Montevideo, 8 de agosto de 2005

Señor
Presidente de la República Oriental del Uruguay
Doctor don TABARE VAZQUEZ
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente hago entrega del informe por Usted solicitado referente a la investigación de situaciones acaecidas en el país, en un período de la historia que hoy aspiramos estar cerrando.
Me hice cargo del Comando General del Ejército en circunstancias en las que este tipo de asuntos todavía resultaban muy sensibles y complejos en su tratamiento, en particular para la Fuerza. En esa percepción se involucraban aspectos de índole operativa, legal y constitucional.

El Ejército Nacional, luego de una actualización de la apreciación de la situación estratégica que le permitió definir las coordenadas del nuevo escenario que se planteaba, decidió llevar adelante todas aquellas actividades que permitieran, a partir del informe de la Comisión para la Paz y en consonancia con los anuncios por Usted formulados, el esclarecimiento de la situación. Las directivas emanadas del Poder Ejecutivo fueron formalizadas con fecha 8 de junio del corriente año.

Desde el principio no se ahorró ningún esfuerzo para conocer lo acontecido, se lo hizo bajo el régimen de Comisión Investigadora, integrada por el suscrito y dos Oficiales Generales. A las actuaciones de esta Comisión se les asignó, de acuerdo a la voluntad expresamente por Usted manifestada, la condición de secretas, extremo que en todos los puntos se ha mantenido.

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Quiero dejar expresa constancia de que el Ejército ha realizado los máximos esfuerzos en esta investigación: empeñó en ella a sus mejores hombres, dispuso de todos los medios materiales necesarios y considerables recursos económicos, con el propósito de cumplir su finalidad. No se han medido costos de ningún tipo, en la convicción de que esta investigación conducirá a facilitar la ansiada pacificación que la República y sus instituciones merecen. Ello, lógicamente, afectó a la Institución, a sus integrantes, a la corporación en su conjunto y también al Mando. Como cuadra a nuestro honor y juramento de Soldados, hemos trabajado con lealtad, equilibrio y en silencio. Creemos haber actuado en forma reflexiva y ponderada, sustrayéndonos a la subjetividad de los perfiles personales de cada uno de los actores. Ese matiz no hubiera contribuido al resultado buscado en este proceso que hoy estamos clausurando y nos hubiera desviado de los superiores objetivos que nos animan.

Estoy convencido de que escapan a los deberes y atribuciones de la Institución que me honro en comandar, las definiciones que, por su naturaleza y la excepcionalidad del tema que nos convoca, se encuentran claramente circunscriptas en el nivel político. Nuestro campo de competencia, como Ejército, tiene su frontera institucional en las puertas donde se abren dichos niveles.

Consecuentes con lo que somos y con lo que nos identifica, no pido para el Ejército Nacional, más que el reconocimiento por el deber cumplido. Sabemos que cada circunstancia impone sus pautas y marca sus ritmos y no perdemos de vista que, en esta coyuntura histórica, estamos haciendo lo que las circunstancias imponen como sabemos también que los camaradas que nos han precedido en esta responsabilidad cumplieron cabalmente con su deber en el tiempo histórico y político en el que les correspondió actuar y tutelar los destinos de la Fuerza.

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Ahora, tras esta etapa cuyo cumplimiento tanto se nos ha reclamado, el Ejército Nacional aspira a seguir asumiendo aquellas misiones y funciones específicas que permitan su desarrollo y modernización en todos los órdenes y dedicarse plenamente a la tarea de construir espacios de crecimiento y de servicio que permitan contribuir a dotar cada vez más al país de los instrumentos idóneos para una eficaz Defensa Nacional.

Reciba Señor Presidente, el presente informe, retazo de una historia que a todos los orientales, fuera cual fuera el papel que en ella nos tocó desempeñar, nos duele y que nuestra Nación no merecería volver a vivir.

Lo saluda con el respeto de siempre:

Teniente General Ángel Bertolotti.

INFORME DEL EJÉRCITO NACIONAL SOBRE LOS CIUDADANOS DETENIDOS Y DENUNCIADOS COMO DESAPARECIDOS

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

I – INTRODUCCIÓN

El presente informe se realizó en forma secreta, con el propósito de contribuir al esclarecimiento del destino de los restos de los ciudadanos detenidos, durante el régimen de facto (27 de Junio de 1973 - 1º de Marzo de 1985), cuya detención no había sido reconocida hasta la fecha por la Institución.

La información a la cual se arribó, ha sido obtenida en forma voluntaria y teniendo además en cuenta que algunos de los integrantes de la Fuerza que podían haber aportado información más precisa o corroboraran la misma fallecieron.

Los Órganos de Información y Operación que principalmente participaron en los hechos que motivan este informe son el Servicio de Información de Defensa (dependiente directamente del Poder Ejecutivo) y los Órganos Coordinadores de Operaciones Antisubversivas (dependientes de la Divisiones del Ejército), que fueron oportunamente desactivados.

No obstante lo expresado, se han podido confirmar y esclarecer 22 casos, los que se individualizan en el Anexo Nº 1, quienes fueron detenidos durante procedimientos militares falleciendo en sus lugares de detención, en las circunstancias que se expresan en el mencionado Anexo.

II – METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Se basó en la colección de información existente en:

- Informe producido por la Comisión Para la Paz.
- Búsqueda de Información y documentos referidos a las personas involucradas en archivos de los organismos mencionados.
- Documentación pública (ejemplo libro "a todos ellos")
- Consulta en forma secreta a fuentes que pudiesen aportar datos.
- Información anónima recibida en forma escrita.

Posteriormente se procedió a:

- Cruzamiento de informes buscando la mayor certeza posible para el esclarecimiento de cada uno de los casos.
- Corroborar las informaciones mediante consultas puntuales en reiteradas oportunidades a distintas fuentes en todos los casos que fue posible.

III – DETENIDOS

Si bien no se han obtenido registros oficiales que aporten datos sobre su detención o fallecimiento, no se descarta de que existiera alguna anotación personal, que a la fecha no se ha podido acceder.

La autonomía con la que funcionaron los Centros Operativos de Detención, determinaba que la Justicia competente tomara conocimiento de los hechos una vez que se consideraba obtenida toda la información, circunstancia en la que recién se pasaban los antecedentes a dicho Órgano Jurisdiccional y se registraban en las Unidades Operativas oficialmente.

Debido a lo expresado cuando un detenido fallecía antes, durante o después de los interrogatorios, no se daba intervención a la Justicia, y en algunos casos se le comunicaba que se había producido una fuga, lo que determinaba un comunicado solicitando su detención, habiendo el ciudadano fallecido con anterioridad.

En algunos casos únicamente se emitía un comunicado solicitando su requisitoria para ocultar su fallecimiento.

Los casos marcados con (*) (asterisco) de acuerdo con la información recabada, permitirían suponer que se desarrollaran dentro del marco de operaciones de inteligencia siendo responsabilidad absoluta de los mandos por acción u omisión.

Por lo expuesto no refieren a acciones de carácter individual, sin perjuicio de reconocerse que, que durante las mismas se perdieron los puntos de referencia a que se debe ajustar la conducta y la acción misma, fuera de la doctrina existente en el Ejército Nacional.

IV – EXHUMACIÓN E INCINERACIÓN DE LOS RESTOS (OPERACIÓN ZANAHORIA)

Con respecto a los restos de los detenidos fallecidos y sepultados en predios militares, en el año 1984, se posee la convicción que se procedió a su exhumación, cremación en hornos artesanales, completándose por trituración lo que no fue posible cremar. No obstante la discreción en la que realizó la citada operación, se habría llegado a esclarecer la ubicación final que se determina en cada caso particular.

En el proceso de exhumación de los restos, las dificultades que existieron a lo largo del mismo para precisar el lugar exacto de cada enterramiento, permite arribar a la conclusión de que no habrían sido exhumados la totalidad de los restos, no pudiendo precisarse con exactitud, cuales fueron exhumados o cuales no. No obstante, se logró identificar, con la mayor precisión factible, el lugar de enterramiento de la mayoría de los detenidos fallecidos objeto de la presente investigación.