"LA GUERRA ANTISUBVERSIVA

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se fue conformando un panorama estratégico universal, caracterizado por la oposición ideológica de los dos grandes bloques de naciones - antiguas y emergentes - conformados en torno a los Estados Unidos de América y la Unión Soviética y sustentado en el equilibrio nuclear.

Durante esta situación, conocida como Guerra Fría, que se extendió hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y consecuente desaparición de la Unión Soviética, se generaron varios conflictos limitados, en su mayoría originados por el expansionismo soviético en las regiones del mundo en desarrollo, en los que las potencias de los bloques medían sus fuerzas a través de terceros países y en niveles que no alcanzaran el uso de las armas nucleares.

Uno de esos tipos de conflicto, característico de los años 60 y 70, fueron las denominadas - según la doctrina marxista-leninista - "guerras de liberación nacional", por medio de las que la Unión Soviética alentaba en los países considerados capitalistas la toma del poder por parte de grupos revolucionarios locales para que luego ejercieran un gobierno basado en su filosofía materialista, incorporándose a su ámbito de influencia.

América Latina no escapó a este fenómeno y una marea revolucionaria se extendió por el continente, irradiada desde la Cuba pro-soviética a partir de 1960, particularmente después de la Conferencia de la OLAS (Organización Latino Americana de Solidaridad) en 1967, a la que asistieron representantes de las organizaciones revolucionarias de todos los países.

Aunque el campo fértil para la acción revolucionaria en todos los órdenes estaba representado por los pueblos de bajos índices socio-económicos y culturales y endebles instituciones políticas, Uruguay, también fue presa de esa acción subversiva.

Su otrora e-jemplar sistema democrático fue atacado en sus bases estructurales y la sociedad uruguaya se sintió sorprendida por hechos desconocidos en el país.

Ya desde 1962, pero particularmente a partir de 1967, grupos terroristas locales consumaron una sucesión creciente de asaltos, robos, secuestros, atentados explosivos, asesinatos y copamientos de ciudades, haciendo temer por la supervivencia del Uruguay como estado libre y soberano.

POLICÍA CAÍDO

El Poder Ejecutivo enfrentó el terrorismo con firmeza y decisión, aunque careció del necesario apoyo integral de otros ámbitos estatales, lo que dificultó la acción de las fuerzas policiales que constituyeron el primer escalón de defensa desde sus comienzos, pagando un alto tributo con la sangre de sus servidores.

El combate antisubversivo sufrió un duro impacto al fugarse masivamente el 6 de setiembre de 1971 un centenar de sediciosos que, costosa pero eficientemente, se había logrado recluir, entre ellos los principales líderes.

Tres días después, el Poder Ejecutivo asignó la conducción de la lucha contra la subversión a las Fuerzas Armadas, que hasta ese momento habían acompañado la acción policial brindándole apoyo a su requerimiento.

El Ejército debió entonces afrontar una guerra no esperada, con reglas desconocidas y por tanto con medios y métodos no convencionales hasta ese momento no previstos.

No obstante ello, las fuerzas morales desarrolladas al influjo de los valores tradicionales del soldado oriental posibilitaron al Ejército efectuar una rápida adaptación de sus conceptos doctrinarios y preparar sus medios para cumplir a cualquier costo con el sagrado deber de defender la Nación del agresor subversivo.

Tratándose de un año electoral, la planificación estratégica determinó que primeramente se asegurara el normal desarrollo del acto eleccionario y el consecuente cambio de gobierno, para después destruir el aparato militar de las organizaciones terroristas y restablecer plenamente la tranquilidad y el orden interno y en última instancia dar seguridad al desarrollo nacional como vía de alcanzar el bienestar de los orientales.

Una vez logrado el objetivo primario y ya instalado el nuevo gobierno electo por el pueblo, el 14 de abril de 1972 la subversión lanzó un cruento desafío intimidatorio asesinando a un profesor civil, dos policías y un militar.

Esta dramática jornada dio lugar a una rápida respuesta política, decretándose el Estado de Guerra Interno con la anuencia del Poder Legislativo. Poco antes, las Fuerzas Armadas habían impugnado una declaración de guerra subversiva no reconociendo a sus autores el status de estado beligerante, que hubiera habilitado legalmente el apoyo bélico y económico de países afines.

A partir de ese momento las operaciones militares se desarrollaron agresiva y exitosamente tanto en los centros urbanos como en el medio rural, no sin el alto costo de preciosas vidas, capturándose progresivamente numerosos sediciosos, armamento, material y locales, liberando rehenes y logrando la desarticulación del aparato militar de los grupos principales en pocos meses. Por el contrario, el producto material de robos y asaltos cuyo monto aún no ha sido estimado totalmente, no fue en su mayor parte recuperado.

MILITARES CAÍDOS

Como consecuencia de esta arrolladora acción ofensiva de las Fuerzas Conjuntas (denominación que incluía las Fuerzas Armadas y Policiales), las organizaciones subversivas radicales se dispersaron hacia el exterior del país, continuando su funcionamiento desde diferentes lugares en América y Europa al amparo de gobiernos tolerantes y ayudados por otros grupos revolucionarios con los que intentaron una acción subversiva coordinada internacionalmente y su retorno al territorio uruguayo.

Durante 1974 son desbaratados otros intentos subversivos basados en la reorganización de remanentes regresados de los países vecinos y en la acción de grupos menores. Y en 1976 es descubierto y progresivamente desmantelado el aparato armado de un partido político marxista-leninista pro-soviético, verdadero ejército mantenido en las sombras desde la década del 60. Su organización estaba apoyada por un considerable sistema logístico militar y por la preparación de cuadros en varias escuelas militares soviéticas y cubanas, habiendo aprestado contingentes para combatir incluso en el extranjero.

Tuvo su área nuclear en Montevideo, donde las guerrillas urbanas tenían su centro de operaciones. Las operaciones de las Fuerzas Conjuntas fueron coordinadas por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Al incrementarse el apoyo logístico sedicioso con mayores recursos provenientes del extranjero, las operaciones se extendieron hasta abarcar la totalidad del país, especialmente relevantes en la toma de la ciudad de Pando y el "Plan Tatú" (creación de refugios subterráneos como bases de operaciones para realizar acciones terroristas en las principales ciudades del interior del país).

Mediante diversas operaciones se capturan los principales escondites subterráneos (tatuceras) en:

1. Canelones, río Santa Lucía, cercano a la Isla Mala, 7 de noviembre de 1970.
2. Colonia, Juan Lacaze, zona lindera a la vía ferrea, 6 de marzo de 1972.
3. Colonia, arroyo Rosario, 29 de abril 1972.
4. Artigas, arroyo Itacumbú, 6 de mayo de 1972.
5. Maldonado, en zona de Punta Colorada, 16 de mayo de 1972.
6. Treinta y Tres, Ruta 8 sobre el río Olimar, 16 de mayo de 1972.
7. Paysandú, río Queguay, 20 de mayo de 1972.
8. Rocha, en Parque Los Indios y sobre el río Cebollatí, 21 de mayo de 1972.
9. Maldonado, Ruta 9, km.113, Estancia Spartacus, 24 de mayo de 1972.
10. Salto, área rural, se localizan 2 tatuceras, 10 de junio de 1972.
11. Tacuarembó, área rural, 8 de julio de 1972.
12. Rocha, escondite subterráneo en área de Santa Teresa, 5 agosto de 1972.
13. Rivera, en cañada Cerro Bonito, Pasaje del Sauce y río Tacuarembó, 8 de agosto 1972.
14. Paysandú, Ruta 3, sobre las costas del arroyo San Francisco, 2 setiembre 1972.

Desarticulada la organización en el medio rural, las actividades sediciosas se concentran nuevamente en atentados terroristas sobre la Capital, apoyados por una importante estructura de propaganda montada por los mismos que, aunque asilados en otros países, continuaban sus operaciones clandestinas conectados a diferentes redes internacionales.

Las operaciones antisubversivas cesaron en marzo de 1985 por disposición superior lográndose que hasta esa fecha ninguna organización operara violentamente en nuestro territorio, manteniéndose los detenidos capturados desde 1972 - que alcanzaron una cifra de casi 7.000 - alojados en establecimientos de reclusión modelo sometidos a los controles de todas las organizaciones internacionales afines con los derechos humanos.

Todos ellos fueron un vivo testimonio de los principios éticos que guiaron el comportamiento general de los integrantes de las Fuerzas Conjuntas, entre ellas el Ejército, orientado siempre al respeto por la vida humana.

La guerra antisubversiva dejó un saldo de 6 decenas de bajas por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales y civiles inocentes y 5 decenas pertenecientes a las organizaciones revolucionarias. Todas ellas dolorosas pero que en conjunto representan un porcentaje mínimo con respecto a los efectivos involucrados en el conflicto.

El 1º de marzo de 1985 asumieron el gobierno las autoridades elegidas democráticamente en las elecciones nacionales de noviembre de 1984.

Éstas habían sido acordadas por las Fuerzas Armadas y la mayoría de las fuerzas políticas, cumpliéndose lo anunciado por aquellas desde años antes.

El nuevo gobierno procuró una solución jurídica a las secuelas del conflicto, promoviendo una ley de amnistía general.

Una vez aprobada, ésta determinó la liberación de todos los detenidos por actividades subversivas aún con penas a cumplir por delitos de sangre, así como el regreso al país de personas autoexiliadas vinculadas directa o indirectamente a la subversión, reconociéndoseles antigüedad laboral para recuperar sus empleos, reconstitución de actividades y pago de haberes retroactivo.

Del mismo modo los partidos políticos y grupos protagonistas de acciones terroristas tuvieron el campo abierto para futuras actividades políticas democráticas.

Las Fuerzas Armadas por su parte fueron objeto de juicios y demandas sectoriales que llevaron al gobierno a procurar una solución auténticamente uruguaya que permitiera encarar el futuro sin mirar hacia atrás en ningún caso.

No obstante su convicción de haber actuado en defensa de la Patria y por expresa disposición de un gobierno democráticamente elegido, logrando la victoria militar, a fines de 1986 los Mandos Militares, en aras de la pacificación nacional, emitieron una declaración en la que expresaron:

"... que cuando se producen desencuentros entre los sectores que componen una sociedad, de magnitud tal que no se logra conciliar un punto de entendimiento y la crisis trae como consecuencia el quebrantamiento de la legalidad vigente, como la que culminara en junio de 1973, con ella también se pierden los puntos de referencia a que se deben ajustar la conducta y la conducción misma y que los hechos derivados de tal situación, cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, son de su responsabilidad, por acción u omisión por lo que no puede ésta recaer en sus subalternos sin crear una situación de grave lesión al ascendiente moral que sustenta el principio de autoridad, rector de la subordinación, disciplina e integridad de la Institución Militar.

Por lo expuesto, expresan al Señor Presidente y ante el país, la firme determinación y el compromiso de continuar velando por la conducta y el comportamiento de todos y cada uno de sus integrantes y por el afianzamiento de las instituciones democráticas para forjar un futuro sin odios, de entendimiento, paz y esperanza".

Días después se produjo la aprobación de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado por los hechos anteriores al 1º de marzo de 1985, la que fue ratificada por la voluntad popular a través del referéndum realizado en abril de 1989".

Vea la página del Ejército.