EMILIANO COTELO:
Quienes pensaban que este fin de semana, por ser fin de semana largo, iba a ser tranquilo... se equivocaron.
Ya sabíamos de la reunión del Consejo de Ministros que iba a tener lugar durante todo el sábado en la Residencia Presidencial de la Avenida Suárez. Así que por ahí ya existía una expectativa política fuerte.
Pero lo más impactante llegó desde las Fuerzas Armadas. ¿Fue algo inesperado? No del todo.  Algo podía ocurrir a nivel militar en estos días, en la medida que hoy finaliza la feria judicial menor y, por tanto, a partir de mañana pueden comenzar a librarse las citaciones de los jueces penales que investigan violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura y antes de ella.
El viernes el comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, relevó de su cargo al general Juan Córdoba, que hasta ese día se desempeñaba como jefe de la División de Ejército 1, con asiento en Montevideo. La decisión se conoció al término de una reunión que por espacio de cuatro horas mantuvo Bertolotti con la Junta de Oficiales Generales para informales el resultado de su audiencia con el presidente Tabaré Vázquez el miércoles anterior. 

Durante ese encuentro de las jerarquías militares, Córdoba mantuvo su discrepancia con la posición de Bertolotti en cuanto a que la fuerza de tierra no ponga obstáculos a las citaciones de la justicia penal a los militares retirados involucrados en los expedientes más sonados, que están en el tapete.

Ese fue el nudo del diferendo, según coinciden todas las fuentes consultadas por En Perspectiva.

Algunas de ellas agregan que el general Córdoba defendía que se procediera como ocurrió en 2003, cuando varios de esos oficiales retirados se refugiaron en la División del Ejército 1, en momentos en que el juez Alejandro Recarey pretendía citarlos a declarar como parte de la investigación de la desaparición de la maestra Elena Quinteros. Esta salida, según los informantes, no fue iniciativa del jefe de entonces en esa División, el general Raúl Villar, sino que formó parte de un acuerdo político entre el comandante en jefe de la época y el presidente de la República de ese momento.

Lo cierto es que en la reunión del viernes, Bertolotti ratificó que esta vez el procedimiento será el ya anunciado a comienzos de mes: las citaciones judiciales se canalizarán a través del Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército, y corresponderá a la propia fuerza de tierra encargarse de entregarlas y hacer que se cumplan.
La diferencia de opiniones entre Bertolotti y Córdoba se mantuvo, incluso pese a una conversación mano a mano que ambos mantuvieron.  Ante esa situación, él general Córdoba no tenía otra alternativa que dejar su puesto, que fue lo que se resolvió en la tarde del viernes.

¿Él renunció o el comandante en jefe lo relevó? Hay trascendidos de tono distinto circulando desde entonces. Lo cierto es que Córdoba ya no será jefe de la División de Ejército 1.

Córdoba, un oficial identificado con el Foro Batllista, fue edecán del doctor Julio María Sanguinetti cuando este fue presidente entre 1995 y 2000.

Lo natural

El comunicado que dio a conocer el viernes el ministerio de Defensa Nacional consignando el relevo de Córdoba, agregaba: "La situación es de absoluta normalidad en todos los ámbitos de este ministerio, hecho que comprueba una vez más la vocación democrática de todas las fuerzas a su cargo, en total acatamiento de la autoridad constituida".

La reacción a nivel del gobierno fue de satisfacción con el desenlace del diferendo.  Una fuente del Poder Ejecutivo lo planteó en estos términos: "En principio suena algo dramático por los antecedentes de la dictadura, etc, pero en democracia estas cosas se resuelven así.  Si un ministro discrepa con el presidente tiene que irse.  Si el jefe de una división de Ejército discrepa con el comandante, debe dejar su puesto". 

Claro, pero la pregunta que viene a continuación es: ¿El caso del general Córdoba es un caso aislado?  ¿Qué otros remezones se producirán en los próximos días en la interna de las Fuerzas Armadas?  Y, más globalmente, ¿qué consecuencias tendrán estos episodios?

Grossi no

El diario La República de ayer domingo 17 tituló en su tapa que el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Dardo Grossi, se había alineado con Córdoba y, por lo tanto, también sería destituido.  Sin embargo, al mediodía, el jefe de Relaciones Públicas del Ejército Roberto Molina, descartó esa versión. Hablando con el Servicio Informativo de El Espectador, Molina enfatizó que Grossi "es la persona de confianza del señor comandante Angel Bertolotti" y que "no se siente alineado a ninguna tendencia ni grupo dentro del Ejército".
Molina, como portavoz de Grossi, indicó a la agencia AFP que "el general responde a los mandos como lo dispone la Constitución y las leyes vigentes", dando por tierra con toda especulación.
Por otra parte Molina dijo que el jefe del Estado Mayor "sigue teniendo toda la confianza del comandante Bertolotti".

¿Otros sí?

De todos modos, ayer mismo, el diario El País informó que el Ejército había ingresado "en una profunda crisis interna que puede derivar en la destitución o renuncia de otros generales".  Tanto ese artículo como otro de El Observador del sábado mencionaron a otros dos generales colorados, Tomás Medina y Ricardo González, como discrepantes con el manejo que el tema ha tenido hasta ahora, lo que implica discrepar con el comandante en jefe.  Según El País, ambos podrían adoptar una actitud similar a la de Córdoba. Sin embargo, a nivel del Poder Ejecutivo se mantenían dudas al respecto.
En cualquier caso, se asegura, la postura disidente es claramente minoritaria y quienes la sostengan irán siendo relevados de sus puestos y/o pasarán a retiro

Entre las fuentes militares que consultó En Perspectiva también se remarcó que "no existe ningún riesgo institucional" y algunos añadieron que "tampoco hay una confrontación entre los generales".  ¿Qué es lo que hay entonces?  El intento de algunos altos oficiales por seguir conversando y negociando para proteger hasta el máximo posible a los militares retirados involucrados en violaciones a los Derechos Humanos (algo que, según El País, se habría plasmado en un pacto interno del Ejército a la salida de la dictadura).

El origen de la inquietud

El telón de fondo de toda esta situación es el ya conocido:  el gobierno de Tabaré Vázquez anunció inicialmente que se atendría a la Ley de Caducidad, que investigaría sobre desaparecidos al amparo del artículo 4º y que sólo consideraría excluidos del artículo 1º los casos de Michelini-Gutiérrez Ruiz y de la nuera de Gelman. 
El Ejército aceptó esa flexibilización de los criterios que habían seguido los gobiernos anteriores y manifestó su disposición a colaborar en la investigación de los casos de desaparecidos aún pendientes, llegando incluso a crear una comisión interna para desarrollar ese trabajo.  Pero en el mes de junio varios generales sintieron que se les cambiaba las reglas del juego cuando el Edificio Libertad dio vía libre a otras investigaciones penales, algunas referidas a hechos anteriores a 1973 y otras posteriores a 1973 pero en las cuales intervinieron civiles.
Si bien el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, sostiene que en estos expedientes los delitos ya han prescripto, ese argumento no termina de tranquilizar a los oficiales disconformes, que hacen notar lo obvio: eso no lo define la Presidencia, sino cada juez, y, por lo tanto, no hay garantías de que no habrá militares procesados y/o presos por esos casos que no figuraban en el libreto.

Esta semana

En todo caso, el panorama quedará claro el miércoles cuando el teniente general Bertolotti vuelva a reunirse con todos los generales que desarrollan sus tareas en territorio nacional.
Ese mismo día, Bertolotti también recibirá en su despacho a los oficiales retirados más comprometidos en los casos de violaciones a los Derechos Humanos.  Según la información que volvió a circular en el fin de semana, algunos de ellos ya han anticipado que se proponen resistir las eventuales citaciones judiciales.  ¿Quiénes están en esa posición durísima?  El teniente coronel retirado José Nino Gavazzo y el ex capitán Ricardo Arab y también Jorge  Silveira.
Un recuadro que publicó el sábado El País da la pauta de la posición del comandante en jefe. Cuando Gavazzo le advirtió que no iría a declarar y que iba a resistir las citaciones armas en mano, Bertolottí le habría respondido: "Entonces te veré en tu velorio".

En el Poder Ejecutivo existe una amplia conformidad con la actitud que el comandante en jefe viene manteniendo en todos estos asuntos.  Por otra parte, también se destaca que los nervios y rumores que se han dado se circunscriben a sectores del Ejército, y que mientras tanto la Armada y la Fuerza Aérea no han mostrado ningún grado de inquietud por estos temas.

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¿Investigación frustrada?

Para terminar este repaso de las novedades del fin de semana les menciono un último detalle.

Me llamó la atención que otro de los altos oficiales con los que hablé ayer mencionó como un factor que complica las cosas el hecho de que las citaciones vayan a producirse antes de que el Ejército finalice la investigación que viene realizando sobre los casos de desaparecidos aún incompletos.
Como ustedes recordarán, el grupo investigador, que encabezan los generales Pedro Barneix y Carlos Díaz, tiene plazo hasta el 8 de agosto para entregar sus conclusiones. Esta fuente tenía la expectativa de que si este informe se presentaba antes de que se produjeran las citaciones, pudiera alterar de algún modo el curso de las acciones judiciales pendientes. A nivel del Poder Ejecutivo no se entiende ese razonamiento. Sí existe algo de preocupación también por el hecho de que estas citaciones se produzcan en este momento.
Ya hemos comentado que ese trabajo se vio afectado por el nuevo alcance que el Poder Ejecutivo dio a la Ley de Caducidad. Cuando se supo que la Presidencia consideraba no protegidos por la caducidad los hechos anteriores a 1973, algunos de los militares retirados que iban a testimoniar en la comisión del Ejército se retrajeron y dejaron saber que no colaborarían. Ahora, estos hechos de los últimos podrían agregar nuevos obstáculos a la indagatoria. 
A nivel del gobierno se acepta que esa investigación interna del Ejército, en la cual se habían cifrado expectativas importantes, terminará efectivamente afectada por este clima.  Una de las fuentes políticas no ocultó su frustración por ese resultado y lamentó que el Poder Ejecutivo hubiera quedado entre dos fuegos: el de los militares nostálgicos, por un lado, y, por otro, el de algunos activistas de Derechos Humanos que propiciaron las nuevas denuncias, que no figuraban en los planes iniciales de esta administración.