(Emitido a las 7.38)

EMILIANO COTELO:
Ayer la Asamblea General ratificó la confianza en el contador Ariel Álvarez y su desempeño en el Tribunal de Cuentas (TC). Ese pronunciamiento se dio por 68 votos en 80; votos a favor solamente del Encuentro Progresista (EP), en contra el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI). El Partido Nacional (PN) se había retirado de sala.

El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa lamentó la decisión de la bancada blanca de retirarse de sala y dijo que no estaba dispuesto a recibir amenazas. Según dice la crónica del diario La República, el incidente se produjo cuando el senador Francisco Gallinal, de la Correntada Wilsonista, reclamó a la mesa presidida por Nin que tuviera en cuenta que la decisión, para resultar afirmativa, debía contar con dos tercios y que en caso de no adoptarse ese criterio lo hiciera saber, porque el PN se retiraría de sala. Desde la Presidencia, Nin Novoa respondió: "La mesa tampoco está dispuesta a recibir amenazas".

Vamos a conversar este tema a dos puntas. En primer lugar con el senador Francisco Gallinal.

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Senador Gallinal, concretamente, ¿por qué se fueron de sala?

FRANCISCO GALLINAL:
Porque el PN no estaba dispuesto a convalidar con su presencia la utilización del Parlamento y la Asamblea General para la adopción de una declaración que es de neto puño político y además es propia de una asamblea partidaria o de una mesa política, pero no del Poder Legislativo.

EC - ¿Por qué dice esto? No sé si los oyentes tienen claro cuáles son las atribuciones de la Asamblea General en relación a un miembro del TC.

FG - Era uno de los temas que estaban ayer en discusión. La Asamblea General tiene competencia para estudiar la situación de los ministros del TC en función de los artículos 208 y 209 de la Constitución de la República, que le dan participación en caso de que se desee promover el camino de la destitución por ineptitud, por omisión o por delito. No se quiso recorrer ese camino en ninguna instancia, ni en la comisión ni en el seno de la Asamblea General y sí se buscó sacar alguna suerte de pronunciamiento de neto carácter político a poco tiempo de tener un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Eso fue lo que nos llevó a esta actitud.

Consideramos que por parte de la mayoría del EP es una suerte de avasallamiento del Poder Legislativo y de desconocimiento de la independencia del Poder Judicial. No puede ser que a pocas semanas de conocida una sentencia de la SCJ, que ha pasado además en autoridad de cosa juzgada, en la cual se condena al señor contador Ariel Álvarez por un delito de injuria, se adopte por parte de la Asamblea General una decisión que en su numeral 1 –tiene tres numerales la resolución que se aprobó ayer– establece la solidaridad personal de la Asamblea General con el contador Ariel Álvarez. Evidentemente una decisión de estas características tomada a poco tiempo de dictada una sentencia de las características de la que recién le acabo de señalar por parte de la SCJ significa un desconocimiento de lo resuelto por el Poder Judicial.

A su vez, el segundo punto de la decisión establece que la condena que recibió el contador Álvarez como consecuencia de la decisión de la SCJ no tiene consecuencias jurídicas respecto de su condición de miembro del TC. Ahí también opera la Constitución de la República que establece muy claramente en el artículo 80 que la ciudadanía se suspende cuando existe condena de prisión, de penitenciaría u otras características. Fue por ese motivo que existiendo una condena de este tenor por parte de la SCJ, la Corte Electoral (CE), como lo viene haciendo invariablemente desde 1998 y al haber recibido la comunicación por parte del juez de existía esta condena, decidió suspenderle la ciudadanía, lo que traía aparejada la suspensión en el ejercicio del cargo porque para ser miembro del TC se necesita la ciudadanía en ejercicio.

EC - Usted sabe que la izquierda argumenta que el delito de Álvarez prescribió en el mes de marzo pasado y que por lo tanto ya no correspondía la suspensión de la ciudadanía.

FG - Ese es el otro argumento que nosotros pusimos ayer arriba de la mesa y no fue levantado por parte de ninguno de los legisladores presentes en sala. Si efectivamente, como se pretende ahora, el 20 de marzo se cumplió ese plazo de un año que significa la suspensión condicional de la pena –porque Álvarez fue condenado con suspensión condicional de la pena–, el pronunciamiento de la SCJ carecería de todo sentido, no tendría objeto. Si el 20 de marzo se extinguió el delito y en consecuencia se extinguió la pena, mal podemos tener, como tenemos, una sentencia de la SCJ condenando al contador Álvarez el 20 de abril, es decir un mes después. Quiere decir que la SCJ se preocupó de un asunto en el que no existía delito, no existía pena, ni existía encausado o responsable.

EC - Pero el propio juez que entendió originalmente en el caso, el juez en lo penal de 5º turno Daniel Tapier, le hizo llegar un oficio al contador Ariel Álvarez notificándole la extinción del delito.

FG - Eso fue lo que trajo ayer a consideración el senador Korzeniak, él tenía entendido que esto era así. Si existe un pronunciamiento del juez de esas características nosotros por supuesto lo vamos a respetar, en la sesión anterior –el EP sí lo hizo– ni ayer nos introdujimos a cuestionar los pronunciamientos del Poder Judicial. Nos sorprendería porque el juez ya se pronunció el 5 de mayo, cuando recibió la sentencia de la SCJ el juez de oficio, en cumplimiento de la sentencia, le comunicó a la CE que existía una sentencia de condena de esas características; eso fue lo que puso en acción el mecanismo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República. Si acaso ahora hay un nuevo pronunciamiento del juez, como se dijo ayer...

EC - Lo ha sostenido buena parte de la bancada del Frente y se ha sabido de fuentes cercanas al propio contador Ariel Álvarez que recibió esa notificación en su domicilio la semana pasada y en función de ella interpuso ayer un recurso de reposición ante la CE contra la resolución que lo suspendió en el ejercicio de la ciudadanía.

FG - Si es así tendríamos un cambio evidente en la definición del juez con respecto a su decisión del 5 de mayo, que además fue ratificada el 25 de mayo cuando la CE le pidió ampliación de información y la brindó en la forma que correspondía, precisamente a los efectos de la suspensión de la ciudadanía. Además esa propia nueva definición estaría invalidando la sentencia de la SCJ, porque si todo esto tuvo su fin o venció el plazo –como se pretende ahora– el 20 de marzo, ¿qué sentido tiene una sentencia de la SCJ del 20 de abril? Carecería absolutamente de objeto porque habría estado extinguido el delito y no habría existido encausado. ¿Por qué se pronunció la SCJ? No tendría ningún sentido.

Pero más allá de esto, porque en definitiva cualquiera sea el pronunciamiento de la justicia lo vamos a respetar como corresponde y como lo hemos hecho siempre –además estamos seguros de que la propia CE, porque se pretende enjuiciarla como si estuviera actuando de mala fe o movida por motivaciones políticas...

EC - Es una posibilidad que está latente efectivamente: un juicio político a la CE.

FG - Que lo promuevan. Yo creo que la CE nos ha dado a todos las garantías que el país necesita respecto de sus definiciones. Quienes estamos sentados en la Asamblea General fuimos proclamados por esta CE; quien hoy ocupa la Presidencia de la República y la fuerza política que tiene la responsabilidad de conducir los destinos del país es fruto de la acción de esta CE, como sucedió también en los referéndum, en los plebiscitos y en todas las instancias que existieron durante estos tiempos.

EC - El senador Korzeniak ha destacado que desde 1924 la CE nunca suspendió la ciudadanía por delitos de palabra. Es uno de los motivos por los cuales se está cuestionando la forma como procedió la CE.

FG - No es así. La CE cuando recibe –como recibe periódicamente– las sentencias o los dictámenes del Poder Judicial que pueden culminar en sentencia de penitenciaría inmediatamente procede a suspender la ciudadanía y lo viene haciendo en esta interpretación desde 1998 por unanimidad de sus integrantes, con los votos incluso de los representantes del EP. Pero además si acaso se confirma lo que ayer se señaló, no tengo ninguna duda de que tan pronto la CE reciba la comunicación fehaciente de que está vencido el plazo, de que se han extinguido el delito o la pena, va a proceder al levantamiento de la suspensión, porque en esa fe la hemos visto actuar. Además no son los miembros de la Corte los responsables de que no se haya cambiado su integración; en todo caso son responsables el propio Parlamento y la propia Asamblea General.

EC - La bancada del EP ha hecho saber, ha confirmado que es intención del oficialismo postular al contador Álvarez para presidir el TC cuando se renueve su integración. ¿Ustedes como ven esa posibilidad?

FG - Ayer me preguntó la prensa y yo contesté claramente: nosotros no hemos cuestionado en ningún momento la persona del contador Álvarez, lo que hemos estado estudiando es el pronunciamiento de la SCJ, y hemos pretendido defender su independencia, la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y el respeto al poder electoral. En ningún momento durante mi intervención como miembro informante ingresé al análisis de la persona ni al cuestionamiento moral o de la conducta del contador Ariel Álvarez.

EC - Supongamos que se le devuelve la ciudadanía al contador Ariel Álvarez y que efectivamente se propone su nombre para presidir el TC. Usted, su sector político, ¿no verían inconvenientes?

FG - No es un problema de sector, el PN no ha objetado la persona del contador Álvarez, simplemente pretende que se cumpla cabalmente con la Constitución de la República y que se respete la separación de poderes. Si mañana viene una negociación, que estamos dispuestos a llevar adelante, para buscar una nueva integración del TC y de la CE –cosa que además corresponde porque hay un nuevo mapa electoral en el país–, no vamos a ir a cuestionar, a condicionar, a excluir ni a proscribir al contador Álvarez, está en la libertad del EP proponerlo. Claro, si existe una sentencia de condena por parte de la SCJ que lo inhabilita, el poder político no puede aceptarlo. Lo que surgiría de la declaración de ayer de la Asamblea General es que les importa poco la sentencia poco la sentencia del Poder Judicial y la inhabilitación de la CE porque trasmiten su solidaridad personal con este ciudadano, y a mí me parece que la Asamblea General no está para estar trasmitiendo solidaridades personales, y mucho menos con una persona condenada por la SCJ.

Notas asociadas:
Nin Novoa no descartó juicio político a la Corte Electoral. Entrevista con el vicepresidente de la República (07.06.05)

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe