(Emitido a las 8.40)

EMILIANO COTELO:
Ayer en el Parlamento hubo varios asuntos en discusión a propósito del proyecto de ley de presupuesto. Los legisladores de la oposición, la Secretaría de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa se enfrascaron ayer en un debate disparado por el artículo 56 del proyecto de presupuesto, que es el que establece la creación de un cargo de particular confianza de coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado, que dependerá en forma directa del presidente de la República.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados recibió ayer por la mañana al subsecretario de Defensa, José Bayardi, y posteriormente a Gonzalo Fernández y Jorge Vázquez, secretario y prosecretario de la Presidencia respectivamente, y parece, según la crónica de El Observador, que un tema recurrente en las dos reuniones fue la creación de ese cargo que recién estábamos mencionando.

Estamos con el diputado Jorge Gandini, del Partido Nacional.

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Diputado Gandini, ¿cuál era la objeción, la preocupación suya por un lado y de Jaime Trobo por otro?

JORGE GANDINI:
La preocupación nuestra es que lo que refiere el artículo en su inicial denominación no es lo que luego contiene. Si uno lee lo que usted acaba de leer parece hasta lógico, dijimos que eso lo votábamos, hay distintos servicios de inteligencia en el Estado, no está mal que el presidente de la República quiera tener un coordinador de su confianza política que dependa directamente de él.

EC – El problema estaba en el segundo párrafo de ese artículo.

JG – Exacto, en la función que se le atribuye a este nuevo cargo no es la de coordinar, es la de implementar la política de inteligencia nacional del Estado. Ahí es donde nosotros discrepamos.

EC – El artículo 56 en el primer párrafo dice: "Créase en el Programa 001, Determinación y aplicación de la política de gobierno, un cargo de coordinador de los servicios de inteligencia del Estado, el que se declara de particular confianza y queda comprendido dentro del literal C del artículo 9º de la ley...". Pero el segundo párrafo agrega: "El mismo dependerá en forma directa del presidente de la República y tendrá por cometido la implementación de las políticas estatales en la materia en coordinación con las jerarquías de los servicios estatales con injerencia en la misma". Allí está el nudo de la cuestión.

JG – Ahí está el problema. Es una materia muy delicada, que requiere una discusión profunda, la Presidencia de la República no puede tener esta función, la Presidencia de la República es un órgano cerrado, la Constitución de la República le establece explícitamente cuáles son sus cometidos y no puede tener otros. Otros deben ser remitidos a la ley, no puede tener esto. Y además no debe, es una materia legal, eso fue lo que le dijimos a la Secretaría de la Presidencia, y además le hicimos referencia a que esa misma mañana habíamos tenido en comisión la presencia del Ministerio de Defensa y el propio subsecretario, el doctor Bayardi, había anunciado que era objetivo de este gobierno y materia pendiente la presentación de un proyecto de ley de inteligencia nacional para que el país pudiera discutir sobre esa materia pendiente. Entonces no entendíamos cómo por un lado se nos estaba invitando a discutir un tema tan importante y por otro se estaba entregando esta facultad, esta prerrogativa a un ámbito tan cerrado, tan exclusivo, como el de un asesor de la Presidencia de la República.

EC – Resumiendo, el problema es que el artículo 56 le adjudica a este coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado el cometido de implementar las políticas estatales en la materia.

JG – Tal es así que explicado el tema, el secretario de la Presidencia, en una actitud muy abierta –que no vimos en otros jerarcas ministeriales–, reconoció la situación, admitió la posibilidad de cambiarlo, lo cambiamos en sala, lo consultamos con el mismo y hoy en la mesa de la comisión ya hay un nuevo texto que crea ese cargo previsto en el inciso 1º, al que en el inciso 2º se le establece el cometido de coordinar los servicios de inteligencia de distintos organismos bajo la responsabilidad política de los jerarcas de cada uno de los incisos. Lo que vamos a crear y vamos a votar es un coordinador de los Servicios de Inteligencia con función de coordinarlos.

EC – Sí, el doctor Gonzalo Fernández reconoció que el texto tal cual había ido al Parlamento no reflejaba lo que se quiso decir.

JG – Por eso, pero hay que estudiarlo bien porque a veces transformado en ley se utiliza para lo que no se quiso hacer. Es una materia delicada, no es sencilla, es un tema que ha estado recurrentemente en el Parlamento y ha tenido malas experiencias en el pasado. Los servicios de inteligencia existen, a veces están un poco sueltos, a veces han jugado a ser espías, han competido entre sí, y está bien que haya un mecanismo de coordinación y que el que esté más informado de todos sea el presidente de la República, no se lo vamos a negar a este ni a ningún presidente.

EC – Pero la responsabilidad política en cuanto a las políticas estatales en materia de inteligencia les va a quedar a los ministerios correspondientes, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior.

JG – Exactamente, son los que están sometidos a control parlamentario por la Constitución de la República y los que tienen bajo su égida la responsabilidad política de esos servicios. Aquí no le armamos un servicio de inteligencia al presidente, no es el presidente el que va a hacer un servicio de inteligencia en la casa presidencial, el presidente va a tener a alguien que le va a informar bien lo que está pasando dentro de los servicios de inteligencia, no para que los servicios de inteligencia jueguen por fuera de las posibilidades del presidente de la República, sino para que obviamente trabajen para el Estado y en particular para el presidente. No queremos que el presidente tenga un servicio de inteligencia, queremos que aproveche los que ya están y que sepa lo que está pasando.

EC – Así que el asunto se resolvió bien.

JG – El asunto se resolvió bien porque hubo una actitud muy abierta del secretario de la Presidencia en éste y otros puntos que también fueron abordados, como el de la Ursea, que tuvo importantes cambios en la propia comisión, y como otro tema muy discutido, un impuesto, el porte postal, que también quedó para verse más adelante y fue retirado momentáneamente del texto del presupuesto. Fue una reunión que terminó tarde pero que fue muy productiva.

EC - ¿Cuál era la objeción en el caso del porte postal?

JG – La ley de presupuesto crea nuevamente, en el ámbito de la Ursec –que ahora queda bajo la órbita del secretario de la Presidencia también, aunque muy relativizado por lo que le decía–, el porte postal, un impuesto a las cartas que distribuyen las empresas privadas de correspondencia como forma indirecta de subsidiar al Correo Nacional, que cumple con lo que se denomina la universalidad, es decir atiende obligatoriamente todos los puntos del país. Volvemos a un mecanismo que estuvo vigente hasta el año 2000, que fue muy complejo, un subsidio que se le puso a la actividad privada para cubrir la ineficiencia del Estado, pero que además ocasionó una cantidad de irregularidades porque el porte postal es muy difícil controlar y genera una competencia desleal del Correo, que es juez y parte, con los privados, y además genera un sector informal muy fuerte entre los privados que distorsiona mucho el mercado.

EC - ¿Va a quedar para otra instancia o todavía hay margen para discutirlo dentro del trámite del presupuesto?

JG – El secretario de la Presidencia después de nuestra intervención dijo que entendía que el tema era complejo, que había escuchado en la comisión argumentos que lo hacían pensar y que por lo tanto solicitaba retirar los artículos –son varios– que refieren al porte postal momentáneamente para que el Poder Ejecutivo pudiera consultar a autoridades del Correo y otras personas y a lo mejor traer una solución para este mismo presupuesto, y si no estudiarlo más adelante. El Correo en el propio presupuesto tiene un subsidio anual de 236 millones de pesos, o sea 9.000.000 de dólares, y este porte postal que le podría dar 1,5, 2.000.000 de dólares más. El problema es que el Correo así no funciona, estamos buscando maneras de subsidiarlo para que tape el enorme agujero, volvemos a plantear lo de siempre: ¿por qué no en este gobierno el Correo reparte las tarifas públicas? Ahí quedó el tema para ser abordado.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe