Comparto la reciente decisión del presidente Vazquez declarando no incluído en la ley de caducidad un caso consultado por la justicia. Sin embargo, me parece que esto tiene un efecto perverso, porque implica utilizar un mecanismo claramente inconstitucional, como se dijo en su momento, porque de hecho significa asignarle al Poder Ejecutivo una atribución que sólo corresponde a la Justicia: interpretar el alcance de una Ley. 

Hubiera sido preferible que el presidente declinara responder por entenderla inconstitucional y promover al mismo tiempo la declaración de inconstitucional por la Corte. La legitimación de este mecanismo, consolida una hipoteca que pesa sobre la independencia de la Justicia en nuestro país. 

Oscar del Parque Rodó