos.

Reitero: para nosotros esta decisión está en nada ajustada a la Constitución de la República. Vamos a analizar, probablemente veamos la posibilidad de algunas comisiones investigadoras que analicen cuáles han sido la conducta y el temperamento que se han venido llevando adelante en este tipo de materias. Sinceramente no le digo que vayamos a recurrir a esa vía, pero obviamente en la Constitución están previstos algunos mecanismos para cuando algún organismo se desvía gravemente de su cumplimiento.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe