(Emitido a las 7.52)

EMILIANO COTELO:
Seguimos buscando repercursiones de la interperlación de ayer que no tuvo consecuencias para el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. El llamado a sala estuvo originado en los cuestionamientos por parte del Partido Nacional y algunos legisladores colorados a la ampliación de la concesión a Buquebus de la Terminal de Pasajeros del Puerto de Montevideo.

Por mayoría, con votos del Encuentro Progresista, la Cámara de Diputados aprobó una moción que declaró como satisfactorias las explicaciones del secretario de Estado.

Ya conversamos con el miembro interpelante, el diputado blanco, Nelson Rodíguez. Ahora vamos a conversar con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.

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Ministro Rossi, en la exposición del diputado Rodríguez estuvo presente todo el tiempo el nombre de Juan Carlos López Mena, titular de la empresa Buquebus, y el hecho de que hubiese apoyado la campaña electoral del Encuentro Progresista (EP) y por tanto la suposición de que en esta renovación de la concesión de la Terminal de Pasajeros del Puerto de Montevideo había algún grado de pago de favor al empresario.

Entonces la primera pregunta es: ¿por qué, teniendo en cuenta esas sospechas que andan por todos lados, no se recurrió a la licitación, por qué se va a la renovación directamente?

VÍCTOR ROSSI:
En primer lugar, es cierto lo que usted señala, si el nombre de López Mena y las declaraciones que en su momento hizo públicas no hubieran existido seguramente esta discusión no estaría planteada, como no lo estuvo durante los 10 o más años durante los cuales esta empresa ha operado en el país.

¿Por qué no se hace el llamado a licitación? Ayer quedó absolutamente claro que las licitaciones surgen de un procedimiento que nosotros recién recibimos en el mes de abril y que durante los diez años anteriores –porque la concesión entró en vigencia en 1995 y en 1996 ya se estaba promoviendo la ampliación del contrato– todos los directorios, sin excepción, incluso este último, y todos los servicios técnicos de la Administración Nacional de Puertos (ANP), muchos de los cuales se mantienen, coincidieron siempre en promover la ampliación de la concesión, y no hay un solo informe, una sola propuesta de ningún director en el sentido de realizar una licitación al vencimiento de la concesión. Nosotros recibimos una resolución cerrando un proceso que define claramente el artículo 10 del contrato y quedamos en buena medida supeditados a la confirmación de ese acuerdo si no hay observaciones de legalidad, que es lo que está observando el Tribunal de Cuentas (TC), no estamos ante el peligro de una demanda por parte del particular que se considere perjudicado o discriminado, en este caso la empresa Buquebus.

EC – Pero la licitación pudo haberse convocado, porque la cláusula 10 del contrato dice: "Esta concesión podrá ser renovada por períodos adicionales y sucesivos", no dice que se obliga a renovarla.

VR – Claro y establece un procedimiento: por lo menos seis meses antes del vencimiento el concesionario tiene que tomar la iniciativa de la ampliación –le da ese derecho al concesionario–, y si en los tres meses siguientes, es decir antes de los 90 días del vencimiento, no se llega a un acuerdo, la ANP recupera el derecho a llamar a licitación. Pero se da la situación de que se llegó a un acuerdo, y no sólo se llegó a un acuerdo porque hay una cadena de documentos de 2003, 2004, que yo ayer expuse y que nadie pudo cuestionar, sino porque hay una resolución expresa, no del directorio integrado por una mayoría del EP, sino del saliente, el presidido por el ingeniero Loureiro, que propone expresamente la prórroga del contrato. Lo propone expresamente, me consta que el ingeniero Loureiro estaba muy preocupado por resolver este asunto de la mejor manera posible para los intereses de la ANP y del Estado, pero llegó hasta donde llegó y nos promovió una resolución del directorio comunicando que había un acuerdo y que por lo tanto proponía prorrogar el contrato.

EC – Para usted esa resolución del directorio implicaba que había un acuerdo.

VR - ¿Cómo no lo va a implicar si yo tengo todos los antecedentes, todas las idas y venidas de los informes técnicos de cada uno de los servicios, que ayer durante la interpelación fuimos mencionando y en algunos casos leyendo, donde se hablaba de la negociación que se desarrolló durante más de un año y que culminó con esa resolución del directorio? Por otra parte, la resolución del directorio que se promueve en abril hace referencia a dos resoluciones de directorios anteriores que también habían promovido la ampliación, incluso con anticipación. Y si esa ampliación no se había concretado fue porque, entre otros, el TC había considerado que no era oportuno, no porque hubiera observaciones de conveniencia o de legalidad, sino en función de que era muy corto el lapso de tiempo que había transcurrido.

Hay que saber que el directorio de la ANP integrado por personas del Partido Colorado y el Partido Nacional –lo que quedó también muy claro ayer– propuso en los año 1996 y 1997 ampliar la duración de la concesión a veinte años porque consideraba que las inversiones que se habían hecho habían superado en tanto lo que se había calculado inicialmente que esa ampliación era necesaria para corregir la ecuación general y poder equilibrar el retorno de la inversión. Esto está absolutamente documentado.

Usted mencionaba al principio a López Mena y su vinculación; y efectivamente, ésa es la razón, porque hay quienes en general han procurado resolver las cosas del Estado privilegiando a los amigos y discriminando a los que no son amigos. Pero nosotros no actuamos así, actuamos procurando analizar los hechos y tratando de evitar encontrarnos en encerronas que signifiquen demandas que después terminen pagando todos los uruguayos.

EC – Para usted, por lo que acaba de exponer, tal cual había sido el proceso de negociaciones y en función de lo que dispone el propio contrato de la concesión, ya no se podía llamar a licitación, había que ir a la renovación.

VR – No se puede en las condiciones en que están planteadas las cosas. Si no existen observaciones –por algo estamos haciendo la consulta al TC– tenemos los informes de los especialistas, algunos funcionarios del Ministerio de Transporte (MTOP) y otros no, que nos han advertido el riesgo en que incurrimos si por iniciativa propia dejamos de lado todos estos antecedentes y todas estas resoluciones y tomamos una iniciativa en el sentido de lo que nos reclaman. Lo extraño es que ayer nos reclamaban esto de la licitación, cosa que durante diez años nunca nadie planteó. Y además nos reclamaban por una serie de denuncias sobre el empresario, algunas que vienen de 1991...

EC – Denuncias presentadas por legisladores del propio EP.

VR – Sí, claro, de 1991 y 2001. Y siendo algunas de ellas tan graves no sé si quienes las mencionaron no tenían la obligación de presentarlas a la justicia. Pero no se hizo nada, el gobierno que escuchó la denuncia de 1991, concedió el permiso de la terminal de pasajeros en 1994, y los que escucharon las denuncias de 2001 no hicieron nada hasta la fecha. Y yo tengo el expediente desde hace cuatro meses, no le puse una sola firma todavía –sino para mandarlo al TC con el proyecto de resolución que le hice llegar al Parlamento previamente–, y me fijan toda la aclaración de todas esas denuncias de la historia y la inauguración de un trámite que ellos nunca propusieron.

EC – A propósito de esas denuncias, del senador Reinaldo Gargano sobre deudas de Buquebus con la ANP y del senador Eleuterio Fernández Huidobro por presunta defraudación tributaria y evasión, el MTOP, desde que usted asumió, ¿se preocupó por averiguar al respecto?

VR – Desde luego que en el marco de nuestras posibilidades –porque hay alguna información que es reservada–, podemos afirmar que la empresa no tiene ninguna deuda con el ministerio en ninguna de sus reparticiones; que, salvo una situación litigiosa que desde hace tres años impide la operación de la empresa en Piriápolis y que está en vías de superarse por el camino de una negociación favorable para el Estado, el cumplimiento de la empresa es absolutamente regular, cumpliendo incluso con el financiamiento de algunas deudas que se acumularon en el período de la crisis de 2002.

EC – Usted se refiere a deudas... ¿con?

VR – En su momento con la ANP, que se negociaron, se fijó un financiamiento que se está cumpliendo estrictamente, que prácticamente está culminando...

EC - ¿Y las deudas con el Banco República (BROU)?

VR – Respecto de las deudas con el BROU, a cuyos detalles no puedo acceder por la reserva con que se manejan estos temas, hablé con el presidente del BROU que me dijo que la empresa está en una situación absolutamente regular, que está al día, que es una empresa que opera con el BROU, que tiene deudas y está cumpliendo sus obligaciones. Y agregó el comentario de que ojalá todas las empresas que se relacionan con el banco tuvieran el cumplimiento que tiene Buquebus. Me lo dijo el presidente del BROU cuando yo, al no poder acceder a la información oficial sobre el estado de situación de la empresa, por disposiciones que lo impiden, tuve una conversación personal con el presidente del BROU.

EC - ¿Y las otras denuncias de presunta defraudación tributaria y evasión?

VR – Algunas de ellas son de 1991, que hablaban de lavado y demás en Argentina, y otras de 2001. De entonces hasta acá no hubo ninguna acción, ninguna iniciativa, ninguna averiguación.

EC – Para empezar no la hubo de los legisladores del EP que hicieron esas denuncias.

VR – Claro, pero tampoco las hubo de los que tenían la responsabilidad del gobierno y de la relación con la empresa, que hoy nos piden a nosotros que en cuatro meses resolvamos lo que no hicieron en todo este período.

Estoy en condiciones de decir que los servicios técnicos de la ANP examinan a este concesionario como a otros, porque hay otras concesiones en el puerto, algunas que en los últimos años también renegociaron en forma que por cierto podía originar este tipo de inquietud por parte del Parlamento y que sin embargo ayer mencionamos y nadie hizo ni media pregunta. Los servicios técnicos de la ANP analizan los balances de estas empresas y la información de su situación económico-financiera permanentemente, y anunciamos ayer, porque ya lo habíamos dispuesto, que las empresas concesionarias con actividades vinculadas con el MTOP van a ser todas auditadas por una empresa externa, es decir que los balances van a ser complementados con auditorías externas, cosa que ya está en funcionamiento.

EC – El diputado interpelante recordaba recién que la resolución de la ANP de abril de 2005 en su considerando 3º termina diciendo: "Del estudio comparativo de las condiciones en que se otorgó el plazo inicial y las condiciones acordadas para la prórroga del plazo de la concesión, surge como adecuado lograr una mejora de las mismas", de las condiciones. Y se preguntaba: si no hay licitación, ¿por qué no se logró una mejora de las condiciones?

VR – Eso fue motivo de conversación con Loureiro, y le puedo decir que yo le pedí la posibilidad de dejar margen para procurar una mejor negociación. Del mismo modo que el directorio de la ANP para cumplir con el artículo 10 del contrato debió enviar la comunicación de que había acuerdo y por tanto solicitaba la ampliación de la concesión, cuando llegó el nuevo directorio de la ANP también le encargamos que repasara la situación, hubo algunas sugerencias de modificación de distinto tipo, pero la mejora de las condiciones no se logró y las gerencias de la ANP estuvieron de acuerdo en que ésta era una buena solución.

Además no son ciertas afirmaciones que se hacen de que se cambió el objeto de la concesión.

EC – De que hay más negocios.

VR – No es verdad, quedó claramente demostrado. Me habría gustado que la ciudadanía hubiera podido ver ayer la diferencia entre las preguntas y las respuestas, porque hubiera sido esclarecedor para combatir fantasmas. Quien lee el artículo 1 del pliego, que después se refleja en el artículo 1 del contrato, puede verificar que el objeto que perseguía el pliego era de absoluta amplitud en cuanto a que el concesionario de la terminal de pasajeros podía hacerse cargo de prácticamente todos los servicios que tenían que ver con el ingreso y la salida por el Puerto de Montevideo de personas y vehículos, eso es lo que dice el objeto. Lo que sucede es que porque afortunadamente se ha venido desarrollando una modalidad que antes no era habitual, que era excepcional en Montevideo, que es la llegara de cruceros, que hace poco tiempo era un acontecimiento pero el año pasado llegaron 80 y pico y es posible que esta temporada lleguen más aun, se ha generado una demanda. Para prepararnos para esa demanda queríamos ofrecer servicios adicionales que se incorporaran a la terminal, que son parte de las obras que están programadas, sin perjuicio de que hoy en día cada uno de los operadores turísticos tiene sus paquetes de turistas y los atiende directamente en la explanada del puerto de Montevideo.

Nosotros explicábamos que como el puerto tiene espacios limitados muchas veces se interfería su actividad normal de carga, que es un rubro muy importante en la economía del país, por la necesidad de espacios que exige la actividad de los cruceros, pero como no necesariamente todos los operadores tienen deseo de relacionarse con la empresa concesionaria de la terminal de pasajeros hemos dejado un margen para que puedan atender directamente a sus clientes sin necesidad de servirse de la terminal, como lo hicieron hasta ahora. En el futuro Uruguay merece para impulsar el turismo, procurar instalaciones que brinden otro confort. Será un nuevo paso.

EC - ¿Cabe la posibilidad de instalar otra terminal que compita con ésta?

VR – Esa idea de una terminal fuera del Puerto de Montevideo es vieja, cuando se llamó a licitación por esta terminal, en 1993, se estaba negociando la posibilidad de que en Punta Brava la Intendencia de Montevideo, desde luego con la Prefectura, pudiera promover una terminal de pasajeros en una zona muy linda donde hay un muelle, al lado del puerto La Estacada. Eso se estaba analizando, las instalaciones del puerto de Montevideo eran galpones vetustos, inhóspitos, y el movimiento de pasajeros era muy deficiente. Ése fue el motivo de que se llamara a licitación con el compromiso de que para tener el derecho de operar en la terminal se pudiera hacer una terminal como corresponde, y la verdad es que se mejoró sustancialmente.

EC – Pero yo le preguntaba si cabe la posibilidad de otra terminal en el futuro.

VR – Le estoy contestando que ya hubo antecedentes y que si se pudiera concretar una oferta que resultara sensata y de interés para el país, de la misma manera que se extiende el número de puertos deportivos, en la medida que existan posibilidades razonables de que funcione con éxito no nos negamos a considerar la posibilidad de instalar puestos comerciales.

Una sola cosa más. Deseamos que haya alguna otra empresa de ferry que llegue a las costas de Montevideo, a las costas de Uruguay, que traiga más pasajeros, que traiga más turistas y que dé una señal de que el país realmente está creciendo y por tanto los uruguayos tengamos en el turismo una actividad económica que nos dé mayores posibilidades. Pero no es una tarea que podamos resolver sólo nosotros por arte de magia. En los 10 años anteriores tuvimos esta situación de uso exclusivo porque hay un solo operador, pero deseamos que haya más. Si esos operadores aparecen van a poder operar en Colonia, en Montevideo, en Piriápolis y en cualquier punto de la República en igualdad de condiciones con las empresas que actualmente operan.

EC – O sea, podrán operar con sus propias terminales.

VR – En sus propias terminales o en éstas, también en éstas, que eso quede claro. Está expresamente establecido que no hay un uso exclusivo de la terminal en Montevideo, en Colonia ni en Piriápolis.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe