(Emitido a las 08.40)

EMILIANO COTELO:
El gobierno del doctor Tabaré Vázquez está empeñado en que, de una vez por todas, pueda darse vuelta la página de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura.

Para eso se fijó dos grandes prioridades. A nivel del Poder Ejecutivo, una investigación administrativa sobre los desaparecidos, procurando obtener los datos aún pendientes, especialmente el destino de los restos. En segundo lugar, en el ámbito de la Justicia Penal, el esclarecimiento, con determinación de los culpables, de dos casos emblemáticos: los asesinatos de la nuera de Gelman y de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Desde el comienzo sobre este esfuerzo sobrevuela la pregunta de cuánto se podrá avanzar y, ligado a lo anterior, en qué medida los resultados dejarán satisfechos a los familiares de las víctimas y a todos los sectores de la izquierda.

Pero con el correr de las semanas han aparecido algunos interrogantes más. 

Y uno de ellos es: ¿El gobierno conseguirá mantener acotadas las derivaciones de estas acciones?  O, dicho de otra manera: ¿la Administración Vázquez conseguirá controlar la amplitud de este empuje revisionista?

Lo ocurrido en los dos últimos meses muestra que el intento por contener las salidas de cauce se presenta como algo especialmente arduo. 

Primeros ensanches
 
En realidad, la cancha marcada inicialmente ya se desbordó bastante.

En cuanto a la posibilidad de actuación de la justicia penal, el Poder Ejecutivo había anunciado que iba a excluir de la protección de la ley de caducidad sólo dos casos. Pero después fueron surgiendo otros expedientes a los que, ante la consulta de los jueces, también dio vía libre. Me refiero a episodios anteriores al 27 de junio de 1973 y a algunos posteriores al golpe pero en los cuales hay indicios serios de que no sólo participaron militares y policías, sino también civiles.
Esta novedad provocó una verdadera polvareda en la interna del Ejército, que el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, ha procurado tranquilizar con el argumento de que, seguramente, esos delitos ya se encuentran prescriptos.

Jueves y viernes: declaraciones

Pero las sorpresas no quedaron allí. 
La semana pasada, sin ir más lejos, ocurrió algo que probablemente no figuraba en el libreto. 
Varios de los militares que van a ser citados a declarar en la justicia salieron a la prensa e hicieron sus primeras declaraciones públicas. 

Uno de ellos fue el coronel retirado Gilberto Vázquez.  Hablando en Búsqueda y en otros medios, se desmarcó por completo del caso Gelman, atribuyó esa operación al ex capitán del Ejército Ricardo Arab y los policías retirados Ricardo Medina y José Sande, y opinó que fue realizada "con desconocimiento o engaño de los jefes".

Ese discurso, chocó con el de Sande, que salió en defensa de Ricardo Medina, a quien hace años se señala insistentemente como el asesino de María Claudia de Gelman.  Sande sostuvo que Medina "se está comiendo un garrón"  y rechazó también la tesis de que ese secuestro y homicidio haya sido una operación desarrollada sólo por policías. "Si fue, fue una operación militar", agregó Sande, que destacó que por sus características no pudo estar ajena al conocimiento de las Fuerzas Armadas.

Este entrecruzamiento de versiones y acusaciones derivó el sábado en una vuelta de tuerca más.  Ese día El Observador informó, citando fuentes cercanas a Medina, Arab y Sande, que aquel operativo pudo haber sido un favor que se le hizo a las fuerzas represivas argentinas a cambio de dinero. "Quizás hay que empezar a hablar del dinero que hubo, no sólo atrás del caso Gelman, sino también de uruguayos secuestrados en Argentina y que luego fueron liberados acá a cambio de plata", dijo uno de esos informantes.

Este último detalle es un buen ejemplo de cómo la bola de nieve va creciendo un tanto descontrolada. Es cierto que lo de El Observador es, por ahora, sólo un trascendido.  Pero, si esa explicación se vuelca en el juzgado que investiga el caso Gelman, puede al mismo tiempo darle un golpe de timón imprevisto a otros hechos de aquella época que todavía esperan ser dilucidados. 

Yo pregunto: Si lo que había detrás de varias de estas acciones era intercambio "de plata", ¿cuántos casos más se podrá sacar del paraguas de la Ley de Caducidad?
Porque, recordemos, el artículo 2º de esa norma, exceptúa a "los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho económico".

Los mandos

Pero aparte de estas sorpresas que se acumularon desde el jueves de la mano de la verborragia de algunos militares y policías, en los días previos había estado delineándose otro capítulo inesperado.

¿A qué me refiero?

A una discusión un poco más discreta a propósito de la responsabilidad que los mandos de la época pudieron tener en los delitos que están indagándose.

Se trata de una línea de análisis que puede terminar con citaciones judiciales y eventuales condenas de oficiales retirados del grado más alto, tanto generales como incluso ex comandantes en jefe del Ejército.

La primera señal

Como ustedes saben, hace 10 días, el miércoles 20 de julio, tuvo lugar una reunión muy importante del comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, con los generales en actividad y con los oficiales retirados involucrados en casos de violaciones a los Derechos Humanos.

Aquel miércoles de noche, buscando información sobre lo que había sucedido en ese encuentro, escuché un comentario que me descolocó.

Un general en actividad que había participado de ese cónclave, en determinado momento de la charla telefónica me preguntó:
"¿Por qué siempre se carga las tintas en esos militares que podrían haber sido los ejecutores de los casos de violaciones a los Derechos Humanos?  Si  ellos actuaban siguiendo órdenes, ¿por qué nunca se menciona la responsabilidad de quienes estaban al mando en aquella época?"
Este general me recordaba que en su momento "los propios mandos asumieron la responsabilidad".

Mientras yo trataba de hacer memoria en busca de esos antecedentes, este alto oficial avanzó un paso más y apuntó a un nombre concreto.  Dijo: "Yo, por ejemplo, no entiendo por qué nunca le pegan al ‘Goyo’. ¿Será porque sabe demasiado?".

Se refería, por supuesto, al teniente general retirado Gregorio Álvarez, que fue presidente de facto en el final de la dictadura, y que antes había sido comandante en jefe del Ejército, antes aún jefe de la Región Militar Nº 4 y, visto más globalmente, uno de los generales más influyentes del período de facto.

En la producción de EN PERSPECTIVA agendamos el tema y comenzamos a trabajarlo. 

Varias publicaciones

Pero antes de que pudiéramos avanzar demasiado, el viernes 22 nos encontramos con la segunda sorpresa. 
Ese día el diario El País reveló que un militar retirado estaba dispuesto a aportar nuevos datos sobre el asesinato y desaparición de la nuera de Gelman. 
La primicia era importante y dio mucho que hablar, incluso aquí, en nuestro programa.  Tal vez por eso pasó desapercibido que junto con ese artículo aparecía un recuadro titulado simplemente: "Orden 7777". 
Sin mayores explicaciones y sin ninguna relación aparente con la otra nota, ese suelto reproducía un párrafo de la orden interna 7777 del Ejército, firmada por Gregorio Alvarez el 3 de julio de 1978, cuando era comandante en jefe. Un texto que, creo, casi nadie recordaba últimamente y que en su parte medular dice:
"Este Comando no permitirá fijar forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión y si alguna actividad reñida con los Derechos Humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido, por su condición de jefe de Estado Mayor Conjunto en la época de referencia".

Con esa publicación en la prensa, ya iba quedando claro que desde el Ejército alguien o algunos procuraban instalar el debate a propósito de la responsabilidad de los mandos en los casos que hoy están en el tapete.  Y que, en particular, apuntaban al teniente general Álvarez.

Pero la cosa no quedó allí.

El domingo 24, un artículo de El Observador fue directo al grano. Citando fuentes militares, ese matutino adelantó que los implicados en el caso Gelman "dirán ante la justicia que en todo momento actuaron bajo órdenes superiores".  La nota agregaba que aún están con vida varios de los miembros de la junta de oficiales generales del año 1976, y mencionaba como ejemplo, casualmente, al teniente general Gregorio Álvarez.

Tres días después, el miércoles 27, el diario El País volvió sobre este flanco. En el medio de una nota sobre estos temas de actualidad, el periodista escribió:
"Entre los retirados denunciados existe malestar por el hecho de que se responsabilice a los mandos medios de los delitos de violación a los Derechos Humanos ocurridos durante la dictadura, pero se excluya a quienes ejercían los mandos. La interrogante relativa a cuál es el motivo por el que en las diversas denuncias no se mencione al ex presidente de facto, Gregorio Alvarez, es recurrente entre los militares que serán citados por la Justicia".
Y luego añadió que "la orden interna No. 7777 (...) es una las alternativas que manejan algunos retirados para ratificar en los juzgados que sus acciones fueron por orden del mando".

En esa página de El País del miércoles volvió a publicarse la orden 7777, aunque esa vez en su texto íntegro.

La interpretación

¿Qué se busca con esos trascendidos que en los últimos días fueron llegándonos a algunos periodistas?

Dos altos funcionarios del gobierno con los que conversé la semana pasada lo interpretaron de esta manera: "En la medida que el Poder Ejecutivo sacó de la ley de caducidad algunos casos, y que ahora la actitud del Ejército cambió y ya no se insiste en defender a cualquier costo a los culpables de los delitos más aberrantes, éstos se resignan a pasar por la justicia, pero no están dispuestos a ser los únicos que carguen con las consecuencias de aquellos excesos".

¿Y por qué se apunta específicamente al teniente general Álvarez?

Bueno,  primero porque existe aquella orden interna firmada por él y, segundo, no hay que descartar que influya el hecho de que Álvarez siempre ha sido polémico dentro del Ejército y así como ha tenido seguidores, también ha contado como numerosos enemigos.  

Opiniones de abogados denunciantes

Ahora, más allá de las especulaciones sobre lo que se buscaría con estos trascendidos, también nos interesó saber qué efectos puede tener el hecho de que algunos de los acusados en estos juicios invoquen la Orden 7777.

Eel doctor Guillermo Paysée, abogado de SERPAJ, advirtió que más allá de que Álvarez eventualmente pueda terminar procesado por estas causas, los autores materiales también serán responsabilizados.
Según Paysée, la Orden 7777 no exime de culpa al autor material del crimen. En todo caso, "suma un culpable más", aseguró Paysée.

(Audio)

"GUILLERMO PAYSÉE:
En cuanto a la orden superior a que se hace referencia del Gral. Álvarez, obviamente que eso no exime de responsabilidad a quienes hayan obedecido órdenes ilegales o ilegítimas, puesto que el artículo 29 del Código Penal que es el que establece la obediencia al superior y establece en que caso se está exento de responsabilidad habla de que la gente tenga la obligación de cumplir esa orden. Obviamente, si la orden que se le da es cometer un delito – ya sea un homicidio o una desaparición, torturas u órdenes por el estilo – en ese caso no se puede alegar esta circunstancia para quedar eximido de pena".

(Fin del audio)

A propósito, el Artículo 29 del Código Penal establece que "está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto por obediencia debida. La obediencia se considera tal, cuando reúne las siguientes condiciones: 1) Que la orden emane de una autoridad; 2) Que dicha autoridad sea competente para darla; 3) Que el agente tenga la obligación de cumplirla".

Tanto Paysée, como el doctor José Luis González, abogado de la familia Gelman, opinaron enfáticamente que será muy difícil que los militares acusados puedan ampararse en este artículo del Código Penal  para eximirse de culpa.
¿Por qué?
Porque aún cuando en estos hechos se cumplan los dos primeros requisitos establecidos – esto es, que la orden haya emanado de una autoridad y que ésta a su vez sea competente para darla – no se estaría cumpliendo el tercero, es decir que el oficial esté obligado a cumplir esa orden.
Paysée explicó que asesinar, torturar, o secuestrar a una persona no son las funciones de un militar. Por lo tanto, éste no está obligado a cumplir con ese tipo de órdenes. Y, si no está obligado a cumplir, al habérsele encomendado una acción delictiva, el militar en cuestión debió haberse rehusado a ejecutarla. Si no se negó, entonces sí puede ser responsabilizado por el crimen cometido.

Por otra parte, Paysée remarcó que para que Álvarez sea encausado no es necesario probar que él impartió las órdenes. Solo basta con que tuviera conocimiento para ser responsable por los delitos cometidos por sus subalternos.

(Audio)

"GP - Por un lado tenemos entonces la responsabilidad de quienes cometieron el hecho y por otro lado tenemos la responsabilidad de quien impartió la orden para cometer un delito, o quien, enterado de determinados delitos, no hizo la denuncia correspondiente o no los reprimió en la justicia ordinaria o en la justicia militar como correspondía. Quiere decir que el dictador Álvarez se estaría sumando en todas las causas de acuerdo a esta orden de servicio. Y bueno, y creo que este tema es muy claro, que a confesión de partes relevo de pruebas. Si hay alguien que se hace responsable de todos los hechos, ya sea porque los conocía o porque impartió la orden, concluimos en esta reflexión".

(Fin del audio)

Paradoja y complicaciones

Luego de escuchar las argumentaciones de esos abogados, y viendo que es tan claro que Gregorio Alvarez puede verse involucrado en estos juicios que ahora se encuentran en curso, vuelvo a lo que comentábamos hace un rato. ¿Por qué este alto jerarca de la dictadura no había sido objeto de acusaciones concretas de las organizaciones de Derechos Humanos? Una pregunta que hace 10 días me formulaba un general en actividad y que, según pudimos confirmar, surge cada tanto en el ámbito castrense.

Por ejemplo, este sábado, la producción de EN PERSPECTIVA conversó con un coronel retirado que señalaba su desconcierto porque al teniente general Alvarez no lo cuestionaran "ni la prensa, ni quienes reclamaban Justicia".
"Es insólito" –agregaba- "porque en Chile piden por Pinochet, en Argentina se tiran contra Videla, y acá están atrás de gente como Silveira, un teniente, que tenía 25 años; un pichón que cumplía órdenes. El Goyo era el número uno y en eso no puede haber dos opiniones. Era el jefe del Estado Mayor Conjunto, fue el verdadero cerebro del Golpe de Estado. Estaban Cristi, que ponía la  fuerza, y el Goyo que era el que aportaba toda la inteligencia".

Además, seguía diciendo este coronel retirado, en 1980 "cuando todos ya nos queríamos ir, cuando todos teníamos claro que la gente había votado el No, que ya no aceptaba esta conducción, Álvarez se llevó a toda la fuerza por delante y asumió como presidente. El único militar que fue presidente en la dictadura. Y ahora de él se olvidan, cuando fue el mayor responsable. (...) Fue él quien empaquetó a todo el mando", decía esta fuente.

Más allá de esos comentarios de los corrillos militares, lo cierto es que luce como una verdadera paradoja que el teniente general Álvarez pueda terminar procesado y hasta condenado, pero no a raíz de una iniciativa de los denunciantes de estos casos, sino por una serie de filtraciones lanzadas a la prensa desde el propio Ejército.

Pero, aparte de esa paradoja, lo otro que también conviene tener en cuenta es que si ese camino se pone en marcha, este proceso experimentará un salto cualitativo sustancial.

Volviendo a lo que charlábamos al comienzo, todo indica que el gobierno se fijó un cierto marco para estas investigaciones y estos juicios. Y específicamente, en cuanto a eventuales condenas a militares y policías se apuntaba a un puñado de hombres, los más "quemados" por las denuncias.

El escenario sería muy diferente si las consecuencias abarcaran al teniente general Álvarez y a otros altos mandos que en el pasado hayan dejado constancia de se responsabilidad sobre lo actuado por sus subordinados.

El oficial retirado con el que conversamos anticipó que "si lo van a buscar al Goyo, no tengan ninguna duda que no se va a lavar las manos, él va a asumir la responsabilidad".
Y, pese a que, notoriamente, nuestra fuente no era un amigo de Álvarez, agregó: "Ojalá no lo terminen involucrando, porque en ese caso entramos en un revisionismo en serio y la cosa se complica en serio".