(Emitido a las 7.38)

EMILIANO COTELO:
Sigue en el tapete la sugerencia de la Presidencia de la República a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y que el presidente de ésta trasladó a los jueces que entienden en causas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas antes y después de la dictadura.  La posibilidad de que las citaciones a militares se canalicen a través del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) ha propiciado desde el fin de semana dudas, preguntas y diversos pronunciamientos.

Por ejemplo el presidente Tabaré Vázquez negó ayer, hablando frente a su gabinete, que el objetivo del Ejecutivo en ese contacto con la SCJ fuera esconder las citaciones a los militares. Dijo que, por el contrario, la intervención fue para facilitar la forma en que se realizarán las eventuales comparecencias de los efectivos castrenses.

La doctora Azucena Berrutti, ministra de Defensa Nacional, es quien está oficiando de pivote de este nuevo procedimiento y por eso nos interesa conversar con ella esta mañana.

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Ministra Berrutti, ayer conversábamos sobre este tema con el presidente de la SCJ, el doctor Daniel Gutiérrez, pero me interesa tener también la versión directamente del Poder Ejecutivo.

Concretamente, ¿qué fue lo que se le expuso al Poder Judicial? ¿Cuál es la inquietud?

AZUCENA BERRUTTI:
Usted ha dado una información tan exacta de la situación que verdaderamente tengo poco para agregar. Lo que se le planteó al presidente de la SCJ fue exactamente eso, se le hizo una sugerencia sobre la necesidad de atenuar todo lo posible las asperezas para facilitar la declaración, la concurrencia a los juzgados de los oficiales militares que sean citados por la justicia. Fue exactamente eso, un planteo para facilitar las situaciones y se entendió que las citaciones a través del MDN podían ser un camino. Pero fue sólo una sugerencia, en ningún caso –no podía ser de otro modo– es una exigencia ni obliga tampoco a nadie.

EC - ¿Qué es lo que se busca canalizando las citaciones a través del MDN? A ver si entendemos bien, ¿se busca que no se filtren a la opinión pública el día y la fecha de las comparecencias? ¿Es ese el objetivo principal?

AB - En cierto sentido es eso, pero el objetivo de esa preocupación es evitar las aglomeraciones en la puerta de las sedes judiciales con personas que entienden que el objetivo principal de la situación no es encontrar la verdad sino ir a proclamar insultos o exhibir pancartas, de alguna manera agredir a las personas que van a declarar.

EC - ¿Entonces de esa manera lo que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo es atender un planteo, una preocupación surgida dentro de las Fuerzas Armadas? Porque habían trascendido algunos comentarios en ese sentido.

AB - Sí, sí. Ya le digo, a los efectos de limar asperezas. La concurrencia, la continuación de los procedimientos iniciados o que se inicien se van a llevar a cabo de todas maneras, pero se trata de que se lleven a cabo de la mejor manera posible.

EC - Usted sabe que alguna gente ha interpretado esta sugerencia del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y su eventual implementación como un privilegio para estos militares que tienen que declarar ante la justicia. ¿Usted qué responde?

AB - Creo que no es un privilegio sino una situación que merecen todos los ciudadanos de la República. Ninguna persona que sea citada a declarar a un juzgado tiene un pronunciamiento sobre su condición de culpable o inocente; y si finalmente fuera culpable o hubiera personas que tuvieran la convicción de que es culpable, eso no quiere decir que se tenga el derecho a agredir de palabra y eventualmente con proyectiles molestos. Yo he visto en la televisión que en algunos casos se llegó a tirar huevos a una persona que concurría a declarar. Con todo ese tipo de conductas que está señalando una falta de respeto por el otro. Y queremos que la justicia se resuelva en un ámbito verdaderamente de respeto por todo el mundo. Se va a llegar a las conclusiones que corresponda a través de la justicia de forma satisfactoria para todos, sintiendo que fuimos capaces de tener una conducta superior de respeto, más allá de las ofensas que recibimos o que recibieron en el momento de la comisión de los actos que ahora se están investigando.

EC - Es interesante esta exposición que usted hace, porque en estas horas se ha podido escuchar alguna sorpresa por el hecho de que usted, una ex abogada de decenas de presos políticos, hoy se manifestara preocupada por contemplar determinadas condiciones solicitadas por los militares que tienen que declarar.

AB - Cuando yo fui a defender a los presos políticos no fui a defenderlos porque en todos los casos participara de la ideología o de los pensamientos que algunos o muchos de ellos tenían, sino porque me pareció que no estaban siendo tratados con el respeto a la ley que correspondía. Para empezar, eran juzgados por la justicia militar, que yo estaba convencida que no era lo correcto en el caso. Uno no va a defender a alguien porque esté de acuerdo con la conducta que asumió y que motivó después la intervención de la justicia, uno lo defiende para asegurarse el cumplimiento de la Constitución y de la ley. En ningún caso la Constitución ni la ley establecen que las personas deban recibir el agregado del destrato por parte de quienes no están en condiciones de juzgar porque no conocen todos los hechos.

EC - ¿Cómo opera el procedimiento una vez que el juez libra una de estas citaciones?

AB - ¿Cómo opera en el caso de que intervenga el MDN?

EC - Exacto.

AB - Yo no sé, porque desde luego operará como la justicia resuelva, pero hasta ahora el juez ha remitido la citación a la SCJ, ésta la ha remitido al ministerio dirigida a mí personalmente y yo me he ocupado, también personalmente, del diligenciamiento de las citaciones.

EC - ¿Así, tan directo, es el diligenciamiento?

AB - Hasta ahora ha sido así de directo. Desde luego, hay algunas personas que me ayudan en las labores materiales que eso exige.

EC - Se lo pregunto porque inmediatamente surge el antecedente del año 1986, cuando se producían las primeras citaciones a militares antes de que se aprobara la ley de caducidad y algunas de ellas terminaron en la caja fuerte del comandante en jefe de la época, el teniente general Medina. Entonces otra pregunta es: ¿no puede ocurrir que la citación quede retenida en el camino?

AB - En ese momento el general Medina era el ministro de Defensa, no el comandante en jefe, según yo recuerdo.

EC - No, en ese momento era el comandante en jefe; el ministro era Chiarino.

AB - Era Chiarino, tiene razón. El comandante en jefe, que era Medina, puso las citaciones en una caja fuerte, según sus propias palabras.

EC - ¿No podría ocurrir algo así en este caso en la medida que se utilice el canal del MDN para las citaciones?

AB - En primer lugar el comandante en jefe, como todas las Fuerzas Armadas, está en una actitud de pleno sometimiento al mando político, y desde luego ha reiteradamente manifestado su voluntad de dar cumplimiento a todas las disposiciones que surjan de los mandos que corresponden. Por esa misma razón no existe la posibilidad, pero además, si se ocupa el ministerio no tiene por qué intervenir el comandante en jefe, aunque yo no tendría ningún problema porque el comandante en jefe está actuando en la más absoluta legalidad.

EC - La hipótesis que no hemos considerado hasta ahora es la de que uno de los citados resuelva no comparecer. Es más, todo indica que algunos de los involucrados –se manejan nombres de efectivos retirados del Ejército muy notorios– habrían ya comunicado su decisión de resistir una citación proveniente del Poder Judicial. En ese caso, ¿cómo funciona este canal del que estamos hablando?

AB - En ese caso el juez dispondrá. Todo nuestro esfuerzo está dirigido a que no se susciten esas situaciones; si se suscitaran el juez dispondrá y se recurrirá a la fuerza pública, como se hace generalmente, a través de la Policía, o se podrá disuadir a la persona para que concurra. El juez tiene en sus manos ese procedimiento.

EC - ¿Pero el Ejército mismo puede hacer de fuerza pública en esa hipótesis, y está dispuesto a jugar ese papel?

AB - Esa segunda etapa no ha sido considerada para nada.

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EC – A propósito de este tema hay declaraciones interesantes del juez en lo Penal, Gustavo Mirabal, que es uno de los que manejan casos que involucran a militares. Concretamente tiene a su cargo el expediente sobre la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman. El magistrado le bajó los decibeles al tema, recordó que ya citó a militares sin recurrir al Ministerio del Interior. "Ningún ministro de la Suprema Corte hubiera aceptado ni planteado a los jueces que se tomara declaraciones a los militares en los cuarteles", dijo Mirabal a El Observador, en línea con lo que dijo ayer En Perspectiva el presidente de la Suprema Corte, Daniel Gutiérrez, que había descartado la especulación respecto a que también en el planteo del Ejecutivo se incluía la sugerencia de que los interrogatorios fueran en los cuarteles. "Los interrogatorios serán en las sedes judiciales correspondientes", decía.

Mirabal agrega que el hecho de que las citaciones sean a través del Ministerio de Defensa "es normal, es una recomendación superflua". De hecho, "en el caso de los militares requeridos por Chile, por el asesinato del agente de inteligencia de ese país Eugenio Berríos, yo hice de esa manera la citación, a través del general Santiago Pomoli, que era entonces el comandante en jefe. En este caso también tenía previsto hacerlo de esa manera, el presidente de la Corte transmitió la sugerencia y cada cual hace lo que quiere", expresó Mirabal a El Observador.

"Sostuvo que con el sistema propuesto por el Ejecutivo se evita la  comisión de un delito porque realizar una manifestación frente de una sede judicial es una asonada, es un delito previsto por la ley donde se trata de forzar a una autoridad judicial a tomar una decisión en un sentido", informa el matutino.

Justamente, la información que En Perspectiva recogía de fuentes oficiales complementaba lo que hasta ahora ha circulado, diciendo que lo que se le solicitó a la Suprema Corte de Justicia la semana pasada fue por un lado que se siguiera haciendo lo que ya se había hecho. Hay varias citaciones que, como decía la doctora Berrutti, circularon a través del Ministerio de Defensa Nacional. Por otro lado, se solicitó a los magistrados discreción porque por más que la citación vaya a través del Ministerio de Defensa Nacional puede llegar a ocurrir que desde el juzgado mismo se produzcan filtraciones a propósito de fecha y hora d el audiencia. Este último detalle también se pedía que fuera cuidado.

Un aspecto particularmente delicado de estas citaciones a declarar en expedientes vinculados con violaciones a los Derechos Humanos es esa eventualidad sobre la que le consultaba a la doctora Azucena Berrutti: ¿qué pasa si uno de esos militares citados por un juez decide no comparecer?

Según las fuentes que consultó En Perspectiva a nivel de gobierno, esa hipótesis también está detrás de la idea de que las citaciones se procesen a través del Ministerio de Defensa Nacional. O sea, la hipótesis de que esté planteada la necesidad de tener que conducir por la fuerza a uno de esos militares citados por la justicia. Para el caso de que uno de los  citados se resista a comparecer, el procedimiento habitual es que el juez reitere la primera citación y, si en esa segunda convocatoria también se produce la negativa, se libre un tercer llamado pero canalizada a través de la Policía con la orden de conducir por la fuerza a la persona citada.

Como hay algunos militares que ya han anticipado, al menos según versiones, que no están dispuestos a declarar y que resistirán una citación de la Justicia, se entiende en el Poder Ejecutivo que es lo más apropiado no llegar al uso de un agente policial que intente conducir a un militar retirado en rebeldía. Es que está de por medio una especie de vieja rivalidad entre Ejército y policías que haría mucho más incómoda una situación como esa.

En la medida que la citación sea través del Ministerio de Defensa Nacional todo queda en manos del Ejército cuyos mandos, como recién mencionaba la ministra, han enfatizado que respetarán como corresponde la institucionalidad y la legalidad. Se entiende entonces que incluso en esos casos de eventual rebeldía en algunos militares, el hecho que la citación les llegue a través del propio Ejército hará que no sea necesario reiterarla. En todo caso, si ello no es así, el Ejército deberá resolver cuál es el procedimiento que sigue para efectivizar una citación proveniente de un juez penal.

Otro detalle que nos hacían notar las fuentes es que algunos de esos militares que se sabe que van a ser citados pueden no estar ya en sus lugares habituales de residencia. Entonces, si no es a través del Ministerio de Defensa la Justicia muy probablemente no podrá localizarlos.


Notas asociadas:
Presidente de la Corte no ve privilegios en citar a militares por el Ministerio de Defensa. Entrevista con Daniel Gutiérrez. (4.07.05)

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe
Foto: Presidencia de la República