(Emitido a las 7.36)

EMILIANO COTELO:
El secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, aseguró anoche que en las Fuerzas Armadas existe una situación de absoluta normalidad y colaboración con el gobierno en el proceso de investigación sobre los desaparecidos.

Lo dijo en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Edificio Libertad y que se esperaba desde hacía varios días en función de una serie de versiones de prensa sobre malestar militar que se habían ido acumulando desde la semana pasada.

Les propongo escuchar las declaraciones de Fernández e ir complementándolas con otros datos e informaciones recogidos por la producción de En Perspectiva.

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Gonzalo Fernández abrió su contacto con los periodistas anoche señalando que, dado que habían existido algunos trascendidos con alguna información que no era del todo correcta, la Presidencia de la República, por su intermedio, entendía que era conveniente u oportuno formular algún tipo de aclaraciones o precisiones.

(Audio)

"GONZALO FERNÁNDEZ:
En primer lugar, yo debo manifestarles que en las Fuerzas Armadas –en las tres armas– existe una situación de absoluta normalidad, de absoluta colaboración con la Presidencia de la República en mérito al compromiso democrático que tienen asumido, y de subordinación al mando y de colaboración con el proceso de investigación que se está llevando a cabo respecto a los ciudadanos detenidos desaparecidos."

(Fin.)

EC - ¿Por qué el doctor Fernández ponía énfasis en la actitud de "las Fuerzas Armadas", de las tres fuerzas?  Era una respuesta a la versión más reciente que se había publicado, la que el diario El País había incluido en su primera página de ayer.
El título era: "Fuerza Aérea y Armada se suman al Ejército".  La nota indicaba: "El Ejército salió (...) a unificar la visión de las tres fuerzas, al mantener encuentros con la Fuerza Aérea y la Armada, con el objetivo de que todos los integrantes de las Fuerzas Armadas coincidan" en que la Ley de Caducidad no incluye las acciones emprendidas antes de la dictadura, como interpreta el Poder Ejecutivo. El artículo agregaba que los generales Carlos Díaz y Pedro Barnes habían visitado al comandante de la Fuerza Aérea, teniente general aviador Enrique Bonelli, al tiempo que el comandante de la Armada, vicealmirante Tabaré Daners, había concurrido al Comando del Ejército acompañado de tres contralmirantes.

La información que En Perspectiva recogió en fuentes de gobierno dice que en el día de ayer, a partir de esa versión de prensa, hubo comunicaciones espontáneas del comandante de la Armada –que lo hizo por teléfono– y del comandante de la Fuerza Aérea –que habló personalmente– con el doctor Gonzalo Fernández para puntualizarle que no había tal coordinación en gestación. Ni la Fuerza Aérea ni la Armada se sumaban a ninguna posición que estuviera elaborándose desde el Ejército, como podía surgir de esos trascendidos, fue lo que ambos jerarcas le aclararon al secretario de la Presidencia. Incluso lo autorizaron a que lo consignara públicamente, según dijo el propio doctor Fernández en la conferencia de prensa.

Es más, según nuestras fuentes, esas reuniones entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, de anteayer, se habían realizado para discutir la distribución de las agregadurías militares.

¿No hay, entonces, ningún malestar a nivel militar? Los informantes que consultamos anoche admitieron que es dentro del Ejército donde existe algo de inquietud. Esa situación estaría concentrada en oficiales retirados, el sector que tuvo algún tipo de responsabilidad en hechos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y tendría dentro del Ejército mismo, entre los generales en actividad, algunas "cajas de resonancia". De todos modos, estas fuentes entienden que ese malestar alcanza escasa magnitud.

(Audio)

"GF - En segundo lugar, debo manifestarles que no ha habido ninguna interrupción o suspensión en este proceso investigativo en el cual las Fuerzas Armadas vienen colaborando con la Presidencia de la República.

A tal grado no la ha habido que en la tarde de hoy han dado comienzo los trabajos de excavación en el Batallón N° 13 de Infantería que, como ustedes saben, eran la tercera y última fase en el proceso a desarrollarse en esos establecimientos militares. Es decir, esto comenzó hoy y desde luego insumirá unos cuantos días."

(Fin.)

EC - Pese a las versiones de prensa de los últimos días, tanto el doctor Fernández en su comparecencia de ayer, como las fuentes de gobierno y del Ejército que En Perspectiva consultó anoche, coincidieron en que no ha suspendido su actividad la comisión que el Ejército nombre para investigar el destino de los restos de desaparecidos, y que encabezan los generales Barneix y Díaz.  En particular, también se aclaró que no existió ninguna orden del comandante Bertolotti para poner una pausa en esos trabajos.

Lo que, de todos modos, admitían estas fuentes es que hubiera ocurrido un  enlentecimiento en ese trabajo. ¿Por qué? Porque algunos de los oficiales que tenían que testimoniar se han mostrado reticentes a hacerlo a partir de las noticias que se fueron acumulado y que les hicieron pensar en la posibilidad de que efectivos militares tengan que declarar ante la justicia penal y algunos de ellos puedan, eventualmente, terminar procesados, en función de la interpretación que el Poder Ejecutivo ha hecho de la Ley de Caducidad, y que difiere de la realizada a nivel oficial desde 1986.

En el gobierno se reconoce que hay que volver a generar confianza, sobre todo en esos generales del Ejército más cercanos a los oficiales retirados inquietos.

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EC - ¿Dónde radicaría el malestar, la desazón o la incertidumbre de ese sector minoritario en el Ejército, según se entiende a nivel de gobierno? En que, según ellos, en las reuniones que mantuvo con los generales –en particular el 2 de mayo- el presidente Vázquez no habría sido suficientemente claro sobre lo que podía ocurrir con los casos de violaciones a los derechos humanos anteriores al año 1973.

Según estas fuentes, ante el triunfo del Frente Amplio la inquietud que existió en las Fuerzas Armadas fue la posibilidad de que se produjeran la derogación o la modificación de la ley. Desde el gobierno se puntualizó que nada de eso ocurriría y que, por el contrario, lo que se haría era cumplir la ley, tanto en cuanto a las posibilidades de investigar administrativamente desde el Poder Ejecutivo los casos de desaparecidos, como prevé el artículo 4º, como en cuanto a la caducidad de la pretensión punitiva del Estado que está prevista en el artículo 1º de la Ley de Caducidad. Sí se les aclaró a los generales que habría dos excepciones a la caducidad en dos casos presumiblemente protagonizados por militares y durante el gobierno de facto: los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman.

Ayer, el doctor Fernández se extendió en estos antecedentes:

(Audio)

"GF - También es nuestro interés aclarar que del lado del Poder Ejecutivo no ha habido ninguna variación, ningún giro, ningún cambio en lo que ha sido desde siempre la voluntad explícita del señor presidente de la República, manifestada ya en el discurso en el Palacio Legislativo por la noche del día 1 de marzo con motivo de la asunción, ratificada luego a los comandantes y además a la junta de generales, en el sentido de que este proceso de investigación se hace en estricto acatamiento a la Constitución y a la ley, como todas las actividades que lleva adelante este gobierno; específicamente, a la Ley de Caducidad.

La Ley de Caducidad se va a respetar y se ha respetado íntegramente. No obstante, creo que hay que precisar un tema que es jurídico pero trataremos de explicarlo con la mayor claridad posible. La Ley de Caducidad entre los requisitos que establece, establece un requisito temporal o cronológico: la Ley de Caducidad hace descaecer la pretensión punitiva del Estado respecto de los actos cometidos en ocasión del cumplimiento de funciones u órdenes impartidas por los mandos durante el período de facto y hasta el 1 de marzo del 85. Y el período de facto, como todos ustedes saben, comienza con el quiebre institucional que se produce el 27 de junio de 1973.

Por lo tanto no se trata de variar interpretaciones sino de efectuar una interpretación literal y ajustada a los parámetros de la ley".

(Fin.)

EC – El doctor Fernández, aclaró, por otra parte, que esta interpretación del alcance de la ley fue hecha por el Poder Ejecutivo porque desde la justicia se le solicitó la opinión correspondiente, según los mecanismos que la ley de caducidad estableció.
 
En algunos expedientes los magistrados han consultado por hechos anteriores al año 1973 y el PE no pudo responder otra cosa que lo que estas autoridades opinan, que –Fernández recalcaba- es "meridianamente claro".

En otro caso, el juez ha preguntado si estaban protegidos por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado los civiles que, aparentemente, participaron en el secuestro y muerte de Nibia Sabalzagaray.  Pese a que estos hechos ocurrieron en junio de 1974, en plena dictadura, el Poder Ejecutivo (PE) respondió al juez que "evidentemente no", dijeron nuestras fuentes, que insistieron en que este punto también es "clarísimo" en la ley 15.848, es decir la Ley de Caducidad.

Los informantes hicieron notar que la necesidad de efectuar estas interpretaciones no estaba previsto en marzo, cuando no se podía suponer que estos casos se ventilaran en la justicia y obligaran al PE a pronunciarse. Tal vez por eso, se agregaba, no se fue suficientemente explícito con los militares sobre esta posibilidad de que en este tipo de delitos se diera vía libre a la continuación de las investigaciones de la justicia penal.

De todos modos, estas fuentes advertían que cuando los jueces se dispongan a retomar sus actuaciones en estos expedientes, va a entrar en juego otro factor: la prescripción.  Los delitos que están en juego prescriben a los veinte años.  Y, si bien algunos juristas sostienen que el período de la dictadura no puede ser tenido en cuenta para el cálculo de la prescripción, puesto que la justicia no pudo actuar con libertad, de todos modos desde el 1 de marzo de 1985, ya han pasado esos veinte años, con lo cual la prescripción llevaría a que estas investigaciones judiciales terminaran de hecho archivadas.
A esta posibilidad también se refirió el secretario de la Presidencia ayer, en un par de oportunidades, lo que fue leído por algunos analistas como una señal orientada a llevar tranquilidad a los sectores militares disconformes:

(Audio)

GF - Nosotros hemos dicho siempre que las acciones se iban a enmarcar dentro de la Ley, y la Ley de Caducidad establece un período concreto que es el régimen de facto que comienza a partir del 27 de junio de 1973, es el día del quiebre institucional; hechos anteriores a la Ley podrán eventualmente ser planteados.

Desde luego como usted comprenderá, no le compete al Poder Ejecutivo decirlo, pero obviamente como cualquier otro ilícito es probable que el transcurso del tiempo haya determinado la prescripción de las acciones.

(Fin del audio)

En otros casos, incluso, lo que podría desactivar estas actuaciones sería el hecho de que hubiesen muerto los presuntos responsables de aquellas violaciones a los derechos humanos, añadieron nuestros informantes.

***

EC - A todo esto, ¿qué ocurrirá con la reunión pendiente que el comandante en jefe del Ejército desea mantener con el presidente de la República, Tabaré Vázquez?

(Audio)

"GONZALO FERNÁNDEZ:
Mire, entre el comandante en jefe del Ejercito, el comandante en jefe de la Armada, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea y el presidente de la Republica, hay reuniones periódicas, habituales, cada pocos días. Yo personalmente estuve reunido hoy con el teniente general Bertolotti. Sin duda alguna que en los próximos días habrá alguna reunión, como es habitual, no motivada por esto. Pero no va a ser esta semana ni creo que sea tampoco a comienzos de la otra, porque no hay nada que motive una razón de urgencia de acelerar una entrevista especial o extraordinaria."

(Fin.)

EC - Las fuentes de gobierno que consultó En Perspectiva ayer enfatizaban esto último: que se concediera la audiencia para estos días, tan cerca de la ola de rumores y trascendidos, hubiera implicado concederle a la situación una gravedad que, se entiende, no tiene.

Fue interesante, en este contexto, otra de las aclaraciones que el doctor Fernández hizo ayer:

(Audio)

"GF - Me parece oportuno destacar también el absoluto respaldo del Presidente de la República a los tres Comandantes en Jefe, que en representación de sus respectivas Armas han, vienen y seguirán colaborando estrechamente con la Presidencia, para aclarar definitivamente este tema y solucionar el problema de la investigación, de los detenidos desaparecidos tal como lo manda el Artículo 4° de la Ley".

Evidentemente, aquí el tiro iba para la interna del oficialismo.  Es que ayer mismo el senador Rafael Michelini había pedido públicamente la renuncia del comandante Angel Bertolotti.

"Si Bertolotti cree que Vázquez faltó a la palabra, debería irse... de lo contrario vive en la nubes, ya que no puede dejar que se le atribuyan esas versiones (de malestar), por lo cual también debería irse", dijo Michelini al diario El Observador.

El planteo sorprendió, al haber surgido del propio partido de gobierno y dio lugar a reacciones desde el mismo Encuentro Progresista y también en  el Partido Nacional.  Entre los blancos el senador Francisco Gallinal cuestionó a su colega del Nuevo Espacio: "Es inadmisible que dentro de la administración se diga esto... un gobierno serio se mueve de otra manera... ¿acaso Vázquez es gobierno y Michelini oposición?", preguntó Gallinal.

Y en la izquierda, el senador Enrique Rubio dijo que el planteo de Michelini fue "inoportuno" y "fuera de lugar", y que, en todo caso, el comentario debió haber sido realizado al presidente de la República.

Las fuentes de gobierno que consultó En Perspectiva ayer enfatizaban esto último: que se concediera la audiencia para estos días, tan cerca de la ola de rumores y trascendidos, hubiera implicado concederle a la situación una gravedad que, se entiende, no tiene.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe
Foto: Presidencia de la República