(Emitido a las 8.54)

EMILIANO COTELO:
Según la oposición, con el nuevo presupuesto el gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) está promoviendo una partidización del Estado a partir del aumento que se produce en la cantidad de cargos de particular confianza.
 
Además, se denuncia que el presupuesto habilita a ingresar personal a la función pública sin concurso, y que hay otro gran grupo de unas 5.000 personas que se incorporarán al Estado en forma permanente, siendo regularizadas como funcionarias.

Es uno de los puntos calientes del debate presupuestal en estas horas, entonces les proponemos averiguar cuáles son concretamente las preocupaciones y qué se responde desde el gobierno.

Vamos a escuchar en primer lugar al diputado herrerista José Carlos Cardozo y luego al subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Humberto Ruocco.

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Diputado Cardozo, una crítica fuerte de la oposición en el debate presupuestal de estas horas tiene que ver con la creación de unos 35 cargos de particular confianza. ¿Cuál es exactamente la inquietud?

JOSÉ CARLOS CARDOZO:
A partir de un relevamiento que hicimos de todo el documento presupuestario hemos identificado un objetivo del gobierno de incrementar fuertemente la presencia de cargos de particular confianza en la administración pública, aparecen esas creaciones de cargos que nos preocupan en la medida que muestran una intención manifiesta del partido de gobierno de ocupar no sólo los cargos en la totalidad –cosa que está haciendo en forma absolutamente legítima, todos los cargos que ya preexisten en la administración, cargos de particular confianza con designaciones de carácter político–, sino de llevar adelante un incremento que anda en el orden del 30 por ciento respecto de la plantilla estable.

EC - ¿Cuántos son los cargos de particular confianza hoy?

JCC – Antes del 1 de marzo la administración central tenía 136 cargos de particular confianza distribuidos entre todas las carteras. Este gobierno creó siete cargos de particular confianza en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y 35 en este presupuesto que está en debate, es decir a partir del 1 de enero de 2006, distribuidos entre Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Ministerio del Interior, Ministerio de Industria, Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

No nos sorprende que la administración pueda interpretar que necesita abrir cargos dentro de la administración para organizar el aparato del Estado, pero decimos que busca la designación de carácter político de particular confianza porque los ha hecho con ese carácter.

EC - ¿Lo que preocupa es el impacto en las finanzas del Estado o el problema es la señal política que estos cambios implican?

JCC – La señal política; además es una fuerte contradicción con lo que desde la izquierda se alentó siempre respecto del gobierno, los cargos en el gobierno, la cantidad de cargos políticos, la distribución político-partidaria. Eso siempre fue una crítica y una preocupación constante de la izquierda, sin embargo ahora vemos que llegada al gobierno utiliza este mecanismo. Yo no estoy hablando del impacto económico que esto va a generar en la administración pública, estoy hablando del impacto que la designación político-partidaria tiene en la administración. Siete cargos en el MDN; no es menor.

EC – Los números están claros, pero de ahí a asignar intencionalidad política hay un salto cualitativo. ¿Por qué hablan ustedes de que se viene una "partidización" del Estado?

JCC – Pero, Emiliano, yo no estoy haciendo una acusación, estoy haciendo una constatación y le estoy informando a la opinión pública un hecho absolutamente objetivo. Cuando usted es gobernante y me dice "yo quiero crear un cargo de particular confianza", ¿para qué es?; es para hacer una nominación política. Y si usted me dice "quiero siete nuevos cargos en el MDN con designación política" es porque usted quiere que el partido político tenga capacidad de designar en la administración pública, en cargos de particular confianza, a sus hombres. Eso es absolutamente claro; además se hizo sobre los 136 cargos. Ninguno de ellos está sometido a concurso ni a otro mecanismo de designación. Yo advierto que el partido político de gobierno se dispone a avanzar en su presencia política dentro de la administración pública. Es una constatación, no una acusación, es la constatación de un hecho que por lo menos tenemos que hacer público, la gente tiene que saber cuál es la decisión que ha adoptado el gobierno.

Mire que lo está haciendo con total legitimidad desde el punto de vista reglamentario, porque recorrió el camino presupuestario, que es lo que debía hacer; lo hizo, está en el documento presupuestario y necesita aprobación parlamentaria, cosa que seguramente va a tener porque con sus votos alcanza. No estoy hablando de la legitimidad o no de la decisión, sino de una voluntad manifiesta de avanzar políticamente sobre la administración.

Cuando ayer se lo dije al ministro Astori en la comisión, el diputado Iván Posada me corrigió y me dijo: "Usted, Cardozo, porque no sabe lo que pasó cuando el FA entró a la Intendencia de Montevideo: incrementó en 70 por ciento los cargos de particular confianza". Estábamos con el ministro en sala. De acuerdo a este planteo que hizo el diputado Iván Posada ayer, es una práctica que no sólo refiere al Estado sino que ya pasó en la Intendencia de Montevideo.

EC – Ayer, en declaraciones al diario El País, usted dijo también que el presupuesto habilita a ingresar personal a la función pública sin el concurso, en tanto hay otro gran grupo de unas 5.000 personas que ingresarán al Estado en forma permanente, siendo regularizadas como funcionarias. ¿Es otro aspecto de la misma preocupación?

JCC – Sí; el artículo 330 es clarísimo respecto de las condiciones que se necesitan para ingresar. El último inciso dice textualmente –lo estoy leyendo, página 187 del presupuesto–: "También podrá ingresar nuevo personal mediante procedimientos que aseguren la objetividad y la transparencia en la selección del mismo". No dice acá "por concurso", por un sistema de calificación predeterminado, sino por "procedimientos –no se sabe cuáles– que aseguren la objetividad –tampoco se sabe de qué manera esos procedimientos pueden asegurar objetividad, a no ser que sea por concurso–". Este artículo 330 habilita el ingreso a la función pública, en este caso específico en el MDS.

Luego el gobierno se predispone a hacer funcionarios públicos a todos los que integraban las comisiones de apoyo de Salud Pública, por ejemplo, que están totalmente identificados, porque trajo el número exacto, son 5.170. Es una regularización, no lo veo tan mal en la medida que se trata de gente que ya está trabajando vinculada con la administración pública, aunque lo estaba haciendo en comisiones de apoyo de los hospitales. Es lo mismo que pasa en las escuelas de casi todo el país donde hay funcionarios de servicio que trabajan para la Comisión de Fomento. Es una regularización, no lo veo tan mal.

Lo que acontece es que cuando uno le pregunta al gobierno por los becarios, "ah, con los becarios vamos a ver, vamos a ver cuántos son"... Ahí aplica un criterio totalmente distinto y un procedimiento muy complicado: lo va a someter a consideración de los gremios, a ver si quedan o no, crea una comisión paritaria en cada organismo para que el organismo y el gremio discutan si el becario se queda o se va. Es decir que la discrecionalidad va a quedar en la discusión entre el sindicato y el organismo público, si ese funcionario se queda o se va, y no en el Parlamento, que me parece más lógico que sea el que determine quién se queda y quién se va en la administración pública.

EC – Concretamente, con respecto al tema becarios, pasantes y compañía –porque en los últimos años se ha utilizado una larga variedad de instrumentos–, los nuevos jerarcas de las dependencias del Estado dicen que se encontraron con centenares de situaciones irregulares sobre las cuales van a tener que trabajar. ¿Cómo opinan ustedes que debería manejarse esa parte del problema?

JCC – Que la administración en el tema becarios, pasantes, caché, distintas formas de contrato en función pública, se encontró con un problema no tengo ninguna duda, eso es efectivamente así. Yo estuve vinculado al MEC y me encontré con el mismo problema, es una cuestión que ha venido sucediendo, es una vía lateral de ingreso al Estado que se ha utilizado –lo reconozco sin ningún tipo de problema– para eludir la prohibición que había por ley de ingresar a la función pública. No son funcionarios públicos, eso está claro, la prohibición rige porque no son funcionarios públicos, pero en los ministerios y los distintos organismos se han ido encontrando formas, a través del sistema de pasantes, becarios, régimen caché, de tener gente que trabaje en la administración. Y se ha intentado regularizar. Hay becarios que llevan 18, 20 años.

Lo que sucede es que la forma en que procede el nuevo gobierno respecto de cómo va a tratar a estos funcionarios nos genera en principio por lo menos cierta preocupación –yo no quiero hacer acusaciones– en cuanto a que pueda haber un proceso discriminatorio en el avance o en el estudio de los becarios que se quedan y los que se van. Cuáles se quedan y cuáles se van no está determinado ni el presupuesto lo va a determinar, sino que va a ser determinado por una comisión paritaria que no sabemos con qué criterios va a trabajar para regularizar la situación de pasantes y becarios, que son muchísimos. Ayer la Oficina del Servicio Civil dijo no tener la nómina, lo que me llamó mucho la atención porque basta con preguntarles a todas las unidades ejecutoras cuántos becarios cobran a fin de mes para saber cuántos son, se puede saber rápidamente. Pero son varios miles.

EC – En síntesis, la principal preocupación está por el lado de la creación de los cargos de particular confianza.

JCC – Sí, para mí es una ofensiva muy relevante que hace el partido de gobierno para aumentar el aparato político dentro de la administración pública. Es una constatación, no una acusación: hay un aumento de la presencia político-partidaria en la administración pública. Yo conté esos 35, pero se autoriza a cada ministro a contratar dos más, dos asesores, dos asistentes con un sueldo de 20.000 pesos; ésos cesan con el gobierno. Un ministro tiene 10 pases en comisión, libre disponibilidad de los funcionarios de su ministerio –los ministerios tienen 3.000, 3.500, 4.000 funcionarios– y sin embargo hay dos cargos nuevos de confianza para cada uno, lo que totaliza 26, que no están en esta nómina de que hablábamos al principio. Esto demuestra la voluntad manifiesta del partido de gobierno de tener designaciones político-partidarias en la administración pública.

EC - ¿Su partido vota la ley de presupuesto si se mantienen estos artículos, estas disposiciones que ha venido cuestionando en estos minutos?

JCC – El partido no lo ha resuelto aún, pero le puedo decir que hay artículos que vamos a votar, porque los hemos acompañado y hemos señalado nuestro apoyo a muchos de ellos, y hay artículos que no vamos a votar, eso está claro. No es todo blanco y negro, vamos a votar muchos artículos y otros no. La discusión que vamos a dar esta semana es qué comportamiento tiene el PN en la votación en general, es decir a todo el presupuesto, si vamos a votarlo o no. Todavía no lo hemos resuelto.

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(Emitido a las 9.15)

EMILIANO COTELO:
Seguimos ocupándonos del proyecto de ley de presupuesto, que ya está ingresando en la fase final de su discusión en la comisión de la Cámara de Representantes que lo viene analizando.

Un proyecto de presupuesto que en estos días ha tenido como uno de los focos de debate la crítica que se hace desde la oposición en cuanto a que se está promoviendo una partidización del Estado a partir del aumento que se produce en la cantidad de cargos de particular confianza política –hoy son 143 y se pasa a 178–, pero además se autoriza a cada ministro a nombrar a otros dos asesores, estos últimos con la puntualización de que no van a ser asimilados como funcionarios públicos.

Hace unos minutos dialogábamos con el diputado José Carlos Cardozo, del Herrerismo, Partido Nacional, quien ha sido uno de los más insistentes en esta objeción al proyecto del Poder Ejecutivo.

Nos interesa ahora ir al punto de vista del gobierno. Para eso recurrimos a la Oficina Nacional del Servicio Civil, que es una unidad ejecutora de la Presidencia de la República, responsable de formular la política de recursos humanos y controlar su ejecución en la administración pública, tomando como principios fundamentales el desempeño y la calificación, según dice la información oficial.

El diálogo es con el subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Humberto Ruocco.

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Ruocco, empecemos por lo que el diputado Cardozo señalaba en cuanto a la creación de cargos de particular confianza. Usted no discute el número, son 35 nuevos cargos.

HUMBERTO RUOCCO:
Le voy a decir una cosa, esto se puede empezar por muchos lugares. La preocupación que tiene el diputado Cardozo es importante y no voy a dejar de contestarle, pero me parece que el presupuesto es mucho más importante que esa preocupación. En primer lugar, el presupuesto no es solamente para poner a consideración del Poder Legislativo, es para que la ciudadanía conozca cuál es el proyecto de cambio que tiene el nuevo gobierno y cómo ha logrado ir trasuntando el programa que puso a consideración cuando hubo elecciones en el proyecto de plan de gobierno. Por lo tanto el proyecto de ley de presupuesto que proponemos dice con claridad, parte del diagnóstico que nos lleva a tomar decisiones ulteriores.

Esa parte del diagnóstico muchas veces algunos se olvidan, parece que no hubieran sido actores, aunque al diputado Cardozo lo he sentido y él ha reconocido que fue actor activo en todo este período. Es más, ha reconocido que convivió con la situación.

EC - ¿A qué se refiere concretamente en cuanto al diagnóstico?

HR – Podríamos decir: formidable, de los años noventa en adelante –para hablar solamente del tema de los recursos humanos– se promulgó una serie de normas y se llevó adelante una serie de políticas de reforma –que se llamaron así, "de reforma"–, que operando de una manera conjunta, no aislada entre ellas, sufrieron efectos sobre el empleo público nacional. Por ejemplo, una reducción paulatina de los recursos estables del Estado, un paulatino y constante envejecimiento de la plantilla, una sustitución del personal estable por personal precario sin expectativas de crecimiento en la organización y nuevas formas de clientelismo para recuperar adhesiones perdidas. Cuando nosotros decimos en la exposición de motivos que se generó un sistema caótico, sin organicidad, sin fundamento, más allá de una declarada vocación de la reducción de los costos, pero sin meditar en precio alguno, es el estado de situación que recibimos del Estado.

Hoy tenemos que saber: ¿el presupuesto hinca el diente en estos temas o se los saltea a la torera? ¿Va a convivir con ellos para que después, dentro de cinco años, se diga, no sé si desde el gobierno o desde la oposición, "ya conocíamos la situación"? Yo digo que el presupuesto en el tema vinculado a la sección 2, sobre funcionarios, hinca el diente en este tema. O sea, se habla en este presupuesto de la transformación estructural que vamos a hacer. Hay artículos específicos que hablan de la relación vinculante entre la reformulación de las estructuras organizativas necesarias y las estructuras de los puestos de trabajo de las unidades ejecutoras.

No se puede hacer con determinada organización proyectos diferentes, la organización siempre está al servicio del proyecto de cambio que va por delante, o sea, tenemos que poner la organización al servicio. Pero la tenemos que poner al servicio sobre la base de defender algunos principios constitucionales, la Constitución del 52 queda consagrada en la carrera administrativa, que fue destruida sistemáticamente. Hoy, para comenzar a reconstruir esa carrera, tenemos que hacer varias cosas.

EC – Entendido el planteo general que usted hacía, que es importante para inscribir esta discusión, empecemos por el cuestionamiento que se hace a la creación de más cargos políticos y de particular confianza.

HR – Al decir lo que dije anteriormente, el planteo que hace Cardozo –que naturalmente no voy a eludir– adquiere el tamaño que realmente tiene. Si yo le digo que para generar un cambio en un Estado que ha sido destruido, desguazado, necesitamos tener 16, 14, 15 cargos políticos más: ¿cuál es el problema? Y si además empiezo a aterrizar esa formulación y le digo: tenemos un concepto...

¿Por qué se crea la Dirección Nacional de Comunicaciones en el Ministerio de Industria, Energía y Minería? Porque tenemos una concepción de que el ministerio diseña las políticas, las empresas ejecutan las políticas y las unidades reguladoras controlan las políticas, por lo tanto necesitamos tener ese director nacional de Comunicaciones.

¿Por qué necesitamos tener un director general de servicio de apoyo a la Presidencia de la República? Porque no podemos tener ni más ni menos que al secretario o al prosecretario de la Presidencia ocupándose de los problemas de la locomoción del inciso Presidencia de la República, que en algunas cosas funciona bastante parecido a un ministerio; o de las comunicaciones o de otro tipo de actividades, que son necesarias pero no para que las tomen jerarcas que tienen responsabilidades inmensas y de terrible impacto para la política general del país.

EC – Usted está mencionando uno de los cargos de confianza que se crean en Presidencia.

HR – No, he mencionado dos; le puedo mencionar al director nacional de Aguas y Saneamiento. Se hace hincapié en que se crean 19 cargos de directores departamentales de Salud...

EC – Sí, en Salud Pública se crean 19 cargos por el artículo 249.

HR - ¿Y usted se da cuenta de que se suprimen 18? Se suprimen el coordinador regional de Salud, seis directores regionales, dos directores adjuntos a la Dirección General, dos asesores técnicos de la Dirección General de Salud y siete directores departamentales. Por eso le digo, me parece que hay que levantar la cabeza cuando hacemos una discusión sobre la reestructura y la transformación del Estado, porque no queremos más un Estado ausentista, queremos un Estado que esté presente en el proyecto de cambio de país. Y tampoco queremos un Estado desguazado. Por eso mismo tenemos que gastar mucho tiempo en reordenar lo que otros destrozaron.

Ahí no quiero eludir el planteo que se ha hecho acerca de qué vamos a hacer con los becarios, los pasantes, las diferentes formas de contratación.

EC – Que son todo un problema, una bomba de tiempo que hereda esta administración y que hay que encarar.

HR – Sí, señor. No podemos decir que no existe porque sería la peor política, seríamos renuentes a nuestras responsabilidades.

EC – El diputado Cardozo decía que en las explicaciones que ustedes dieron en comisión ayer no encontró una respuesta clara, que fue una respuesta del estilo "vamos a ver cómo lo manejamos", lo que le genera alguna preocupación por el riesgo de discrecionalidad a la hora de resolver quiénes se quedan como funcionarios públicos y quiénes no, que pueda haber alguna discriminación, etcétera.

HR – Me parece formidable que cualquier señor diputado controle, es su misión, entre otras. Pero yo quiero decir esto: primero, lo que recibimos fue lo que heredamos, no ingresaron porque nosotros les dijimos que ingresaran; segundo, los que permitieron esas formas de desnaturalización en realidad hicieron una falacia imperdonable, porque mientras cerraron la puerta de ingreso democrático a la función pública abrían las ventanas de la discrecionalidad para contratar bajo otras formas de clientelismo a gente en diversas formas de contratación.

¿Qué hicimos nosotros? Hemos asumido eso como una realidad y hemos tratado de comenzar el proceso de incorporarlos al Estado para que de alguna manera pudieran tener una carrera, someterse a disciplina, trabajar, encontrar la posibilidad de realizarse. Pero no lo hemos hecho solos, y creo que esto también es un diferencial que nadie puede eludir, porque es algo que se ha mantenido yo no digo oculto, pero por lo menos poco difundido. Usted sabe que nosotros asumimos el 1 de marzo; el 17 de marzo estuvimos haciendo la primera negociación colectiva con los funcionarios públicos en la historia del país, y dentro de esa negociación colectiva, que no es una negociación solamente salarial, estuvimos analizando también los problemas de necesidades comunes, porque muchas veces los trabajadores organizados en sus sindicatos y el gobierno tenemos objetivos comunes. Todos necesitamos que el Estado sea eficiente, y para ello tenemos que tomar algún tipo de decisiones.

Si el 17 de marzo comenzamos la negociación colectiva ello significa que previamente, el 15, el 12 de marzo, recién entrados a las oficinas, ya estábamos haciendo un decreto a través del Ministerio de Trabajo para poder generar esa posibilidad. Y dentro de esa negociación colectiva –por eso se la he mencionado en esta ocasión– hemos llegado a una cantidad de acuerdos de los que algún día, si usted tiene interés, podemos hablar. No puede ser que el movimiento sindical diga que es algo histórico y en algún lado se lo salteen a la torera, nosotros también pensamos que es algo histórico que hayamos acordado con el movimiento sindical una cantidad de cosas; en otras, como usted comprenderá, tenemos diferencias, contradicciones y tendremos enfrentamientos, eso lo tenemos absolutamente claro y está dentro de lo que tenemos previsto porque así funciona el sistema democrático.

EC - ¿Por qué recuerda ahora esa negociación del 17 de marzo?

HR – Le explico. Porque para analizar el tema de las diversas formas de contratación tuvimos una negociación con los trabajadores de COFE y de la Mesa Sindical Coordinadora y el 31 de mayo ya teníamos un documento que tenía un diagnóstico de la situación y recomendaciones sobre cómo encarar el análisis y las soluciones de estas formas diversas de contratación en el Estado.

Lógicamente, llegamos a algunas cosas mínimas. ¿A quién vamos a poner en consideración? Vamos a poner en consideración a los que entraron por esas vías antes de 2001 –porque antes de 2001 no había ninguna normativa referente a becarios y pasantes–, a los que entraron después de 2001 y a un pequeño grupo que en algún momento se había regularizado, que son algo así como 70 personas.

¿Cuál es el factor común que vamos a tener en cuenta para esto? A efectos de proceder a la identificación, vamos a analizar los casos de las personas que se encuentren desempeñando tareas propias de funcionarios públicos, con carácter permanente, en régimen de dependencia y cuyo vínculo inicial con el Estado se hubiera desvirtuado.

Como bien dijo el diputado Cardozo, hay gente que hace 15, 10 años que está en esto, quizás más. Si hubiéramos hecho esto centralmente desde la Oficina Nacional del Servicio Civil habríamos cometido un pecado de soberbia, porque no podemos conocer el rendimiento, la adhesión, el trabajo, el sometimiento a la disciplina ni el régimen de dependencia de cada uno de los funcionarios del Estado. Nos pareció importante que eso quedara anclado en comisiones paritarias dentro de los ámbitos –incluso puede haber más de una por inciso, donde haya jerarca del inciso y representantes de la organización sindical– que analicen las situaciones y haya el aval de unos sobre otros. De todas maneras siempre puede caber que haya controversias, en última instancia el jerarca del inciso tendrá la voz para reafirmar que esa persona se queda o no. Si hay disconformidad por parte de la persona podrá recurrir a todas las instancias que están previstas en la Constitución de la República para hacer los reclamos pertinentes.

EC - ¿Cuánto tiempo insumirá ese proceso?

HR – Es un proceso que no podemos comenzar desde el punto de vista concreto hasta después de aprobada la ley, pero pensamos que la primera fase, ésta de la gente de antes de 2001, va a ser un proceso bastante rápido porque, como bien dijo el diputado Cardozo, a partir de que instalamos esta preocupación, el 31 de mayo hicimos este documento y lo difundimos con los directores generales, con las autoridades de los entes autónomos y naturalmente los gremios respectivos hicieron lo propio, hay una expectativa, hay acciones preparatorias, trabajamos con un instructivo para ir preparándonos para que cuando exista la ley podamos trabajar sobre lo que nos va a encomendar porque pensamos que va a salir. Después tendremos que abordar los casos de los ingresados de 2001 en adelante sobre la base de las necesidades de los propios organismos, pero de ninguna manera hay que mirar esto como una forma de discrecionalidad en el ingreso. Fíjese que aunque ingrese el 10, el 20, el 30 o el 100 por ciento de las personas, no van a ser personas que nosotros hayamos ingresado en algún momento a la administración. Estamos tratando de transparentar y ordenar esa situación porque son los actos preparatorios para esa reestructura necesaria, porque, como le decía al comienzo, la reformulación de las estructuras generales va a estar lógicamente apoyadas próximamente por un sistema integrado remunerativo donde podrá haber carrera funcional y realmente vamos a tener gente que trabaje en el Estado profesionalizándose y no tomándolo como una changa, como un aditivo más a sus ingresos, queremos que sea lo central de sus ingresos.

Por último quiero decir algo que me parece importante. Para seguir adelante con esta política de verdad en este presupuesto hemos recompuesto el círculo virtuoso del ingreso democrático, la carrera funcional –por esto que le he dicho, porque comenzamos los actos preparatorios para generar este proyecto, que también haremos en el medio de la negociación colectiva– y el egreso digno. Porque si detectamos que existe una planilla envejecida en la administración tenemos la obligación de promover medidas para que haya un cambio generacional; ninguna de esas medidas puede ser atentatoria de las personas, lógicamente, debe ser un egreso digno, decoroso, y siempre va a estar en la voluntad de la gente adherirse o no a él. Pero tenemos que hacer el intento de dejar los espacios para poder financiar el ingreso de jóvenes a la administración porque queremos romper este promedio de edad de casi 50 años que nos parece un poco elevado y es fruto de esa política de desestructuración del Estado que se vino haciendo desde el 90 en adelante.

EC – Para cerrar la charla por hoy, usted hablaba recién de la recomposición del círculo virtuoso e incluía como primera de las patas una forma de ingreso democrática. Voy a preguntarle entonces a propósito de uno de los cuestionamientos que hacía el diputado Cardozo con referencia al artículo 330 del presupuesto, que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, donde se termina diciendo "también podrá ingresar nuevo personal mediante procedimientos que aseguren objetividad y transparencia en la selección del mismo". Al diputado Cardozo le preocupa que no se hable de que ese ingreso vaya a ser por concurso.

HR – Le digo la verdad, eso no está reglamentado. Le pediría a Cardozo que tuviera tranquilidad en cuanto a los temas de transparencia, porque los que estamos aquí ya hemos tenido una prueba, de la misma manera que la tuvo él. Nosotros hemos transitado por la Intendencia Municipal de Montevideo por una prueba y creo que todo el mundo se acuerda de los cilindros llenos, de las colas para ingresar a los sorteos. Ya tenemos determinadas credenciales como para que no se juegue con la ciudadanía en cuanto a poner problemas, ya bastantes problemas tiene la gente para incorporarle uno más. Si la gente no nos tuviera confianza nunca se hubieran hecho esas colas para el ingreso a la Intendencia. ¿Y sabe una cosa? Algunos de los que trabajamos en eso hoy estamos acá y vamos a seguir adelante con esta historia que queremos, defendemos y no queremos traicionar.

EC – Entonces no necesariamente se va a usar el concurso en el caso del artículo 330 del MDS.

HR – Lo vamos a reglamentar y muy probablemente también sea por concurso, pero no le puedo decir porque no está reglamentado aún. Cuando usted lee la redacción del ingreso a la administración no está planteado eso, pero hay algunas cosas que hay que tomar como parte de la historia de los que estamos portando este proyecto, cualquier documento nuestro que usted analice, anterior o posterior a asumir el gobierno, toma el tema de la libre competencia entre los iguales como un valor democrático a restablecer –no digo inventar–. Algunas cosas hay que restablecer en nuestra sociedad, porque no somos los inventores de los valores y las buenas tradiciones, simplemente los retomamos porque creemos que son lo mejor de nuestra historia.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe