(Emitido a las 8.44)

EMILIANO COTELO:
Vamos a detenernos en declaraciones que el semanario Búsqueda publica hoy del senador Gustavo Penadés, del Herrerismo.

Ese sector está dispuesto a analizar la derogación de la Ley de Caducidad. "Los blancos no son cómplices de nadie", dice el título, que agrega: "Si el gobierno quiere hacer justicia en serio, sabe el camino que tiene que adoptar".

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Diputado Penadés, estuve repasando la entrevista y me gustaría que pudiéramos pasar en limpio cómo es que usted llega a considerar esa posibilidad, la de que se derogue, se vote la derogación de la Ley de Caducidad.

GUSTAVO PENADÉS:
No, yo no llego a considerar que se vote la derogación de la Ley de Caducidad. Lo que digo, después de una larga entrevista en la cual se hace un análisis de los últimos 20 años de vigencia de la Ley de Caducidad, de la que el Partido Nacional (PN) fue uno de los que mayoritariamente la aprobaron y la votaron para lograr la continuidad de la vida institucional democrática del país, después de 20 años, en los que se explica claramente que esa ley tiene un inicio, que es el Pacto del Club Naval, donde los militares, el Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado (PC) pactan la salida institucional que el país en aquel entonces tuvo y que hoy debemos reconocer que fue importante y fue la vía que permitió una rápida democratización...

EC - Un pacto en el que el PN no intervino.

GP - Un pacto en el que el PN no intervino y en el que el PN estuvo en contra porque la tesitura que sostenía en aquel entonces su líder, Wilson Ferreira Aldunate, era que la dictadura caía sola y que no era necesario pactar con ella.

EC - Usted recuerda eso y luego agrega que sin embargo el PN promovió la Ley de Caducidad para garantizar la vigencia de las instituciones democráticas.

GP - Tal cual, en aquel entonces –no olvidemos– el comandante en jefe del Ejército, el teniente general Hugo Medina, había guardado en su caja fuerte las citaciones judiciales que habían llegado a ex oficiales del Ejército Nacional, o a oficiales en aquel entonces en actividad, y avisa y anuncia que va a haber no un desacato personal o individual de cada uno de los convocados sino un desacato institucional de las Fuerzas Armadas y por ende un quiebre institucional. Es así que el PN generosamente promueve, junto con el PC, la aprobación de la  Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que no fue la única ley que en aquel entonces se aprobó. Fue la tercera ley de un proceso que Uruguay se dio para pacificar y terminar de dar vuelta la página con relación a los 13 años de dictadura militar. La primera fue la amnistía de los presos políticos, la segunda fue la de los funcionarios públicos para el ingreso de todos aquellos que habían sido incluidos en el "inciso C" y por ende despedidos injustamente de la administración pública y la tercera fue la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

EC - Pese a haber promovido la Ley de Caducidad, usted después aclara muy enfáticamente: "El PN no es cómplice de los militares acusados de violar los Derechos Humanos". ¿Por qué hace esa precisión?

GP - Porque con el paso del tiempo y luego de una muy inteligente campaña de comunicación, parecería ser que quienes en aquel entonces promovimos la Ley de Caducidad hemos quedado como cómplices de una situación que combatimos, con la que no estuvimos de acuerdo y que además no promovimos, porque no fuimos los que en aquel entonces estuvimos sentados junto con los militares, los colorados y los frenteamplistas pactando la salida institucional. Entonces en ese sentido hoy mismo me permito reclamar e insistir en la importancia de la Ley de Caducidad y sobre su vigencia. Pero también digo que el gobierno tiene todas las herramientas, y nosotros estamos dispuestos a analizarlas, para promover la derogación de la Ley de Caducidad.

EC - ¿Pero por qué usted salta y da ese paso? En el camino usted recuerda que durante los últimos 15 años algunos ministros de Defensa preguntaron a los mandos militares sobre el destino de los desaparecidos y la respuesta fue siempre que no había absolutamente nada.

GP - Eso es así y le consta a la opinión pública.

EC - "¿En aquel entonces no había nada porque realmente no había nada o porque se nos mintió?", se pregunta usted. "Si se nos mintió, como parece, evidentemente es un episodio grave porque nosotros no somos cómplices de nadie ni de absolutamente nada de lo que pasó y no lo seremos en el futuro", dice.

GP - Tal cual. Es así entonces que si el gobierno, que ha tenido hasta ahora una posición bastante ambivalente porque a los militares les trasmite que va a respetar en su totalidad la Ley de Caducidad, pero al mismo tiempo a los familiares de los desaparecidos, que es público y notorio que están muy comprometidos con esa fuerza política, con el FA, y al PIT-CNT, también muy comprometido con esa fuerza política, les dice otra cosa. Y eso ha ido generando un clima de inestabilidad y un clima de preocupación que hoy tiene bastante conmovida a la opinión pública nacional. A eso le tenemos que sumar que el gobierno comienza a tener una serie de interpretaciones sobre la Ley de Caducidad que no solamente violentan la ley sino su espíritu. Pero además vuelven a violentar el pacto que hace 20 años ellos tuvieron con los militares.

Entonces, lo que la revista quiere trasmitir es que si el gobierno quiere hacer las cosas bien, o sea si entiende que hay otro camino, pues que lo plantee directamente y que deje buscar vericuetos o abriendo ventanitas o dando interpretaciones que la Ley de Caducidad no tiene, como tampoco tiene el espíritu a que se llegó, y que recuerde que hace 20 años esa misma fuerza política –no abro juicio de opinión sobre si estuvo bien o mal– se sentó con los militares en el Club Naval y todos los participantes, por lo menos los que sobreviven, que son muy pocos, a ese episodio, reconocen que el tema de los derechos humanos no se trató –y eso me parece gravísimo, porque además el FA fue el que más pagó, eso es innegable, con sus militantes, la represión– o estuvo subyacente o sobrevolando, como otros reconocieron, y tampoco se analizó. Entonces a 20 años, cuando ya es tiempo de dar vuelta la página, el Encuentro Progresista (EP), que hoy es gobierno, tiene que decidir y dar un mensaje claro para un lado o para el otro.

EC - ¿Pero para usted sería positivo derogar la Ley de Caducidad?

GP - No, para mí no sería positivo derogar la ley de caducidad, pero no podemos seguir en este tránsito bastante ambivalente que lo único que hace es generar preocupación en un lado y expectativas que no se van a comprender en el otro. En ese sentido si el gobierno quiere tomar el camino de rever, nosotros estamos dispuestos a analizarlo. Y estamos dispuestos a analizarlo porque en aquel entonces fuimos garantes de la institucionalidad votando a favor de la Ley de Caducidad, pero eso no nos hace cómplices ni avaladores de lo que sucedió en el proceso militar, como muchas veces se ha querido interpretar, porque nosotros no fuimos los que estuvimos sentados en el Club Naval pactando la salida institucional del país.

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Transcripción: María Lila Ltaif
Edición: Mauricio Erramuspe