(Emitido a las 8.47)

EMILIANO COTELO:
Fueron 11 largas horas de sesión ayer en la Cámara de Representantes en las que se interpeló al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Mariano Arana. Finalizó sin consecuencias políticas, como suele decirse en la jerga parlamentaria, porque lo que se aprobó fue la moción presentada por el partido de gobierno, el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), que dice que la Cámara de Representantes declara:

1) totalmente satisfactorias las explicaciones del ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Mariano Arana;

2) que el gobierno nacional y el ministerio en particular han cumplido a cabalidad con los preceptos de la Constitución de la República. Esta moción tuvo 52 votos en 90, 52 votos pertenecientes todos a la propia coalición de izquierdas.

¿Qué dejó entonces este debate? Vamos a conversarlo con el diputado Luis Lacalle Pou, que fue el miembro interpelante en nombre del Partido Nacional (PN), y con el diputado Roberto Conde, del Partido Socialista, EP.

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EC - Empecemos con el miembro interpelante. Con este resultado que yo estaba resumiendo recién, ¿de qué sirvió el llamado a sala?

LUIS ALBERTO LACALLE POU:
En realidad en primera instancia sirve para estar tranquilos de que un representante nacional cuando ve que se está infringiendo la Constitución impulsa los mecanismos que tiene a su alcance, que es llamar a responsabilidad a un ministro de Estado, y el ámbito para hacerlo es un llamado a sala. Es un inicio de este tema.

EC - Recordemos que el tema central de esta interpelación era el decreto del Poder Ejecutivo sobre los servicios de agua potable y saneamiento con el cual se llevó a la práctica la reforma constitucional aprobada el 31 de octubre.

LALP - Es cierto pero nosotros creemos que claramente es violatorio del espíritu y de la letra fría de la Constitución. Voy a citar brevemente y de memoria dos artículos. El artículo 47, numeral 3º, de la reforma establece claramente que los servicios de saneamiento y de agua potable serán prestados exclusiva y directamente por parte de personas jurídicas estatales. O sea, desde el 1 de noviembre, en el momento en que la Corte Electoral dio por bueno el resultado plebiscitario de esta reforma constitucional, desde ese día es inconstitucional que los servicios de saneamiento y agua potable sean prestados por privados. Lo está diciendo quien no apoyó esta reforma pero sí debe apoyar, una vez aprobada, la Constitución de la República. Y este decreto, en sus vistos, en sus considerandos y en los resultados es violatorio de la Constitución.

EC - Recordemos que el Poder Ejecutivo dispuso que aquellas empresas que brindan servicios de agua potable y saneamiento que tuvieran contrato vigente con el Estado al 31 de octubre continuarían prestando ese tipo de servicios. En el caso de Uragua se ha promovido la rescisión del contrato por incumplimiento, no por el efecto de la reforma constitucional; en cambio continúa con sus servicios Aguas de la Costa, que es la otra empresa que funciona en el departamento de Maldonado.

Diputado Conde, ¿por qué el EP defendió al ministro con este decreto? ¿Por qué entienden que es constitucional?

ROBERTO CONDE:
El ministro presentó una batería jurídica fuerte, contundente, para defender la tesis de la constitucionalidad. Los oyentes saben que llevamos más de seis meses, casi un año, de debate jurídico sobre este tema, sobre el que algunos juristas, doctrinos, catedráticos, sostienen la tesis del gobierno, de la constitucionalidad. El ministro citó ayer al profesor Risso Ferrán, al profesor Cagnoni y al doctor Juan Andrés Ramírez que sostienen esta tesis de la constitucionalidad. Otros juristas, por ejemplo para hablar de mi partido, el doctor Korzeniak, como es público, sostenía la otra tesis, que al entrar en vigencia la reforma de la Constitución deben de iniciarse de inmediato todos los juicios expropiatorios de todas las empresas.

Este debate jurídico no está saldado. El gobierno se aferra a la posición de la no retroactividad, y en mi argumentación ayer en la cámara yo decía que este argumento jurídico del gobierno, esta tesis de la no retroactividad, no ha podido ser derribada. Y la única forma de derribarla es demostrando que el decreto es inconstitucional, que se falle.

EC - ¿Cómo se demuestra que es inconstitucional?

RC - Algunas organizaciones sociales, la propia Comisión de Defensa del Agua y de la Vida y otros agentes que estuvieron trabajando en este tema han anunciado que presentarían un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto. Eso pondría en funcionamiento mecanismos que llevarían a que eventualmente la propia Corte dictara una sentencia, un fallo diciendo si es inconstitucional o no.

Yo decía en la Cámara que si esto ocurriese no tengo la más mínima duda de que en el momento en que ese debate jurídico quede saldado el gobierno va a ser estrictamente, hasta el último punto y la última coma, lo que resulte de este fallo judicial. Es más, durante toda la interpelación se pretendió mostrar al FA como incoherente, enfrentarnos a las organizaciones sociales con las que hemos trabajado en el tema de la defensa del agua, que por otra parte son las mismas organizaciones sociales con las que hemos trabajado desde 1992 en defensa del patrimonio nacional en general, Antel, UTE, Ancap, agua, AFE, ferrocarriles, defendimos juntos todas estas inversiones públicas, todos estos patrimonios públicos durante 14 años y ahora se pretende enfrentarnos.

Yo dije allí –y lo he escrito en varios artículos en los últimos días– que las organizaciones sociales son autónomas y tienen una libertad sagrada para moverse con autonomía en base a sus propias reivindicaciones y plataformas, no tienen que responder a partido o gobierno alguno. Porque si tuviéramos la posición contraria tendríamos una concepción totalitaria de la sociedad.

EC - Diputado Lacalle Pou, su colega el diputado Conde destacaba recién que también en el PN ha habido quienes han sostenido la tesis que ahora impulsó el gobierno. Es más, el ministro Arana recordó que el 16 de noviembre de 2004 el PN presentó un proyecto de ley interpretativo de la reforma constitucional diciendo lo que ahora se ha plasmado en el decreto del gobierno.

LALP - Primero, es otro instrumento jurídico, la ley no es un decreto. Segundo, yo no estoy de acuerdo ni en que pueda existir ley. Tercero, quien debe aplicar la reforma constitucional es el gobierno. Cuarto, yo no me inclinaría tanto por lo que dicen los doctrinos, porque dice bien el diputado Conde que Korzeniak –que ya no es un doctrino solamente, sino que es un agente político– está de nuestro lado, que eventualmente Risso o Ramírez de aquel lado y Gamarra de éste. Eso no me importa, yo pretendo decir que la letra fría del texto constitucional, numeral 3º del artículo 47, y la disposición Z’ que habla de reparaciones si correspondiere... Tampoco quiero entrar en un tema fino jurídico, ¿pero cómo va a decir en una Constitución "reparación si correspondiere" si para adelante no se van a dar concesiones?

EC - Para usted ésa es la prueba de que la estatización de los servicios debería abarcar también a las empresas que ya tenían contrato al 1 de octubre.

LALP - Por supuesto, ¿cómo el plazo contractual va a ser más importante que la Constitución? No hay jurista que lo pueda explicar. Pero iba a otra cosa, primero la letra fría de la Constitución, pero por otro lado está el espíritu de quienes impulsaron esto. Yo ayer leía –y no sé si al diputado Conde no le gustó o le molestó– frases del propio doctor Tabaré Vázquez, hoy presidente de la República; en Florida en un acto una señora le grita "el agua está cara", y Tabaré Vázquez responde –está citado por Búsqueda–: "Sí, el agua está cara porque está en manos de privados, por eso tiene que estar en manos del Estado. Vean lo que fue el desastre de Maldonado..." y sigue la frase.

Cité al hoy ministro Gargano antes de la reforma y en noviembre después de la reforma, cité a la senadora Arismendi que dice una joyita en cuanto a las empresas públicas y la corrupción pero luego habla –el mismo día que lo hace el ministro Gargano– de que las empresas concesionarias tienen que caer, que no lo quiere repetir más, que ya se lo ha dicho a la gente y al periodismo. Cito también al ex diputado Raúl Sendic, fiel representante de la izquierda; cito al vicepresidente de la República, Nin Novoa.

La Comisión por la Defensa del Agua, que fue quien impulsó esto, dice que tienen que caer, la coalición de gobierno que impulsó esto, dirigentes conspicuos, tanto es así que son dos ministros, el presidente y el vicepresidente de la República, expresaron claramente que tienen que caer. Entonces creo que no hay lugar a dos interpretaciones.

EC - Diputado Conde.

RC - En ese sentido no hay lugar a dos interpretaciones, yo coincido: tienen que caer, definitivamente. La discusión no es sobre si tienen o no que caer, eso está diáfanamente claro, y vamos a entendernos, tienen que caer porque lo quisieron el Frente Amplio y el sector del PN que lucharon para que esto tuviera que caer.

EC - Usted alude al sector del doctor Larrañaga.

RC - Los que impulsamos la reforma constitucional sabemos que tiene que caer, estamos totalmente de acuerdo en ese punto. Acá lo que hay es un debate jurídico sobre plazos, entonces cuando ese debate jurídico se salde estoy seguro de que el gobierno, como dije, va a cumplir escrupulosamente lo que la ley le mande. Hoy el gobierno tiene bases jurídicas para discutir el tema y quiere discutirlo.

Pero me parece que hay que superar el estado de debate político. Ayer buena parte de la interpelación se desarrolló atacando nosotros desde nuestro lado al PN, porque en ese proyecto de ley que usted mencionaba muy bien coincide con la decisión actual del gobierno y sin embargo ahora lo ataca, y el PN, como bien lo explicó ahora el diputado Lacalle, basó su ataque en que muchas de nuestras principales figuras han dicho que esto tiene que estatizarse y no lo han estatizado. Esa etapa de la confrontación política tiene que pasar definitivamente, el decreto está vigente, ésta es la voluntad del gobierno, la voluntad del gobierno solamente puede cambiarse si hay un fallo en contra del decreto, las vías para buscar ese fallo en contra están abiertas, las organizaciones sociales tienen todo el derecho, los medios, para hacerlo y nosotros no lo vamos a ver mal si lo hacen, por el contrario lo vamos a ver muy bien.

EC - Diputado Lacalle, ¿no lo satisface esto que señala su colega Conde, que el debate político está suficientemente agotado y que ahora lo que falta en todo caso es el pronunciamiento de los institutos que corresponden, por ejemplo la Suprema Corte, sobre la constitucionalidad o no del decreto?

LALP - Es que es obvio que se agotó. Cuando prima la moción del gobierno en cuanto a que es satisfactoria la respuesta, se agotó. Nosotros las declarábamos insatisfactorias, declarábamos la responsabilidad política del ministro y la inconstitucionalidad del decreto. Es obvio que se agotó ahí. Lo que no quiere decir qué éste fuera un ámbito pura y exclusivamente político, porque acá se discutió la inconstitucionalidad del decreto, no era una discusión política sobre qué quería cada uno, era la discusión política sobre qué debía hacer el gobierno en ejercicio, que es bastante distinto de tener posiciones políticas.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe