(Emitido a las 7.50)

EMILIANO COTELO:
Se creará una comisión cuatripartita con representantes de trabajadores, empresarios, legisladores y el Poder Ejecutivo a fin de promover un marco jurídico para la intervención del gobierno en el caso de ocupaciones de lugares de trabajo.

El ministro del Interior, José Díaz, concurrió ayer a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, llamado a explicar la derogación del decreto que permitía el desalojo policial de las empresas.

El responsable de esa convocatoria fue el diputado Gustavo Borsari, del Herrerismo, Partido Nacional (PN), con quien vamos a conversar.

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Diputado Borsari, ¿concretamente por qué se producía ese llamado?

GUSTAVO BORSARI:
Se produjo porque el Poder Ejecutivo derogó el decreto 512, de 1966, que establecía un régimen por el cual se podían desocupar los establecimientos comerciales, industriales, de enseñanza, cuando eran ocupados por personas que podían ser gremialistas o no. El Estado podía, a pedido de parte, desalojar esos establecimientos.

A partir del nuevo decreto del Poder Ejecutivo, firmado por el ministro del Interior y el presidente de la República, el Estado quedó desde nuestro punto de vista inerme, y los ciudadanos, los poseedores de los locales, quedaron inermes porque no tienen vía para pedir el desalojo de esos lugares, creando desde nuestro punto de vista un vacío jurídico, un vacío legal muy importante, como se vio en el caso de un frigorífico que hace poco tiempo concurrió a la vía judicial solicitando el desalojo del local y la justicia se declaró incompetente. Por eso decimos que existe un vacío jurídico.

EC - O sea que lo que a usted le preocupa es el vacío jurídico.

GB - Exacto.

EC - ¿Y usted estaba de acuerdo con la solución vigente anteriormente?

GB - Sí, estaba de acuerdo y creo que era perfectamente arreglada a derecho.

EC - No es la opinión del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior entiende que era inconstitucional.

GB - Exacto; nosotros creemos que era constitucional. Además creemos que fui altamente inconveniente, porque si el ministro entendía que era inconstitucional –puede ser una opinión válida– debió crearse otra figura jurídica que amparara al ciudadano, que le diera una vía para poder desalojar su local si el mismo fuera invadido desde nuestro punto de vista ilegalmente porque la Constitución de la República garantiza el derecho de propiedad, así como garantiza el derecho a la huelga.

Pero allí tenemos una diferencia filosófica importantísima con el ministro del Interior, que es la siguiente: nosotros entendemos que la ocupación de locales no es una extensión del derecho de huelga, sin embargo el ministro entiende que lo es. Me parece muy grave esa afirmación, que ayer se dijo en el ámbito de la comisión pero se dijo también públicamente hace poco tiempo en la prensa. Creemos que eso es muy peligroso a los efectos de prohijar o impulsar este tipo de medidas, que nos parecen absolutamente contrarias a la seguridad jurídica que debe dar un gobierno. Una seguridad jurídica que si no se da, da lugar a condiciones claramente atentatorias contra las inversiones.

EC - Ustedes han presentado alternativas, en el PN se manejan varias ideas.

GB - Exactamente. Nosotros no solamente hemos criticado este grave error del gobierno, sino que como una oposición constructiva hemos presentado dos proyectos de ley que van en la misma dirección, es decir establecer un mecanismo para el desalojo de los locales cuando son ocupados. Ayer se las presentamos y también dijimos que íbamos a unificar la propuesta a los efectos de que el gobierno pueda tener una sola expresión.

EC - A grandes rasgos, ¿cómo funciona por ejemplo una de ellas? ¿Qué es lo que se prevé?

GB - Las dos funcionan en el sentido de establecer un marco jurídico dentro del cual el ciudadano pueda ir, en una de ellas a la jefatura de Policía correspondiente, presentar la denuncia de la ocupación y después de una pequeña instancia de conciliación el Ministerio del Interior podrá ir a desalojar el local. La otra establece el mismo procedimiento pero no con la intervención primaria de la jefatura sino con una denuncia al juzgado de turno correspondiente, que llamará a conciliación y decidirá luego si desaloja. Ésas son las dos iniciativas que hay.

EC - ¿Fueron bien vistas en el Ministerio del Interior?

GB - El Ministerio del Interior no se pronunció acerca de ellas. Más bien se dijo ayer que de ahora en adelante va a ser el ministro de Trabajo el que va a ocuparse de este asunto. En ese sentido es que nosotros vemos con buenos ojos una propuesta del ministro Bonomi de crear una comisión cuatripartita entre gobierno, empresarios, trabajadores y partidos políticos con representación parlamentaria a los efectos de llegar a un marco jurídico común, de consenso, que venga al Parlamento y sea aprobado rápidamente a los efectos de que el país tenga nuevamente una vía para salir de este tipo de situaciones.

EC - ¿Se supone que ese grupo va a trabajar con algún plazo, que se va a tener una conclusión en forma relativamente rápida?

GB - Yo espero que sí. A partir de ayer estamos esperando que nos convoque el ministro de Trabajo para trabajar rápidamente, porque ya hay dos proyectos de ley que, por supuesto, pueden ser modificados, borrados o hechos de vuelta, pero lo que nos interesa es que haya un marco legal que permita tener nuevamente un derecho. Si no se quiere por decreto, fenómeno, será por ley.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe