(Emitido a las 7.45)

EMILIANO COTELO:
Mientras estas decisiones se procesaban ayer en el directorio de OSE, mientras también se conocían intenciones similares en la Intendencia de Canelones y del Banco Hipotecario, mientras se aguarda la presentación de otros informes y eventualmente denuncias penales en otros organismos, ¿cuál es la reacción de las figuras del anterior gobierno?

El ex vicepresidente de la República y hoy prosecretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC), Luis Hierro, entiende que lo que está ocurriendo es una "cortina de humo" que a su entender lanza el gobierno para tapar el presente con hechos del pasado y para medir las cosas con distinta vara.

Estamos en contacto con el profesor Hierro López.

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Profesor Hierro López, ¿por qué esto de "cortina de humo"?

LUIS HIERRO LÓPEZ:
Si usted me da unos minutos apenas yo le puedo dar los títulos de algunos asuntos de esta administración, de estos días, que demuestran casos muy irregulares sobre los cuales el gobierno no ha tenido reacción ni sensibilidad.

Hubo un desastre financiero increíble en los casinos de Montevideo; los casinos ganan plata en todo el mundo, solamente en Montevideo pierden plata. Lo que hizo la administración fue impedir una comisión investigadora que pedía la oposición; luego se pacta una interpelación al intendente, pero se impide la investigación de un asunto en el cual puede haber responsabilidades financieras, mala administración, pero eventualmente cuestiones penales.

Hay una actuación de un ex director de la Jurídica de Montevideo que si no es delictiva por lo menos es muy indecente, y se tapó el asunto, se tiene que destapar por una actuación de la oposición. Y hay ministros del gobierno que siguen defendiendo a este "compañero", que es un destacado miembro del Partido Comunista.

En estos días hay una interpelación por la prórroga de una concesión a un empresario que financió la campaña del Frente Amplio (FA). Vamos a ver qué se informa en la interpelación, pero yo recuerdo que hace pocos meses esa concesión y ese empresario eran durísimamente juzgados por senadores del FA. Hoy hay silencio sobre ese tema.

Se siguen designando familiares directos de los jerarcas, había habido casos en la Intendencia de Canelones y ayer El País denunció un asunto que quedó medio tapado –por eso digo que hay cortina de humo–: el intendente frenteamplista de Salto designa a su hijo director de Turismo. Si está bien o mal designar al hijo es un asunto, pero resulta que el director de Turismo es a su vez operador privado del turismo en Salto, lo cual habla de una doble implicancia.

Casos como estos podríamos mencionar varios desde el 1 de marzo para acá y yo no he notado en el gobierno una sensibilidad especial, más bien tapujos, reacciones lentas, defender a la persona sin aclarar la situación, impedir la investigación como en los casinos de Montevideo y salvar la petiza yendo a una interpelación que con mayoría automática se sabe que va a estar resuelta.

EC – Pero por ejemplo en el caso de Humberto Bonilla, el ex director de Jurídica de la Intendencia, que fue uno de los que usted mencionó, el intendente Ehrlich, cuando tomó conocimiento del debate que se había planteado en la Junta Departamental, pasó los antecedentes a la justicia penal.

LHL – Me parece muy bien. Y la ministra Arismendi lo defendió en público.

EC – En el caso de la prórroga de la concesión a Buquebus por la terminal en el puerto de Montevideo, otro de los ejemplos que usted mencionó, argumenta el ministro Rossi que cuando asumió el cargo los informes que tenía de los servicios técnicos de la propia cartera de la administración anterior aconsejaban la prórroga.

LHL – Sí, pero eso es lo que hace la administración habitualmente cuando no hay una nueva licitación, para no quedarse sin servicios es lo que hace la Jurídica de cualquiera administración: que se prorrogue la concesión para mantener el servicio. Pero siempre es conveniente licitar otra vez, después de tantos años y, sobre todo, después de la enorme polémica provocada por el señor senador Fernández Huidobro, que acusó al gobierno del PC, a esa concesión en particular y a ese empresario en particular, de las peores maniobras habidas y por haber. Ahora todo eso se tapuja, se tapa, no se ventila, no se transparenta.

Yo digo lo siguiente: las auditorías las hizo el gobierno del PC, me parece interesante recordar el asunto. Quien inició la práctica de las auditorías fue el gobierno del PC, que publicaba los resultados en la prensa para sancionar o corregir a quien correspondiera.

Segundo, fue el gobierno del PC el que hizo una ley anticorrupción para que el Estado tuviera los instrumentos adecuados para luchar contra la corrupción que lamentablemente existe en la administración y no es patrimonio de un sector político o de un sector social. Ni la ética es patrimonio de un sector político o de un sector social. Si el gobierno del FA desea hacer las denuncias que correspondan sobre la administración anterior, está bien, que las haga; habrá una actuación de la justicia, caerá quien tenga que caer. Yo no estoy para defender a ningún funcionario de la administración anterior que haya cometido actos irregulares, estoy para reclamar que el gobierno actúe con la misma vara siempre, que es la forma real y sincera de luchar contra los vicios y las corrupciones de la administración.

EC – Pero en el caso de OSE, que era el que recién veníamos comentando con el presidente ingeniero Carlos Colacce –usted conoce los distintos temas que están sobre la mesa–, da la impresión de que se ha ido acumulando en esa empresa en particular una serie de irregularidades bastante fuerte. ¿Cómo seguía usted mientras era gobierno el PC el caso de OSE? Porque varios de esos episodios ya habían tomado estado público en ese momento.

LHL – El ex presidente de OSE, el señor Juan Justo Amaro, ayer hizo saber al CEN del partido, que yo integro, que desea someter su actuación a la Comisión de Ética y Disciplina del partido y que naturalmente está dispuesto a dar ante esa comisión y obviamente ante la justicia las aclaraciones que corresponden de toda esa actuación.

EC – Pero la pregunta era a propósito de que varias de esas denuncias se conocieron ya en el período de gobierno anterior.

LHL – Sí, y varias de esas denuncias fueron tramitadas y corregidas durante el período anterior. Si ha habido irregularidades lo lamento mucho y las personas responsables serán sancionadas, pero desde la Presidencia o la Vicepresidencia de la República nadie tiene el control de lo que se hace en una intendencia o en un ente autónomo, que justamente tiene un régimen constitucional que ampara este tipo de situaciones. Si hubo actos irregulares serán sancionados. Pero hay actos irregulares actualmente, según se denuncia, y no se nos deja investigar, o se defiende a la persona implicada, como en el caso de la ministra Arismendi, nada menos que una ministra del gobierno con un director que ha cometido por lo menos un acto de implicancia muy extraño. Entonces más allá de que el gobierno del FA hoy tiene derecho a hacer las auditorías que corresponda –me parece fenómeno, nosotros ya lo hicimos en esa línea–, se puede manejar el tema como una especie de cortina de humo para desviar la atención de estos otros asuntos que son muy graves porque son reiterados a lo largo de apenas seis meses de gestión, en un gobierno que se caracteriza por tener mayorías y por evitar los mecanismos de control, como en el caso de la investigadora del casino.

EC – En el caso del PC, y teniendo en cuenta el cúmulo de episodios irregulares que aparecen en OSE, además de este estudio de la conducta del ex presidente Juan Justo Amaro, ¿también se va a evaluar a otros integrantes colorados de ese directorio? Pienso concretamente en Hugo Granucci.

LHL – La Comisión de Ética actúa a petición de parte, no actúa de oficio por su cuenta porque no es una comisión investigadora, para eso está la justicia.

EC – Pero hay cosas que son del ámbito de la justicia penal y otras que son de la ética política.

LHL – Justamente, a propuesta de nuestra Comisión de Disciplina, estamos elaborando un código de ética que el partido va a aprobar cuando reforme su Carta Orgánica, proceso de consulta en el que está porque muchas veces no está claro el asunto de la ética. Por ejemplo, yo señalo como un dato positivo que el señor intendente Ehrlich al asumir haya propuesto un decálogo axiológico, moral, ético y me consta que él tiene las mejores intenciones de que eso se aplique. El mandato de que la administración hiciera eso decálogos éticos etcétera estaba en la Ley Anticorrupción del 1999 que elaboró el gobierno del PC. Eso lo tienen que hacer los partidos y especialmente los jerarcas de la administración, pero no con sesgo político, no este es bueno y este es malo.

EC – Vuelvo a la pregunta: ¿el PC no entiende que debe examinar de algún modo la conducta del ex director Granucci, más allá de que él no tome la iniciativa?

LHL – Si se confirman los hechos irregulares no tenga la menor duda de que habrá actuaciones sancionatorias y la investigación que corresponda. El tema de OSE ya fue analizado en el seno del CEN hace unos meses y recibimos informaciones que en ese momento parecieron correctas. Por supuesto que no vamos a abdicar de ninguna facultad que tengamos en materia de investigación o de sanción, pero no somos la Policía o la justicia, ni siquiera somos hoy la autoridad administrativa competente. Somos un partido político que señala que, caramba, de este lado de la autopista hay un montón de hechos irregulares que se ocultan y de este otro lado un montón de supuestos hechos irregulares que se denuncian. Algo está mal y eso es lo que la opinión pública tendrá que tener en cuenta cuando haga un juicio sobre este tema.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe