(Emitido a las 7.33)

EMILIANO COTELO:
Vamos en busca de repercusiones de unas declaraciones que ayer comentábamos con ustedes y que nos impresionaban bastante por el detallismo de la denuncia, por los nombres, los apellidos, las marcas, los títulos de empresas que estaban en juego y por un problema de fondo que dejaban planteado esas denuncias.

Me refiero a la entrevista que Búsqueda publicó con Ronald Graside, ex inspector general de Trabajo. "Graside renunció a su trabajo por falta de voluntad política en el Ministerio para terminar con hechos de corrupción", era el título. "El ex director de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, Ronald Graside, dijo que dimitió al cargo porque no hubo voluntad política en el Ministerio de Trabajo para terminar con formas de corrupción que existen desde hace décadas en esa cartera. Según Graside, hay funcionarios de la Inspección General del Trabajo, algunos jerárquicos, que tienen  relación de dependencia directa con empresas que violan las normas laborales y por ello no son fiscalizadas".

A lo largo de la entrevista, Graside da cuenta de una denuncia concreta realizada por él, se trata de la empresa Bar Atlántico, en la que aparecen involucrados varios funcionarios cuyos nombres va mencionando. "Si el Uruguay algo precisa en esta etapa es recuperar la confianza entre todos los uruguayos, y a esto no favorecen estas conductas de amparo a la inmoralidad y la corrupción", declaró el ex funcionario en otra parte de la entrevista de Búsuqueda.

Graside dijo a Índice 810 que se hizo una tramitación inadecuada de esa denuncias y parece que las cosas van a seguir como están. "Mi posición era, desde el principio, la separación de estos funcionarios, con las garantías debidas que tiene el sector estatal en cuanto a la investigación administrativa y al sumario. Creo que prevalecieron los criterios anteriores, con los que estas cosas suelen alargarse en el tiempo y terminan no tomándose las medidas adecuadas", sostuvo.

Para Graside los funcionarios deberían tener exclusividad absoluta en sus tareas. Sin embargo, reconoce que la normativa actual, como parte de una negociación por temas salariales, permite que con declaración previa, los inspectores puedan trabajar para empresas privadas. "Una negociación que ha dejado a medio camino la finalidad y la exclusividad que tiene que tener la función, ya que si no podemos pagarle lo que se considera adecuado al inspector y por eso se tolera que se asocie con las empresas, estamos desvirtuando la finalidad y el funcionamiento de una institución del Estado de la que depende un contralor adecuado de las normas laborales", enfatizó.

Para el ex director de la Inspección de Trabajo, se está infringiendo legislación internacional en este sentido. Opinó que "esto hay que eliminarlo los más rápido posible del Estado, todos sus funcionarios deben ser servidores públicos y no puede haber normas y conductas que ameriten la desconfianza de la sociedad".

Graside se refirió a los sueldos de los inspectores del Ministerio de Trabajo: "Hay varios escalafones. Están en los 7.000 y 8.000 pesos, más los proventos que en junio fueron de 8.000 pesos y algún viático cuando el inspector viaja encima de los 50 kilómetros de la capital".

El sindicato de los inspectores del Ministerio afirma que hace muchos años que reclaman la exclusividad, pero para eso se necesita mejorar los sueldos.
"Los inspectores de trabajo tenemos una exclusividad dispuesta por una ley de Rendición de Cuentas, el artículo 295 de la 16.226, donde dice que somos exclusivos, pero en relación a la tarea que desempeñamos. O sea, que en los temas laborales no podemos tener injerencia en ninguna empresa. Lo que nosotros siempre reclamamos es que la exclusividad debe ser total, porque no se puede solucionar un tema de bajo sueldo generando la posibilidad de que los trabajadores tengan un doble empleo, en particular los inspectores de trabajo", dijo el presidente del sindicato, Eduardo Fernández.

El sindicalista insistió en que quieren estar equiparados con el personal de la DGI.  "Estamos exigiendo un trato similar en lo que tiene que ver a la condición de exclusividad y a la remuneración acorde. Hay que tener en cuenta que a los inspectores de Trabajo, por esta exclusividad, les pagan un promedio de entre 1.500 y 1.800 pesos (...), cuando se está hablando que los sueldos mínimos para los fiscalizadores de Impositiva son de 45.000 pesos".

Los inspectores afirman que ya plantearon el tema a las actuales autoridades del Ministerio, pero que no se obtuvo una respuesta afirmativa sobre el punto.

Por eso ahora queremos conversar con el ministro, Eduardo Bonomi.

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Ministro, estas declaraciones de Graside del día de ayer tenían dos niveles, uno el caso concreto que él mencionaba, y dos, este en el que me estoy concentrando ahora, que es el tema de fondo, el hecho de que los inspectores de trabajo no tengan exclusividad. ¿Cómo observan ustedes ese inconveniente?

EDUARDO BONOMI:
En primer lugar había tres o cuatro niveles. Había estos dos que usted señala y después había una serie de afirmaciones tiradas ahí que no tienen el menor sustento y por lo tanto hay que señalarlo.

EC - Enseguida hablamos de eso también, pero sobre el tema de fondo, sobre la cuestión de los inspectores y el hecho de que no haya para ellos una exigencia de exclusividad.

EB - No sé si recuerda las palabras del doctor Tabaré Vázquez en el Consejo de Ministros en Pando cuando habló del Ministerio de Trabajo y dijo que era un ministerio absolutamente sumergido y que se iba a tratar de apoyarlo para que pudiera mejorar las inspecciones, las tareas por el empleo, la negociación colectiva, la relación con las Oficinas de Trabajo del interior. Porque nosotros hemos venido informando, incluso hemos hecho declaraciones en este sentido desde el primer momento, estamos observados por OIT desde hace mucho tiempo, tenemos más de cinco observaciones. No creo que las observaciones se refieran a la comparación con los funcionarios de la DGI sino que se refieren al salario que cobran los inspectores y a que no se puede llevar adelante la exclusividad.

Eso es así, lo hemos planteado, no sólo lo hemos planteado sino que incluimos en nuestro pedido presupuestal el aumento de sueldo de los inspectores; no sólo el aumento, sino que como el MTSS ha sido el receptáculo de distintos departamentos estatales, hay gente que viene de AFE, de ANSE, del INA, de Pluna, cada cual con su salario. Los inspectores de Trabajo van desde 7.000 pesos hasta 28.000 pesos, cumpliendo la misma función, entonces hemos planteado ir de forma gradual, porque no se puede hacer de una sola vez, hacia la equiparación interna y a la mejora del salario para poder exigir la exclusividad.

EC - ¿Con qué plazos le parece que esto puede concretarse?

EB - Lo hemos pedido en el presupuesto, todo esto está relacionado con temas presupuestales, incluso en los gobiernos anteriores, porque a lo que se refería Graside, el sueldo que se cobra y lo que pasó antes, creo que fue cuando fue ministra de Trabajo la doctora Ana Lía Piñeyrúa que se estableció que por el bajo salario que recibían los profesionales y en la imposibilidad de aumentarlos, disminuyó el tiempo de trabajo de los profesionales, entonces trabajan cuatro horas. La normativa internacional pide la exclusividad pero en determinadas condiciones, si no existen niveles salariales que al inspector le permitan vivir, éste realiza otras tareas, o los abogados realizan otras tareas, o los periodistas realizan otras tareas o trabajan para más de un medio porque un solo salario no les permite vivir. Esto además usted lo observa, porque si un inspector no tiene un salario adecuado y tiene dos salarios, permite suspicacias, esa es la razón.

EC - Claro, ese es el telón de fondo, el problema más preocupante, las suspicacias, las sospechas y la calidad misma del trabajo.

EB - Esa es otra de las observaciones de OIT, las condiciones técnicas en que tenemos que desarrollar el trabajo. Estuvimos en la OIT hace dos meses, estuvimos con quien en ese momento era la subinspectora general de Trabajo y Seguridad Social y actualmente inspectora general de Trabajo y Seguridad Social; los dos asumimos el compromiso de tratar –porque esto está en el marco de la acción del conjunto del gobierno– de levantar las objeciones, las observaciones. El presupuesto que planteamos tiene que ver con eso, pero el presupuesto se aprueba en conjunto en el gobierno, entonces no sé cuál será el destino de este planteo. Lo estamos diciendo desde hace cinco, seis meses, desde antes de asumir estamos diciendo esto, las observaciones de OIT las estamos manejando desde que estábamos en el Hotel Presidente, no hay novedad en esto.

Tampoco hay novedad en que el sindicato nos lo planteó. Lo que sí creo que es novedoso es decir que tuvo respuesta. Nosotros como Ministerio de trabajo dimos respuesta, la misma respuesta que le dimos a la OIT; ahora estamos esperando ver cómo se resuelve el tema presupuestal.

EC - El resumen es que las autoridades del ministerio están preocupadas por esta cuestión pero no tienen herramientas como para corregirla a corto plazo.

EB - Fíjese que nosotros, además de denunciar esto, denunciamos que no teníamos ni siquiera una 4x4 para ir al interior, cuando asumimos teníamos una que tenía 600.000 kilómetros arriba, estaba en el taller, nos la devolvieron a los dos días de haber asumido, salió una inspección al interior y no llegó. Ahora tenemos algunas camionetas que nos dieron el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Ganadería, ninguna 4x4, que para llegar a algunos lugares se necesitan. Estamos yendo al interior porque al interior llegamos, pero al interior profundo se nos dificulta mucho más.

EC - Sobre lo que dice Graside en este reportaje en cuanto a que dimitió por falta de voluntad política de las autoridades para terminar con esas formas de corrupción, ¿cuál es su comentario?

EB - Dice algo más grave en general, que es que dimitió porque existe una falta de transparencia, y nombra tres situaciones, menciona dos porque dice que una funcionaria asesora a esas empresas, y la otra porque tuvo una denuncia. Él no hizo la denuncia, como usted decía recién, él recibió la denuncia, y cuando uno recibe una denuncia tiene formas de actuar, y no porque sean cosas heredadas solamente. Si yo recibo una denuncia y lo primero que hago es separar del cargo, en poco tiempo puedo tener a la mitad de la gente separada del cargo, porque cualquiera puede denunciar si sabe que se va a separar del cargo. Para separar del cargo hay una investigación previa. Yo puedo decir que tengo la convicción moral, pero yo recibo una denuncia y no tengo la convicción moral a partir de la denuncia; en algunos casos puedo tenerla, y en esos casos podré actuar distinto, pero en este caso hay una denuncia y uno tiene que hacer una investigación previa.

La investigación está en marcha, no es una investigación que no se hizo; en la nota en Búsqueda se deja entrever que no se hizo. Se hizo, se está haciendo; quizás no tenga los resultados que se preveía, pero la investigación se hizo y no se separó previamente porque no se puede separar previamente. Ronald Graside pedía la separación, consultó a varios abogados, no a uno, y en distinta situación, y todos le dijeron "no se puede", la subinspectora le dijo "no se puede". Se hizo la investigación, se está haciendo la investigación.

EC - ¿Cuál es su interpretación entonces a propósito de la renuncia de Graside, nombrado al comienzo de esta administración?

EB - Y precisamente con el criterio –yo mismo lo he planteado– de que quienes están trabajando desde hace mucho tiempo en el control de las situaciones anormales desde los trabajadores, un poco en el sentido que Batlle y Ordóñez le dio a esto, investigaran, controlaran a los empleadores. Pero si eso tiene problemas uno no persiste en el error.

EC - ¿Cuáles fueron los problemas?

EB - Hay un problema, cuando se plantea que existe falta de transparencia –también lo dijimos reiteradamente– no se va a las soluciones personales heroicas en que cada uno se pone la lanza al hombro y sale contra la falta de transparencia y la corrupción, sino que se organiza para combatir la corrupción y ser absolutamente transparente. Nosotros con el presidente, el doctor Tabaré Vázquez, firmamos un decreto que creaba un Comité Nacional Asesor en materia de inspecciones de trabajo integrado por trabajadores, empresarios y el gobierno, que tenía la función de estudiar las situaciones denunciadas por los propios empresarios y por los propios trabajadores, diseñar una política de inspecciones y crear un comité asesor por rama de trabajo a los efectos de ver las irregularidades que se cometen, la informalidad o la ilegalidad en las que se cae, los problemas de salud y seguridad en el trabajo, la precariedad local y se diseñara en conjunto una política inspectiva, no que se inspeccionara –un empresario no puede inspeccionar a otro porque se podrían suponer prácticas desleales, como forma de competencia inspeccionar puede dar dividendos–, pero sí diseñar las políticas que luego llevarán adelante los inspectores correspondientes.

EC - Usted en definitiva está diciendo que Graside actuaba de manera individualista.

EB - No, estoy diciendo que esto lo decretamos hace tres o cuatro meses y el comité todavía no se instaló, y que la actual inspectora general tiene la función de instalar ese Comité Nacional Asesor en materia de inspección.

EC - Se está yendo un poco lento, hay que deducir.

EB - Sí, se está yendo un poco lento. Y creo que eso es el combate más fuerte a la corrupción y es la forma más clara de ser transparente, porque descentraliza la posibilidad de trabajar. Nos hemos encontrado con gente del interior del país que por desconfianza hacia las Oficinas de Trabajo no recurre a las mismas, las saltea o avisa a Montevideo si puede y si no, no dice nada porque sostiene que cuando hace una denuncia se entera primero el denunciado, luego no se le hace la inspección y termina siendo despedido el que hace la denuncia. Esto se arrastra desde hace un tiempo. Entonces con esta medida y otra serie de medidas que estamos planteando queremos tener la posibilidad de que ese diseño en cada lugar de la inspección se haga a partir de los que sufren los problemas.

EC - Entonces lo que hubo fue una discrepancia en cuanto a la forma de encarar estos problemas.

EB - Hubo una discusión, Graside presentó renuncia tres veces por razones médicas y la tercera vez la aceptamos. Eso es lo que ha sucedido. Quizás las renuncias tuvieran que ver con lo que dice el certificado médico, un estrés profundo, necesidad de reposo. Y cuando uno tiene que encarar tareas de este tipo y hay diferencias o formas distintas de hacer las cosas y se discute eso aumenta el estrés, entonces la reacción había sido tres veces presentar la renuncia y la tercera vez la aceptamos.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe