(Emitido a las 8.15)

ALFREDO DANTE:
La semana pasada el Poder Ejecutivo recibió del juez en lo penal de 2º turno, doctor Gustavo Mirabal, un pedido para desarchivar expedientes con los casos de siete desaparecidos. La indagatoria había sido archivada en el año 2002 a solicitud del fiscal en lo penal de 4º turno, doctor Enrique Möller. El desarchivo fue pedido ahora por la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT con el patrocinio del abogado Pablo Chargonia. Con él vamos a dialogar a partir de este momento.

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Doctor Chargonia, ¿exactamente en qué consiste el escrito que presentaron la semana pasada?

PABLO CHARGONIA:
Precisamente, en la solicitud de desarchivo de esa denuncia de privación de libertad de varias personas detenidas en Automotores Orletti en 1976, presuntamente trasladadas a Uruguay a partir de datos que se venían recogiendo desde hace tiempo y que fueron de algún modo confirmados por los informes de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas; y por la desaparición de Simón Riquelo, que apareció en el año 2002. Todas estas denuncias habían ocurrido ya a principios del período democrático, en 1985, y habían sido, como todas, como se sabe, archivadas en aplicación de la Ley de Caducidad. Lo que se hace es solicitarle al juez que las desarchive y envíe al Poder Ejecutivo, ante la perspectiva de un nuevo enfoque que el Poder Ejecutivo pueda desarrollar en esta materia, y una revisión de estos casos para que el Poder Ejecutivo si están comprendidos o no en la Ley de Caducidad.

AD - Ese es el argumento fundamental en la solicitud de desarchivo.

PC – En realidad los archivos en materia penal son sin perjuicio de la ocurrencia de nuevos datos que permitan el desarchivo. Los nuevos datos van desde el informe de la Comisión para la Paz, la ampliación del mismo por parte de los comandantes de las Fuerzas Armadas, la propia aparición de Simón Riquelo confirmando determinados datos sobre esta situación, los documentos desclasificados y sí, ciertamente, los nuevos criterios políticos sostenidos por el Poder Ejecutivo en esta materia. Y si nos referimos al Poder Ejecutivo es porque el juez considera que debe cumplirse con el artículo 3 de la Ley de Caducidad, más allá de nuestro enfoque sobre la validez desde el punto de vista del derecho internacional de la Ley de Caducidad, que es un tema muy discutible. En tanto el doctor Mirabal consideró que debía aplicar el artículo 3 de esa ley, lo remite al Poder Ejecutivo. Cosa que también hizo el doctor Charles ante otra denuncia que presentamos del caso de desaparición del señor Washington Barrios, desaparecido en Argentina en 1975.

AD - ¿Cómo puede pesar la postura del doctor Möller, que sigue siendo el fiscal actuante?

PC – En un caso; en este otro caso que señalé recién el fiscal no es él. Se verá en su momento, habrá que analizarlo. Existe hoy, como se sabe, un debate entre el juez y el fiscal y ese debate está radicado –el caso de María Claudia García de Gelman– en el Tribunal de Apelaciones, de modo tal que existe esa otra instancia en ese otro momento. Lo que hoy tenemos que saber es una cuestión previa: cuál es la decisión del Poder Ejecutivo con relación a estos casos. Si tomamos la palabra del presidente Tabaré Vázquez con relación a las situaciones de detención y desaparición como delito permanente y excluido de la Ley de Caducidad, tal como trascendió en la prensa, lo que es dable esperar es una decisión en ese sentido.

AD – Pero también es dable esperar que el doctor Möller continúe con su percepción y establezca que ya había un pronunciamiento del Ejecutivo, como lo hizo en el caso María Claudia García de Gelman.

PC – Por eso digo, eso se definirá en el Tribunal de Apelaciones. Hay una tesis que maneja el propio doctor Mirabal en el sentido de que la decisión del Poder Ejecutivo constituye un acto de gobierno y que siendo tal el Estado puede, por razones de oportunidad o de conveniencia, considerar dignas de revisión decisiones anteriores. Este tipo de argumentaciones, sean éstas u otras, tendrán que ser definidas en su momento por el órgano judicial competente, que en esa eventualidad sería el Tribunal de Apelaciones, sin perjuicio de que no es el único caso en el que puede actuar el fiscal Möller, porque hay otro caso en el que el fiscal no será él. De hecho la denuncia por la desaparición de Washington Barrios, que es remitida por el juez Charles, no está en la órbita del fiscal Möller sino en la de la doctora Mirtha Guianze.

AD – El Poder Ejecutivo tiene 30 días para expedirse.

PC – 30 días a partir de la recepción del oficio; incluso podría no expedirse, el silencio se entiende como habilitación para que la justicia continúe el presumario.

AD – Ustedes tienen la convicción de que en esta oportunidad el Ejecutivo dará luz verde para que se investigue.

PC – Personalmente tengo la convicción de que sea como sea que se defina la situación, va a ser una decisión muy importante, sin duda, en un sentido o en otro. De hecho, la Ley de Caducidad en su ingeniería, en su estructura, le atribuye al Poder Ejecutivo una enorme trascendencia; insisto, más allá de que desde el punto de vista del derecho internacional la ley es objeto de observaciones incluso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero como sea, en tanto el Poder Judicial entendió que corresponde al Poder Ejecutivo decidirlo en el marco de la Ley de Caducidad, esa decisión adquiere una relevancia extraordinaria, y de alguna manera ubica al tema, más que en el plano jurídico en el político.

AD – Justamente, más allá de que esto se define por cuestiones jurídicas, ¿cómo puede incidir el marco político que se está dando por estas horas en una dirección o en otra? Porque sabido es que por el momento no se han encontrado restos y de alguna manera, por mensajes indirectos, la Presidencia de la República, el gobierno, ha trasmitido que estaría dando vía libre a supuestas extradiciones o lo que usted mencionaba recién, el análisis de casos cuando estamos ante delitos permanentes. ¿Ustedes entienden que las circunstancias políticas que por estas horas están permeando la situación de búsqueda de los restos puede incidir favorablemente en este proceso judicial?

PC – La persona detenida desaparecida está en esa situación de desaparición hasta que se encuentre su cuerpo, cosa que no ha ocurrido. Esa es una definición general, no sometida a ningún plazo de tipo administrativo. La idea es esa: se es víctima del delito permanente de desaparición forzada hasta la ubicación del cuerpo, cosa que, reitero, no ha ocurrido. Pero no se puede dejar de analizar, además, ese contexto político, cuando el comandante en jefe del Ejército, Bertolotti, acompaña a Macarena Gelman y dice "esta es la tumba de María Claudia García", el episodio pasa de ser emocionante, muy sensible, a ser hoy una atroz y macabra burla, porque o el comandante en jefe del Ejército es torpe y le han mentido o es cómplice, y en cualquiera de los dos casos estamos en una situación sumamente grave que involucra al gobierno, que frente a la sola sospecha de haber sido engañado por los represores, por los violadores de Derechos Humanos, está claro que tiene que adoptar una decisión clara, contundente. Y en este caso la decisión clara y contundente ha de ser ubicarse en la avanzada de la protección de los Derechos Humanos y habilitar la instancia judicial, no puede ser ninguna otra.

La circunstancia de cementerios clandestinos en unidades militares que no aparecen o de tumbas sin cuerpos es una expresión más de ese carácter permanente del delito que tortura psicológicamente a los familiares. Esto no es academia, es una realidad que viven los familiares con dolor, y es una tortura psicológica permanente que depende de la voluntad de los secuestradores, de los represores, que con su silencio siguen sin permitirles a los familiares y a la sociedad en su conjunto saber dónde están los desaparecidos.

AD - Usted decía "macabra burla"; ¿ustedes tienen la convicción de que al comandante le mintieron o que desde el Ejército se trasmitió información errónea a la Presidencia de la República en la búsqueda de restos?

PC – Es objetivo. A estar a la situación del día de hoy, hay que partir de la base de que el gobierno había anunciado la aparición del cuerpo de María Claudia en las primeras semanas de agosto. Eso objetivamente no ha ocurrido. O es lo uno o es lo otro que le decía recién, o le mintieron o participa en la propia mentira; sea como fuere, la situación es igualmente grave.

AD – Para ustedes el gobierno ya debería haber adoptado medidas administrativas con los militares.

PC – En primer lugar debería haber iniciado una investigación exhaustiva, tal como corresponde, que no es la búsqueda de restos meramente, sino la determinación de todos los aspectos de un hecho irregular determinado. Una investigación en sede administrativa es un procedimiento tendiente a comprobar la ilicitud del hecho, en este caso el destino de los desaparecidos, con la identificación de los responsables. Todo eso está pendiente, porque no es lo mismo esto que acabo de definir que la mera búsqueda de restos, con ser importante no es lo mismo. ¿Por qué hacemos hincapié en eso y en la identificación de los responsables? Primero porque hay deberes jurídicos que no se cumplen, las investigaciones administrativas se hacen de otra manera; segundo, porque hay recomendaciones de organismos internacionales que tampoco se cumplen; y tercero, porque el problema no es el resultado, a nadie se le escapa que ubicar a personas desaparecidas ha de ser siempre una tarea muy difícil, el tema es de medios, cuáles han sido los caminos elegidos para llegar a ese fin. Y los medios no parecen los adecuados, por eso la necesidad de que se abran otros, que sin duda están en la órbita del Poder Judicial, es el actor que deberá intervenir, con todas las dificultades que tendrá también para llegar al resultado pero con otras garantías y otros mecanismos para acceder a la verdad.

AD – Por lo que se ve hay desánimo en las organizaciones de Derechos Humanos a propósito de este proceso iniciado por el gobierno.

PC – Desánimo no, no creo; críticas sí, un enfoque crítico sí. La marcha del viernes pasado no me pareció un ejemplo del desánimo sino de lo contrario, del ánimo redoblado y de la vigilancia y la necesidad de superar estos estadios de desinformación que constituyen un propósito criminal.

AD – Me refería a las expectativas que podían tener las organizaciones de derechos humanos en cuanto a los procesos y la rapidez con que un gobierno de izquierda podía resolver este tema.

PC – Puede ser, sí, está bien; dependiendo de las expectativas como observación previa de cada uno.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe