(Emitido a las 9.10)

EMILIANO COTELO:
"Es fundamental garantizarle a la nación un futuro de definitiva tolerancia democrática que el país ha venido conquistado en cada tiempo, en cada etapa. Esa es una responsabilidad principal del Poder Ejecutivo, custodiar la convivencia pacífica y velar por la institucionalidad que nos garantice que nunca más se repetirán hechos tan dolorosos como los que sacudieron al país. Para esa tarea, todos los orientales sin distinción, cualquiera sea su posición política, saben que cuentan con el Partido Nacional".

Así termina diciendo la declaración que el Directorio del Partido Nacional (PN) aprobó en el día de ayer por unanimidad después de varias semanas de análisis y discusión entre los distintos grupos blancos a propósito de la política que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez viene siguiendo en cuanto a investigación de violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura militar.

¿Por qué esta declaración? ¿Cómo se observa este proceso? ¿Qué desenlace se avizora? Vamos a conversarlo con el doctor Luis Alberto Lacalle, ex presidente de la República y líder del Herrerismo.

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Doctor Lacalle, hacía unos cuantos días que veníamos procurando su análisis, su opinión a propósito de estos hechos que han cobrado tanta presencia en el panorama político. Usted decía "vamos a esperar, el Directorio va a aprobar una aclaración". ¿Por qué era necesario que saliera este documento de todo el partido?

LUIS ALBERTO LACALLE:
Porque cuando uno analiza temas delicados la palabra escrita no tiene rival, donde dice tal cosa dice eso y no otra cosa. Además el escribir ordena mucho los pensamientos, y en un tema como éste, tan cargado de emociones, de recuerdos, de pasiones, la palabra escrita es mejor que nada. Por ello estuvo muy acertado ayer el presidente del directorio cuando, junto con todos nosotros, entregaba este documento a la prensa y decía que no iba a responder interrogantes. Es un documento que hay que leer, digerir, analizar; después sí se podrá hacer comentarios, pero es un documento sólido, muy pensado, todos trabajamos en él y es una posición definitiva en este aspecto.

Para analizarlo, creo, tenemos que recordar algunos hitos históricos que el tiempo ha hecho que se olviden.

EC - Me llama la atención justamente eso, que el documento vaya tan atrás en el tiempo, porque ustedes terminan ubicándose en los años sesenta prácticamente.

LAL - Nosotros consideramos que todo lo que el país ha vivido se inicia con la subversión tupamara, el ataque a las instituciones y a los gobiernos democráticos, que empieza en 1963 y que lleva a que el gobierno legítimamente constituido ejercido por el PN en ese entonces, luego por el Partido Colorado (PC) y el general Gestido y luego por Jorge Pacheco, fuera objeto de un ataque mediante la bomba, el asesinato, el secuestro y el robo, que son el primer movimiento dentro de estas dos trágicas décadas que el país iba a vivir. Concluida esta etapa empieza la otra, donde otra minoría soberbia y con la fuerza de las armas resuelve disolver el Parlamento y asumir la dictadura que dura hasta 1984.

Es preciso recordar estos dos episodios. Primero, aquí no hubo lucha de Tupamaros contra la dictadura, hubo levantamiento de fuerzas subversivas, Tupamaros, OPR 33 y demás, contra gobiernos legítimamente constituidos que se defendieron con los elementos que tenían a su alcance.

Segundo, concluida la amenaza, concluida la famosa guerra interna, las Fuerzas Armadas exceden su función y se hacen cargo, enancadas en el apoyo del señor Bordaberry, de la dictadura que después tiene las sucesivas etapas.

Tercer dato que tenemos muy en cuenta: se sale rengamente, a medias, en virtud de un episodio que es preciso recordar, que es el Pacto del Club Naval, que para mí es central en la recordación y cuyas consecuencias todavía no han cesado de hacer efecto en la vida nacional. Para los que quieran recordarlo junto conmigo, el Pacto del Club Naval, en el año 1984, consiste en el acuerdo entre el Frente Amplio (FA), las Fuerzas Armadas y el PC –el PN no quiso concurrir a esa reunión y a ese acuerdo–, mediante el cual se proscribe a Seregni y Wilson Ferreira y se va a elecciones rengas, parciales, no totalmente libres, como fue la elección de 1984, donde fue electo el doctor Sanguinetti y yo fui electo senador.

Este es un episodio muy importante, porque no sabemos exactamente lo que allí se acordó. Yo a algunos de los partícipes con quienes tengo buena relación, como por suerte tengo con el 99,99 por ciento del país, les he dicho "escribí y guardá", no para ahora, no para el mañana, para dentro de 20 años, porque es un episodio muy importante. Fíjese quiénes son los partícipes: el FA, pacta con los militares; el PC, pacta con el FA y con los militares...

EC - La Unión Cívica también.

LAL - Sí, perdón, no quiero faltarle el respeto a la Unión Cívica, pero estamos hablando de los grandes centros de opinión. Juicio mío, de Luis Alberto Lacalle. ¿Qué obtiene cada uno? Los militares seguramente alguna forma de perdón, olvido, impunidad, no sé, pero algo van a lograr a ese acuerdo y se lo conceden el FA y el PC. El PC logra que Wilson Ferreira no sea candidato, que para mí era la elección que Wilson iba a ganar; especulación mía, va por mi cuenta. Y el FA también logra que Wilson Ferreira no sea candidato, porque el atractivo de Wilson hacia sectores progresistas, sectores de una izquierda nacional, era tan grande que una elección en la que hubiera participado habría determinado para el PC perder el poder –que para el PC es perder una parte de su ser intrínseco– y para el FA que se clausurara el sueño de una izquierda toda junta en un mismo lado.

EC - El FA también acepta la proscripción de Seregni.

LAL - Sí, por supuesto, y creo que Seregni es lo suficientemente inteligente, supongo que lo habrán consultado. Repito, yo no soy actor, soy un espectador comprometido, parcial y subjetivo, que quede claro; fundamento mi análisis y admito otros. Las tendencias macro eran: militares, mandos de la época, lograr alguna suerte de amparo; PC lo que dije y FA lo que también dije.

EC - El documento que saca el PN ayer hace historia. A propósito de todo este período que usted ha venido examinando dice: "Se plantó frontalmente contra la violencia de la guerrilla, cuestionó y ejerció oposición frente a los desbordes institucionales emanados de los jerarcas de turno, censuró duramente los comunicados de los mandos militares y en especial los denominados comunicados 4 y 7, y se constituyó ‘en el más profundo e irreconciliable enemigo’ del régimen que nacía en aquellas tristes horas" –frase ésta que toma de Wilson Ferreira Aldunate en el Parlamento en el último discurso antes del golpe–, y luego, como usted acaba de refrescar, se margina, decide no participar en los acuerdos del Club Naval. ¿El PN no se coloca a sí mismo en una posición demasiado inmaculada?

LAL - Qué cosa pintoresca: cuando un partido sacrifica lo que sacrificó en pro de que hubiera una elección sin exclusiones se nos critica por ser inmaculados...

EC - Me refiero al informe que ahora está haciendo el Directorio del PN.

LAL - En esta materia creo que el PN, que es el partido del sufragio, el partido de la libertad, no transigía con esto. He vuelto a leer, porque conviene hacerlo, a través de unos libros que ha publicado León Morelli, que son muy interesantes porque tienen todos los documentos de esa época, y el PN actuó de acuerdo con su leal saber y entender, creyendo que interpretaba fuerzas espirituales y de ideas que son muy importantes para él. Otros tuvieron otro pragmatismo. Muy bien, cada uno después será juzgado por la historia de la historia que ésta crea más conveniente. El doctor Sanguinetti ya le había anunciado a Wilson Ferreira en Santa Cruz de la Sierra que iba a haber elecciones con proscripciones y que él no iba a poder ser candidato.

EC - Reafirmando un poco esta serie de posiciones que el documento enumera, un poco más adelante dice: "El Partido Nacional se ha mantenido fiel a sus principios básicos en respaldo a la vigencia de las leyes y del pronunciamiento popular. No tiene que enfrentar contradicciones ni tratar de explicar conductas políticas ambiguas. Lo que sostuvo ayer lo respalda ahora". Por eso digo, parece colocarse como el partido que en todos estos años, desde los sesenta en adelante, no tuvo quiebres, no tuvo claudicaciones, no tuvo contradicciones.

LAL - No las tuvo.

EC - ¿Pero la política permite que efectivamente la conducta sea de ese estilo? ¿No hay siempre en la vida política la necesidad en determinados momentos de hacer una transacción, de aceptar determinados puntos que en principio no se sostenían? Voy concretamente a la Ley de Caducidad que impulsa el PN, que siempre, y sobre todo con Wilson Ferreira al frente, había rechazado la posibilidad de un perdón para los militares.

LAL - La Ley de Caducidad surge de los acuerdos del pacto del Club Naval. Lo dice el primer artículo: "en virtud de los acuerdos logrados", recuerde la redacción de Martín Sturla, una redacción lo menos jurídica porque es una ley que tiene hasta un contenido terminológico-político, cuando habla de la "lógica de los hechos", dando vueltas para lograr no decir "amnistía". La Suprema Corte la ha interpretado –creo que correctamente– desde el punto de vista jurídico como una amnistía que no tiene el nombre de amnistía, pero allí se dice "los acuerdos logrados". El pacto del Club Naval es el que abre la puerta y es el que hoy día para mí está condicionando la relación entre el presidente Vázquez y los militares.

EC - ¿Ustedes están diciendo: el PN no inventó esa ley, simplemente le dio forma a algo que ya existía? ¿Es como quitarse responsabilidad a propósito de la autoría y el impulso de esa ley?

LAL - Nosotros no nos quitamos ninguna responsabilidad y menos Wilson Ferreira, a quien estoy seguro de que esto le costó hasta la vida, porque implicó partir al medio su movimiento, tener enfrentamientos con amigos entrañables, hubo quienes votaron por el voto verde después dentro de su movimiento, creo que hasta desde el punto de vista personal lo hirió enormemente. Pero en las etapas que he señalado, que empiezan lejos, sí señor, pero las causas históricas hay que irlas a buscar a la primera fuente, el PN ha tenido una actitud ejemplar en esa materia. Con la subversión, todos nosotros tuvimos bombas. Yo tuve una en mi casa, Mario Heber tuvo una en la suya; con la dictadura, estuvimos desde el 27 de junio de tarde, desde el 28 de junio de mañana, yo ahora miro y digo: ¿dónde estaban los demás agentes políticos importantes que hoy actúan en el país que son de mi misma edad o un poco mayores? El PN estuvo, el PN tiene sus muertos, sus padecimientos, todos nosotros conocimos la dureza del enfrentamiento a la dictadura.

EC - ¿Pero qué está queriendo decir con ese análisis que el PN hace de su propia conducta en este contexto? ¿Cuál es el mensaje que quiere pasar?

LAL - Tiene autoridad para opinar sobre el tema con una independencia mayor que cualquier otro sector. Llega a esto sin ataduras, llega a opinar sobre estos temas sin ningún compromiso previo.

EC - En cuanto a lo que hizo en esta materia, en el tema investigaciones de violaciones a los derechos humanos, sobre todo investigaciones del destino de los desaparecidos el gobierno del PN, que usted mismo encabezó, ¿cuál es la visión que tiene ahora, con la distancia de los años, pasados 15 años?

LAL - Puedo decir que ninguna de las reclamaciones del artículo 4º de la Ley de Caducidad fue presentada a gobierno del PN durante los 60 meses de su gestión. No hubo una sola consulta, ni un solo pedido de investigación.

EC - La declaración del directorio aprobada ayer señala: "Nosotros cumplimos cabalmente con la Ley de Caducidad", pero creo que muchos ciudadanos se preguntan por qué el doctor Lacalle no tomó la iniciativa de profundizar en las investigaciones sobre desaparecidos.

LAL - Porque no me parecía que correspondiera y el texto de la ley es muy claro, quien quiera podía presentarse al juzgado y el juzgado consultar al Poder Ejecutivo. Nadie se presentó y por lo tanto ninguna vez tuvimos que indicar que algún tema estuviera o no dentro de la Ley de Caducidad.

EC - Usted se refiere a una de las dos partes de la Ley de Caducidad, a la posibilidad de investigar un caso en la justicia penal, eso sí depende de una denuncia presentada al juez y que el juez consulte al Poder Ejecutivo si el caso está protegido o no por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

LAL - Vamos a leer el artículo, usted lo tiene ahí, son el 3º y el 4º o el 4º y el 5º. A ver.

EC - Yo me refería al 4º, es decir a las investigaciones a propósito del destino de los desaparecidos.

LAL - ¿Cómo empieza el artículo?

EC - "Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, el juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones. El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos. El Poder Ejecutivo, dentro del plazo de 120 días a contar de la comunicación judicial de la denuncia, dará cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información recabada".

LAL - Yo siempre me pregunté por qué no había habido iniciativas, pero no las hubo, y al no haberlas el Poder Ejecutivo de oficio no tiene por qué actuar ni tenía potestades para hacerlo.

EC - En este caso parece claro, en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que la iniciativa ha venido del Poder Ejecutivo, por ejemplo en cuanto a investigar el caso de María Claudia García de Gelman o el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz.

LAL - Claro, y creo que ha hecho muy bien el doctor Vázquez en cumplir sus compromisos. Si él lo hizo una bandera de su campaña electoral, los compromisos electorales son para cumplirlos. Él hizo hincapié, puso esto como uno de los puntos fundamentales de su gobierno y lo está cumpliendo, me parece muy bien.

EC - A ver, el caso María Claudia García de Gelman y el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz no están comprendidos dentro de la Ley de Caducidad y por lo tanto pueden seguir siendo investigados por la justicia penal. Lo que implica incluso la posibilidad de que se ubique a los culpables y eventualmente se los castigue, es un canal. Pero paralelamente el Poder Ejecutivo ha abierto investigaciones sobre el destino de los desaparecidos, sobre todos los desaparecidos.

LAL - Son dos criterios distintos.

EC - Del mismo modo que en su momento, hace cinco años, lo hizo el doctor Jorge Batalle cuando creó la Comisión para la Paz, no estaba reaccionando ante una solicitud o una consulta de un juez, como dice strictu sensu el artículo 4º, fue una iniciativa del doctor Jorge Batlle. Y ahora es iniciativa del doctor Vázquez investigar el destino de los desaparecidos, y para eso les pide informes a las Fuerzas Armadas, realiza excavaciones, etcétera. La pregunta es, lo que mucha gente se ha preguntado: ¿por qué usted no tomó una iniciativa de ese estilo?

LAL - El doctor Sanguinetti tampoco, tuvimos el criterio de no considerar que era un tema que correspondiera, es una libre discrecionalidad del ejercicio del poder. Tres gobiernos no lo hicieron y dos lo hicieron, cada uno dentro de sus potestades.

EC - El gobierno del doctor Sanguinetti llevó adelante alguna investigación sobre el tema desaparecidos...

LAL - A pedido.

EC - ...con aquellos interrogatorios que desarrolló el fiscal militar Sambucetti. Que no condujeron a ningún lado y que muchos han criticado.

LAL - Porque se lo habían pedido.

EC - Había quedado esa deuda, los familiares de los desaparecidos seguían sin conocer el destino de sus seres queridos. Usted podría haber dicho: "Voy a avanzar algo más cinco años después".

LAL - Si los interesados no se presentaron al Poder Judicial no me parecía que yo tuviera que tomar la iniciativa, pero mañana se me juzgará, yo ejercí el gobierno dentro de la ley y de mi criterio y asumiendo las responsabilidades, no soy alguien de rehuir responsabilidades. Me han criticado por unas cuantas cosas, pero hasta ahora nadie me había criticado por esto.

EC - Estoy tratando de comparar, porque el doctor Batlle tomó la iniciativa, por ejemplo, y ahora Vázquez toma la iniciativa.

LAL - Muy bien, consúltelos a ellos cuando vengan aquí. Yo no tomé ninguna iniciativa.

EC - Usted consideró que no tenía que tomar la iniciativa, que correspondía eventualmente a quien estuviera directamente interesado en el asunto planteárselo al Poder Ejecutivo.

LAL - Efectivamente.

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EC - Y ahora, ¿cómo observa los pasos que está dando esta administración en procura de aclarar las cuestiones pendientes en cuestiones de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura?

LAL - El doctor Vázquez había asumido un compromiso, lo está cumpliendo y será su responsabilidad la culminación de estos episodios que todos deseamos que terminen cuanto antes. La sociedad uruguaya en esta materia quiere definitivamente la paz, la tranquilidad para poder abocarse a temas que tienen que ver con lo cotidiano y lo futuro. Algún día conoceremos los compromisos a los que ha llegado el doctor Vázquez con los mandos militares, sé que los ha contraído, de limitar a algunos casos lo que está incluido dentro de la Ley de Caducidad, pero yo no puedo hablar por el presidente ni por quienes se han reunido con él.

EC - ¿Usted tiene constancia de la existencia de pactos en este período de gobierno?

LAL - Pactos no, pero sí conversaciones relativas a esto. Los temas se han desarrollado con esta dificultad de que no se encuentran los restos, parecería que no era aquí, era allá, yo creo que esto va a tener que tener un punto final, una conclusión. Cuando uno ingresa en determinada línea de conducta, de acción, tiene que saber cómo la termina, y esto la tendrá, no sé cuál va a ser.

EC - ¿Cómo vio la interpretación que el doctor Vázquez le dio al alcance de la Ley de Caducidad, del artículo 1º, a propósito, por ejemplo, del caso María Claudia García de Gelman, del caso Michelini-Gutiérrez Ruiz? Me refiero a la posibilidad de habilitar que sigan las investigaciones en la justicia penal. ¿Cómo vio que después también autorizara eso mismo para violaciones a los Derechos Humanos previas a junio de 1973 y para casos posteriores al golpe de Estado pero en los que intervinieron civiles? ¿Cómo observa todos esos pronunciamientos sobre el alcance de la Ley de Caducidad?

LAL - Algunos le corresponden y otros no, al presidente, al Poder Ejecutivo, éste o cualquier otro, les corresponden aquellos que les lleguen en consulta por la Ley de Caducidad, lo otro es función jurisdiccional. A veces se avanza y se invade el fuero de los jueces y los fiscales con opiniones que pesan porque son opiniones de jerarcas. Tenemos que distinguir muy bien lo que es Ley de Caducidad, con su excepcionalidad notoria, y por otro lado los temas del Poder Judicial donde el fiscal y el juez son los que tienen que hablar y cada uno, los actores, los denunciantes y las partes, de acuerdo a derecho resolverán caso por caso. Puede haber prescripciones, puede haber casos en los que hay prevención –cuando otro juez ha ya asumido competencia y se ha resuelto–, son temas de estricto funcionamiento jurídico. El tinte político lo da la Ley de Caducidad cuando pone como condición para proceder que el Poder Ejecutivo diga si está o no incluido.

EC - O sea que aunque el criterio del Poder Ejecutivo es distinto del suyo, por ejemplo, y del de todos los presidentes anteriores, usted acepta que el presidente tenía la potestad de decir "sigan investigando este caso y aquel otro".

LAL - Yo no recuerdo cuáles son cuáles, pero el presidente tiene la potestad, por supuesto, de opinar sobre lo que quiera, con la prudencia que debe tener el presidente de la República, sobre todo si mañana va a entrar en colisión con otro poder del Estado como el Poder Judicial. Sí tiene obligación de contestar caso por caso en la Ley de Caducidad. El presidente de la República es el presidente legítimo, elegido por el sistema, es nuestro presidente, tiene todas las potestades y tiene que ejercerlas, las agradables y las no tan agradables.

EC - No hay problema en que, por ejemplo en el caso María Claudia García de Gelman, haya contestado una cosa distinta de lo que contestó el doctor Batlle cuando era presidente.

LAL - No recuerdo si hay una contestación, es lo que está discutiendo el fiscal Möller –que creo que tiene razón–, ya hubo una opinión del Poder Ejecutivo, y cuando cambian los poderes ejecutivos no se puede ir cambiando de opinión sucesivamente cada cinco años. Yo creo que tiene razón el fiscal Möller.

EC - O sea que en el caso Gelman usted dice que hay cosa juzgada.

LAL - No, no es cosa juzgada porque la cosa juzgada jurídicamente quiere decir una sentencia. No se cumplió una de las condiciones de procedibilidad, que es lo que es la Ley de Caducidad, crea una condición para avanzar en el proceso, que es la opinión del Poder Ejecutivo.

EC - En el documento difundido ayer el PN señala que de esta colectividad se puede esperar "irrestricto cumplimiento de la ley, respaldo total y absoluto a la independencia del Poder Judicial, y defensa permanente de dicha independencia como garantía fundamental del Estado de derecho". ¿Ustedes entienden que en todo este proceso está en cuestión la independencia del Poder Judicial? Lo digo incluso a la luz de algún comentario que hizo recién usted en alguna respuesta anterior.

LAL - El PN no lo pone como defensa ni porque esté o no en cuestión, lo pone porque uno de los pilares de todo este tema es el funcionamiento del Poder Judicial. Cada magistrado sabrá si ha sido presionado o no, yo no soy quién para asumir la personería de los magistrados. Hay que ser cuidadoso, porque el Poder Judicial es un poder inerme, no tiene ningún arma, utiliza el silencio como su conducta normal, y entonces decir "esto es tal cosa" desde una jerarquía a veces puede representar algún tipo de presión.

Yo he visto todas estas cosas con pasión, yo fui llevado secuestrado de mi casa el 7 de julio de 1973, encapuchado, no sabía dónde estaba, estuve en la cárcel del pueblo, que en ese momento la usaban los militares; antes había tenido bomba de los tupamaros en mi casa, por ser diputado y por haber opinado en la Cámara de Diputados, en abril de 1972. Yo no soy ajeno a las pasiones que se vivieron y lamentablemente conozco el lado de la violencia bien cerca. La muerte de mi prima Cecilia Fontana con botellas que eran para matarnos a mí, a Carlos Julio y a Mario Heber, yo he estado muy cerca de lo que es ser víctima de la violencia, entonces respeto muchísimo a todos, pero quiero que se sepa de quién son las responsabilidades de que la violencia ingresara a un país como el nuestro donde no tenía lugar. La violencia política fue introducida por las fuerzas subversivas, la respuesta de las fuerzas armadas, tan condenable como ésta, son los dos hitos que lamentablemente cambian 30 años de historia del país.

EC - ¿Con eso está aludiendo de alguna manera lo que nos quedaba pendiente en esta charla, cómo se encauza todo este proceso de investigación, de algún modo cómo se cierra, cómo se da vuelta la página?

LAL - Supongo que todos en la vida tenemos que perdonar, como cristianos estamos obligados, es de las cosas más difíciles que el ser humano puede tener que hacer, perdonar, olvidar nunca pero perdonar sí. Yo comprendo que la gente que no solamente tiene muertos sino que además no sabe dónde están, esa incertidumbre, yo siempre digo que es admirable lo que ha hecho el escribano Miranda hijo –no lo conozco, conocía a su padre, desaparecido– porque cumple con el deber de piedad filial, él ha resuelto continuar la lucha por saber dónde está su pad